El Supremo ve «poco recorrido» a la recusación del magistrado Llarena que pide Puigdemont

El 10 de julio de 2018, tras ocho meses de instrucción, el magistrado Pablo Llarena dictaba el auto de conclusión del sumario del procés y remitía a juicio oral las conclusiones de sus pesquisas contra un total de veinticinco procesados, nueve de los cuales se encontraban en situación de prisión provisional. Sin embargo, siete de los encausados, con el expresidente catalán Carles Puigdemont al frente, nunca estuvieron a disposición del tribunal. Huyeron con destino a Alemania, Suiza, Bélgica y Reino Unido. 

Llarena emitió una Euroorden de detención y entrega y los declaró en rebeldía. Cuatro años después, la misma Sala de lo Penal que sentenció a los políticos catalanes que sí asumieron su responsabilidad ante la Justicia: decidir sobre la solicitud de Puigdemont de recusar a uno de sus magistrados, el mismo que desde entonces se ha convertido en su azote. El Alto Tribunal se prepara para pronunciarse en un plazo máximo de dos semanas, según han confirmado a El Debate fuentes próximas a una causa a la que ven «poco recorrido». 

El propio juez Llarena informaba a comienzos de este mismo año, en contra de su recusación en el procés tras ser condecorado por la Fundación Villacisneros, en noviembre de 2021. Carles Puigdemont, Antoni Comín, Clara Ponsatí y Lluis Puig enmarcaron a dicha entidad en posiciones políticas contrarias a las suyas y, por lo tanto, a su juicio, el hecho de que el instructor aceptase el galardón como una muestra de su falta de imparcialidad en la causa que le ocupa contra ellos. 

No en vano, la propia Guardia Urbana de Barcelona le premió, en 2011, con la medalla al mérito siendo entonces alcalde de la ciudad Xavier Trías y primer teniente de alcalde con funciones en el área de Seguridad, el exconsejero de Interior del Govern Joaquim Forn, del mismo partido político que Puigdemont, y condenado en el juicio al procés a 10 años y seis meses de prisión –y el mismo tiempo de inhabilitación absoluta– por un delito de sedición.

Una de tantas otras distinciones que «no se aprecia en qué modo pueden comprometer» la actuación jurisdiccional que corresponde a un observador imparcial, ni en qué medida «compromete» a un magistrado del Supremo español el hecho de recibir un premio por su «defensa de la Constitución», apuntan fuentes próximas al Alto Tribunal. 

Rechazo 'ad limine' o al Pleno 

Así las cosas, el juez encargado de tomar la primera decisión sobre la recusación de su compañero de Sala, el magistrado Julián Sánchez Melgar, tiene dos opciones una vez alcance su conclusión definitiva, tras el análisis pormenorizado de todos los escritos presentados. La primera, el rechazo ad limine de la causa, es decir que se descarte analizar la petición formulada por Puigdemont y los exconsellers fugados, por injustificada.