Delgado consolida el monopolio de la Fiscalía con afines de su asociación

A una semana vista de que el Supremo se pronuncie sobre su política de nombramientos, Dolores Delgado consolida el monopolio de sus afines, procedentes de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) en la cúpula del Consejo Fiscal. La inspectora jefe, María Antonia Sanz Gaite, y la teniente fiscal del Alto Tribunal, Angeles Sánchez Conde, ambas miembros natos del órgano colegiado, son dos mujeres de la absoluta confianza de la socialista. Fuentes próximas al Ministerio Público apuntan, además, a que la segunda de Delgado, recién llegada a su cargo tras el repentino fallecimiento de Juan Ignacio Campos, el pasado mes de diciembre, ha sido elegida por su perfil concreto, el más adecuado para frenar las cada vez más habituales críticas contra ella desde el seno de la Carrera Fiscal.

Sánchez Conde, tomaba posesión de su cargo el pasado lunes, en una ceremonia solemne en el Supremo, promovida a la jefatura de la Fiscalía ante el Alto Tribunal, procedente del Constitucional, puesto al que accedió, en 2009, de manos del magistrado progresista Cándido Conde-Pumpido quien, a partir de la próxima renovación del Tribunal de Garantías en el mes de junio, se postula como el presidente del órgano judicial. Delgado destacó de la familiarmente conocida en el seno del Ministerio Público como «Geles», su «capacidad organizativa y de gestión», así como su conocimiento de la doctrina constitucional en materia de protección de los derechos fundamentales.

Sobre la mesa de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal, las demandas presentadas contra la designación de Eduardo Esteban como fiscal de sala delegado de Menores, tanto por la Asociación de Fiscales (AF), mayoritaria en la carrera, como por uno de los candidatos a la plaza descartado en la elección, el fiscal José Miguel de la Rosa. Dos pleitos que el Supremo podría resolver de manera conjunta, el próximo día 15 de febrero, según han confirmado a El Debate fuentes próximas a la causa.

No en vano, ambos recursos coinciden en varios de los argumentos que motivaron el inicio de la acción civil: el principal, el hecho de que los aspirantes a las plazas no contaban, presuntamente, con los requisitos de idoneidad para el cargo que serían exigibles en estos puestos clave. Además, la costumbre que impone que los nombramientos de la fiscal general atiendan a un equilibrio en las designaciones que, desde la llegada de Dolores Delgado al Ministerio Público, no se estarían produciendo.

Otros huecos muy relevantes, entre los que se encuentran los del fiscal jefe de la Audiencia Nacional y el de Antidroga, están pendientes de producirse en próximas fechas.

Tal es la dudosa política de nombramientos de la fiscal general del Estado favoreciendo a los fiscales de la que fuera su asociación, la minoritaria UPF que, recientemente, El Debate publicó la designación de la mujer de un fiscal cercano a Delgado -el teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía, Diego Villafañe- a quien la fiscal general se trajo desde Barcelona para incorporarse como número dos de su división técnica.

Así, la barcelonesa Olalla Vázquez Moraga, fue la elegida para cubrir una vacante en el seno de la Inspección pese a que, según apuntan a El Debate fuentes próximas al Departamento que dirige Delgado, «lo habían pedido compañeros con 1.000 puestos por encima en el escalafón, en una carrera de 2.500 números». No sólo eso, la controvertida justificación oficial dada por el Ministerio Público tras la elección es que su designación suponía «enriquecer la Inspección Fiscal con fiscales especializados y provenientes de territorios con lengua cooficial». Esto es, en este caso concreto: catalán.