El Supremo toma medidas de urgencia ante el colapso por la parálisis del CGPJ y los recursos del Covid

El Supremo ha dicho basta. La Sala de Gobierno del Alto Tribunal ha aprobado de urgencia la propuesta presentada por el presidente de la Sala Tercera, César Tolosa, para reequiulibrar sus secciones ante la imposibilidad de cubrir el cada vez mayor número de vacantes por la parálisis impuesta desde el Gobierno de Pedro Sánchez al Consejo General del Poder Judicial que le impide hacer nombramientos discrecionales, mientras continúe en funciones prorrogadas. 

La situación límite en la que se encuentra la Sala de lo Contencioso-Administrativo, que a partir del próximo mes de abril, con la doble jubilación de los magistrados Rafael Fernández Valverde y Segundo Menéndez, contará con sólo 25 magistrados -incluido su presidente- se convertirá en crítica dado que el mínimo legal exigido para constituir sus cinco secciones, es de cinco magistrados para cada una.

Por ello, Tolosa ha pedido refuerzos de manera que las dos secciones, la Segunda y la Quinta, que tras la salida de ambos magistrados quedarán dotadas de tan sólo cuatro integrantes recibirán a un magistrado cada una, procedentes de las otras dos que disponen de seis miembros actualmente: la Tercera y la Cuarta.

Además, y con el objetivo de suavizar la extraordinaria carga de trabajo que ha comenzado a detectarse en la Sala, su presidente ha acordado proponer a la titular de Justicia, Pilar LLop, una reforma legislativa del actual mecanismo del recurso de casación contencioso-administrativo para agilizar las soluciones a esa litigiosidad masiva, así como decretar medidas específicas y temporales para afrontar la saturación temporal que provocarán en el seno del Alto Tribunal la avalancha de recursos post-Covid. 

Esto es, aquellas reclamaciones en las que se busca exigir una responsabilidad patrimonial al Estado, derivada de las medidas adoptadas por el Ejecutivo para hacer frente a la pandemia, como las acordadas durante los dos estado de alarma declarados inconstitucionales. El Supremo prevé que las decenas registradas en los últimos días se conviertan en miles a lo largo del primer trimestre del año. 

A la espera de jurisprudencia única

La anunciada reforma de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa prevé que que los juzgados o tribunales ordinarios puedan suspender provisionalmente aquellas causas similares a las de los recursos pendientes de casación ante el Supremo, en materia COVID-19, y hasta que el Alto Tribunal dicte jurisprudencia única. De esta forma, se evitarían decisiones distintas de la línea establecida por el Supremo para dicha materia. Un escenario de mayor seguridad jurídica para los reclamantes y que reduciría, enormemente, el número de pleitos que llegarían hasta la última instancia. 

Así, cuando un órgano judicial detecte la existencia de un gran número de recursos sobre una misma cuestión jurídica, podrá acordar la admisión de uno o varios de ellos, suspendiendo la de los demás hasta que se dicte sentencia en los primeros. Un mecanismo similar al de la tramitación de los denominados «procedimientos testigos», que permitirá dar una respuesta más rápida ante la entrada de un gran número de recursos sobre una misma cuestión. 

Avalancha de recursos Covid

La Sala de Gobierno se ha anticipado a la futura y eventual entrada de miles de recursos contencioso-administrativos contra la desestimación, expresa o tácita, del Consejo de Ministros de las indemnizaciones solicitadas, en concepto de responsabilidad patrimonial, por aquellos ciudadanos y profesionales que han sufrido daños como consecuencia de la aplicación de los paquetes de medidas previstas en las normas aprobadas por el Ejecutivo central para hacer frente a la pandemia del coronavirus.

No en vano se ha añadido a las peticiones del Supremo, un plan específico para la Sección Cuarta ya que, al margen de las reclamaciones patrimoniales por las medidas COVID, ésta acumula 348 asuntos repetitivos en tres clases de recursos: reclamación de retribuciones por parte de funcionarios docentes de la comunidad de Madrid (211), reconocimiento de la condición de personal estatutario no fijo (72) y reconocimiento de la carrera horizontal de interinos en el servicio de salud de Castilla-La Mancha (65).