Las pruebas de cómo Hacienda y Plus Ultra se conjuraron para ocultar el expediente del rescate

Si nada se tuerce, el próximo jueves, 10 de febrero, a las 11 de la mañana, un avión de Plus Ultra despegará del aeropuerto de Barajas en Madrid rumbo a Caracas. Y desde la capital venezolana, ya por la tarde, saldrá otro de vuelta que, como el anterior, tendrá una frecuencia semanal.

Ese será el centro de actividad de una aerolínea rescatada por el Gobierno de Pedro Sánchez, con un préstamo público de 53 millones de euros que, ya de cara al verano, pretende abrir rutas a Santo Domingo, Cartagena de Indias o Bogotá. Pero que tiene en Venezuela, donde ya ha volado en los últimos meses con permiso directo de Nicolás Maduro extendido a otras dos flotas españolas, el corazón de su actividad.

La empresa, técnicamente española, pero con capital y accionistas a ambos lados del Atlántico e instalada en endémicas turbulencias, hace en su web corporativa una declaración de principios llamativa: «Queremos que Plus Ultra sea reconocida por su gestión transparente y eficiente».

La realidad, sin embargo, es bien distinta. Y tal y como hoy revela El Debate, tras seis meses de investigación y con los documentos que lo certifican, la aerolínea tildada de chavista ha hecho hasta ahora lo imposible por ocultar la totalidad del expediente por el que sobrevivió, con dinero público, a una gestión económica ruinosa desde antes de la pandemia, mientras hasta 30.000 empresas echaban el cierre acuciadas por la crisis.

Y que lo hizo, además, con la protección del Gobierno por al menos tres frentes distintos: los Ministerios de Hacienda y de Transportes, y la SEPI, el organismo responsable de repartir ingentes millonadas a través de un «Fondo Covid» que legalmente solo podía atender a empresas en crisis por la pandemia pero al que Plus Ultra accedió, pese a estar en pérdidas en los cinco últimos ejercicios contables depositados (2016-2020) en el registro mercantil.

El silencio de Plus Ultra

En todo lo que rodea a Plus Ultra y su vitola venezolana hay muchas sombras, al aparecer en una misteriosa secuencia de episodios sin aparente conexión que, sin embargo, orean el mismo perfume venezolano.

Desde las conexiones de Zapatero con Maduro, como si fuera su embajador oficioso; hasta el pasado caraqueño de los fundadores de Podemos aún vivo con el 'Caso Neurona' o la turbia entrevista de José Luis Ábalos con Delcy Rodríguez; no hay escena en los últimos años donde las relaciones de España con Venezuela no levanten una inmensa polvareda.

Y es ahí donde el capítulo de Plus Ultra aparece como el más armado para preguntarse por ese cúmulo de extrañas complicidades: ¿por qué recibió una millonada, siendo una firma irrelevante, con muchos problemas previos y sin un carácter estratégico real? Y sobre todo, ¿por qué a continuación se ha intentado tapar todo, pese al ruido generado, incluso con un relevo mediante tan confuso como el del ministro Ábalos?

Esto último, el silencio, ha sido norma constante desde que el rescate aterrizara en el debate político nada más aprobarse el 9 de marzo de 2021. Pero el pasado 17 de noviembre, a instancias de la investigación emprendida por El Debate que ahora da sus frutos, una «bomba» cayó sobre esa estrategia a medias del Gobierno y la aerolínea con una resolución del Consejo de Transparencia que puede cambiarlo todo y ordena lo siguiente de manera literal:

«Instar a la Sepi/Ministerio de Hacienda y Función Pública a que, en el plazo máximo de 5 días hábiles, remita la solicitud de acceso recibida a la aerolínea Plus Ultra, concediéndole un plazo de quince días para que pueda realizar las alegaciones que estime oportunas, con suspensión de actuaciones, informando de ello a la reclamante. Finalizado este plazo sin alegaciones o recibidas estas, el Ministerio deberá dictar nueva resolución resolviendo la solicitud recibida de conformidad con la LTAIBG».

Es decir, tras meses de resistencia, incluso en la vía penal, una entidad legal exigía a la SEPI, subordinada a Hacienda, que diera traslado a Plus Ultra de la solicitud de información relativa al expediente de rescate, en realidad elaborado unilateralmente por el Gobierno; y formulara sus alegaciones al ser parte interesada en el mismo, a pesar de que Hacienda ya le había defendido de todo ello con el fin de no dar a conocer de manera pública el polémico rescate: el tiempo se le acababa y la posibilidad de seguir ocultando las claves de la ayuda millonaria, se extinguían.

Y sin embargo, lo ha hecho: Plus Ultra se suma a la estrategia diseñada desde el Gobierno y se ha negado a dar difusión al expediente de rescate y ni siquiera lo ha hecho de sus alegaciones.

Para saber la razón de su oscurantismo hay que acudir, sorprendentemente, a la SEPI, que en otro documento oficial en posesión de El Debate actúa como una especie de «abogado defensor» de la aerolínea hispano-venezolana para negarse a explicar por qué el Estado le dio 53 millones de euros y por qué el beneficiario se niega a dar explicaciones a la opinión pública.

El Gobierno apeló a un Real Decreto que solo permite rescates de empresas que entraran en problemas por la covid, pero Plus Ultra los acumulaba ya durante cinco ejercicios

En concreto, la SEPI moviliza al secretario de su consejo y director de asuntos jurídicos, Javier Morales Abad, para en un largo informe de 16 páginas de fecha 11 de enero y en propiedad de El Debate respaldar a la aerolínea y, en la práctica, seguir escondiendo todo lo que ambas hicieron para acceder a 9.000 millones de las viejas pesetas, con argumentos cuando menos peregrinos como este:

«Parece claro que el daño directo a la aerolínea Plus Ultra está probado, dado que la puesta a disposición de la solicitante de la documentación objeto de la solicitud de acceso, implica facilitar información comercial sensible relativa a sus estrategias comerciales y sobre sus relaciones comerciales, para su posterior divulgación en un medio de comunicación accesible al público, que sin riesgo de duda perjudicaría gravemente la capacidad competitiva y su posición negociadora en el mercado».

O este otro, aún más llamativo: «Asimismo, la revelación de la información puede ir en detrimento de la competitividad de la empresa frente a sus competidores, debilitando su posición en el mercado o causando un daño económico al hacer accesible a los competidores conocimientos exclusivos de carácter técnico o comercial».

53 millones para rescatar Plus Ultra

Ninguna de ambas «razones» tienen la más mínima entidad, como demuestra que toda la información comercial que dicen proteger se cuenta, en realidad, en la propia web de la compañía o en la reciente feria turística de Fitur: en ambas explican sin problemas sus tarifas, sus planes de futuro o hasta el tipo de aviones de que disponen. Y toda la jurisprudencia existente desmonta esa excusa, destinada probablemente a ganar tiempo.

Lo que se tapa, en realidad, es algo bien distinto: el juego de complicidades que permitió transferir una millonada a una compañía ya en pérdidas, pese a que el fondo creado en la SEPI imponía, como gran requisito, que los problemas financieros comenzaran con la pandemia.

El Fondo se creó, según establece el RDL 25/2020 de 3 de julio en su artículo 2.2, para apoyar a empresas «que atraviesen severas dificultades de carácter temporal a consecuencia de la pandemia de la covid y que sean consideradas estratégicas para el tejido productivo nacional o regional (…)».

Pero según datos oficiales obrantes en el Registro Mercantil a los que ha accedido El Debate y relativos a los cinco últimos ejercicios contables depositados, Plus Ultra acumula importantes pérdidas operativas para cada ejercicio en el período comprendido entre 2016 y 2020, ambos inclusive.

A Plus Ultra la rescata el Gobierno pese a incumplir los requisitos del fondo utilizado para liberar el dinero y, a continuación, inician entre todos ellos una tupida tela de araña para evitar dar a conocer los pasos dados

Así, por ejemplo, en 2018 el resultado del ejercicio es de pérdidas por importe de 6.725.682 euros; en 2019, de 2.113.286 y en 2020 por un total de 2.781.883 euros.

En ese año de pandemia, el incremento de las pérdidas estructurales no supone más que la tendencia ya existente de una empresa a la deriva y que maquilla su RAI (Resultado antes de impuestos) por la liquidación del IS (Impuesto de Sociedades), que reporta un beneficio contable sobre la cuenta de explotación, al compensar en parte tal liquidación las pérdidas acumuladas.

Así, en 2018 el Resultado Antes de Impuestos es de -9.028.890, que se reduce por la liquidación del IS hasta la cifra de -6.725.682 mencionados, en pérdidas en ambos casos. No cumple, por ello, el requisito señalado por el Real Decreto, al evidenciarse que las pérdidas acumuladas son previas al coronavirus.

Abundando en este dato, se puede constatar igualmente cómo el importe neto de la cifra de negocios se ve incrementado de manera muy significativa precisamente en el año 2020. Es decir, que la crisis pandémica no ha afectado a sus ingresos, puesto que los mismos han aumentado de manera importante, al pasar de los 63.543.689 euros correspondientes a 2019, a los 94.024.701 euros de 2020.

Y también lo hacen de manera notable los llamados «otros ingresos de explotación», pasando a 6.935.442 euros en 2020, cuando en el 19 fueron de 1.146.332 euros.

La ayuda aprobada por el Consejo de Ministros, y escondida a continuación desde al menos dos Ministerios y la SEPI durante meses, asciende a 53.000.000 euros; de los que 34 millones corresponden a un préstamo participativo y 19 a otro préstamo ordinario.

Es decir, representa más del 50 por ciento de la cifra de negocio de 2020, o el 83 por ciento respecto al de 2019; y todo ello sin atender al estado real del balance la compañía, que ofrece unos datos aún más pobres, que pone en seria duda la solvencia para garantizar el retorno de los fondos públicos recibidos.

En otras palabras, a Plus Ultra la rescata el Gobierno pese a incumplir los requisitos del fondo utilizado para liberar el dinero y, a continuación, inician entre todos ellos una tupida tela de araña para evitar dar a conocer los pasos dados para llegar a esa transferencia que ahora, de nuevo, les devuelve al punto de origen: el puente aéreo entre Madrid y Caracas que transporta, en el imaginario colectivo, mucho más que simples viajeros.

La SEPI no contesta

El Debate se ha puesto en comunicación tanto con la SEPI como con Plus Ultra y les ha trasladado a ambos sendos cuestionarios para que puedan dar sus explicaciones y aclarar, en el caso de la presidenta de la sociedad estatal, Belén Gualda, si ha recibido instrucciones de proteger a Plus Ultra de su superior directa, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Aunque la firma del rescate incluye la del propio presidente, Pedro Sánchez, y la del conjunto del Ejecutivo, fue el Consejo de Ministros, de manera coral, quien creó ese polémico Fondo de Rescate. Al cierre de estas líneas, ni Gualda ni nadie de la SEPI ha querido contestar a este periódico, si bien han recibido la petición de información replicando, exclusivamente, que se le remita a otro departamento.

Sí lo ha hecho Plus Ultra, a través de un portavoz oficial de su departamento externo de Comunicación, Ignacio Torres, para reafirmarse en su negativa a dar a conocer el expediente de rescate de la compañía y sus relaciones con la SEPI: «Nuestra posición es la de respetar la propia normativa de regulación del Fondo que establece el carácter confidencial de la información y el hecho de que el asunto se encuentra sometido al conocimiento de un Juzgado de Instrucción, que expresamente emitió una resolución en la que se conminaba a las partes a no dar publicidad a la información que se manejaba en el expediente».

Lo cierto es que la judicialización del rescate es una vía paralela a la administrativa, en la que la simple voluntad es suficiente para dar a conocer cómo y por qué se accedió al millonario préstamo, tal y como subrayan resoluciones del Consejo de Transparencia que instan al conocimiento de los detalles de la controvertida operación.

La compañía se presenta a sí misma con estas palabras en su información institucional: «Plus Ultra, ha sido y es hasta nuestros tiempos, el lema de la nación española. Un impulso al desafío en búsqueda de nuevas oportunidades y posibilidad al otro lado del Atlántico».

Una declaración llamativa para una firma que no se entiende sin el capital de empresarios venezolanos ni sin la complicidad del régimen de Nicolás Maduro, que hace solo una semana acusó a Felipe VI, tras una visita a Puerto Rico, de «avalar el genocidio, los crímenes, las violaciones y los asesinatos de millones de hombres y mujeres» que, según el sátrapa, supuso el Descubrimiento de América.