La Comunidad de Madrid alertó en más de 80 ocasiones sobre los abusos a tres de las menores prostituidas

El pasado mes de enero la Policía detuvo a una treintena de integrantes de una banda latina que usaba menores para explotarlas sexualmente después de hacerlas adictas a la droga. Pasó en Madrid. El Gobierno regional aseguró entonces que las jóvenes no estaban tuteladas. Más tarde aclararon que, aunque se encontraban en un centro para menores, las niñas sufrieron los abusos fuera del centro, durante las salidas permitidas de las que disponen. No obstante, la Comunidad de Madrid afirma que alertó en más de 80 ocasiones a las autoridades policiales y judiciales sobre la situación de las menores, que ahora son testigos protegidos en la trama.

Tal y como afirman desde el Gobierno madrileño, durante el último año y medio se han presentado múltiples escritos sobre el seguimiento de las menores a juzgados y Fiscalía, así como denuncias al Grupo de Menores de la Policía (GRUME) ante las ausencias voluntarias del centro por parte de las menores.

Además, la Comunidad intentó que se reforzase la protección de una de las jóvenes debido a la especial situación por la que atravesaba. Cabe recordar que las menores salían de las instalaciones al encontrarse en un centro de protección especializado en el tratamiento de trastornos y problemas de conducta. Se trata de un centro abierto y sus usuarios disponen de la libertad de abandonarlo durante horas como parte de su proceso educativo.

Tal y como apuntan desde Sol, la colaboración entre los servicios sociales municipales, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la Entidad Pública de Protección de menores (en el caso de la Comunidad de Madrid, la Dirección General de Infancia, Familia y Fomento de la Natalidad) y la Fiscalía «son fundamentales para identificar y derivar a los menores que están desamparados, protegerlos en entornos seguros como son los centros de protección y hacer un seguimiento de su evolución que permita detectar cualquier situación que les esté afectando».

De este modo, la Comunidad recuerda que son «responsables de protegerlos en el interior de los recursos y denunciar cualquier situación anómala, y las autoridades policiales y judiciales son las encargadas de actuar para que también estén protegidos fuera de los centros».

Las salidas de las menores

El ingreso al centro en el que se encontraban estas tres menores únicamente puede hacerse con una autorización judicial que permite a su director establecer ciertas restricciones a los movimientos y salidas de los menores. Precisamente, estas limitaciones en las salidas se aplicaron a una de las tres menores protegidas. La niña llegó a este centro especializado en septiembre de 2021, tras pasar por otros centros de protección de los que se ausentaba frecuentemente.

Esta menor se «adaptó bien al nuevo centro, colaboraba y tenía una evolución positiva, pero sus educadores temían que en alguna de las salidas enmarcadas en su proceso educativo volviera a ponerse en peligro», afirman desde la Comunidad de Madrid. Debido a esta situación de riesgo y en coordinación con la Policía, la dirección del centro solicitó a la Fiscalía de Menores «ampliar la privación de salidas de ocio o de tiempo libre» que la menor «podría empezar a disfrutar tras haber superado la primera fase de adaptación a la Residencia». La petición se acompañó de un extenso informe que argumentaba la necesidad de esta medida, elaborado por los psicólogos y psiquiatras que trabajan con ella en el centro.

La Fiscalía del Menor aseguró no tener competencia para ello por lo que no se llevó a cabo. Ante esta respuesta, el centro dirigió la misma petición motivada al Juzgado nº 1 de Torrejón de Ardoz, el que autorizó el ingreso de la menor en el centro. Nunca se obtuvo respuesta.

Algo parecido sucedió, según el Gobierno de Madrid, con otra de las menores. La Comunidad alertó de que después de sus salidas voluntarias, no regresaba a la hora prevista. Tras uno de estos periodos fuera, la chica contó a sus educadores que el día anterior había sufrido una agresión sexual. «Inmediatamente, una de las trabajadoras del centro se personó en el cuartel de la Guardia Civil más cercano para presentar una denuncia por estos hechos en representación de la menor», aseguran.

A finales de octubre de ese mismo año, volvió a ausentarse voluntariamente tras una cita médica. Regresó unos días después pero no fue hasta febrero de 2021 cuando narró a sus educadores que en esa «fuga» de octubre del año anterior había sufrido una agresión sexual en una localidad de la provincia de Toledo en la que fue retenida. El 18 de ese mes una educadora volvió al cuartel de la Guardia Civil e interpuso una nueva denuncia por estos hechos.

Fue a finales de agosto de 2021, cuando no regresó de su periodo vacacional. De nuevo el centro comunicó su ausencia. El centro recibió una llamada de su madre en la que se quejaba de que la menor había sufrido una violación. Los profesionales le pidieron que fuera con su hija a la Policía, donde una educadora recogió a la menor y la llevó al centro.

Una semana después, agentes de la Unidad de Familia y Atención a la Mujer (UFAM) de la Policía Nacional acudieron a las instalaciones y la menor ratificó la denuncia, siempre acompañada por una educadora. Después se produjeron más declaraciones, se aceleró la investigación, y gracias a este testimonio se empezaron a atar cabos y a establecer conexiones con otras investigaciones en curso, que se desencadenó en la operación policial comunicada públicamente el 3 de enero de 2022.

5.400 denuncias

La Comunidad de Madrid cuenta con casi 1.500 menores residentes en centros de protección. De hecho, en 2021 las denuncias y comunicaciones realizadas por estos centros, tal y como aseguran desde el Gobierno regional, superaron las 5.400.

La inmensa mayoría de ellas (casi 5.000) son denuncias de ausencias voluntarias de menores al GRUME de la Policía Nacional para su localización y devolución. También hay un centenar de denuncias por hechos delictivos contra menores, más de 250 informes de seguimiento a los juzgados y por encima de 100 comunicaciones a la Fiscalía de Menores. Además, desde 2016 la Comunidad de Madrid se ha personado en 50 procedimientos penales relacionados con menores tutelados con el objetivo de defender sus intereses.