El Supremo ordena la demolición total de la 'Marbella extremeña': el complejo propiedad de Aznar Jr. y Carlos Baute

La urbanización de lujo Marina Isla Valdecañas, la isla de la jet set madrileña a una hora de la capital, será íntegramente demolida tras la decisión de la Sala Tercera del Supremo que se ha conocido este mismo martes. El Alto Tribunal ha estimado íntegramente el recurso de casación interpuesto por la entidad Ecologistas en Acción-CODA contra el auto que dictó el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura –en ejecución de las sentencias que declararon nulo el Decreto 55/2007 de la Junta extremeña– por el que se aprobaba definitivamente el Proyecto de Interés Regional promovido por Marina Isla de Valdecañas S.A. El Tribunal Constitucional, por su parte, ya había tumbado con anterioridad la reforma del suelo que aprobó la Junta de Extremadura para respaldar este complejo conocido como la 'Marbella extremeña'.

Aunque, inicialmente, la Justicia decretó la conservación del hotel, las viviendas, el campo de golf y las instalaciones complementarias que actualmente estaban ya construidas y en funcionamiento, el Supremo ha anulado esta posibilidad y ordena su derribo total. Una decisión que perjudicará a algunos de los nombres más conocidos de la socialité de la capital, ya que entre sus inversores capitalistas se encuentran nombres como el del primo del Rey actual, Beltrán Gómez-Acebo, el cantante Carlos Baute o el hijo mayor del expresidente del Gobierno José María Aznar.

Las denuncias por las presuntas irregularidades cometidas bajo el Gobierno regional de Juan Carlos Rodríguez Ibarra, en esta zona próxima al embalse del Valdecañas, interpuestas por dos asociaciones de ecologistas, derivaron en una primera sentencia de 2011 favorable a los recurrentes, ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx). Un fallo que el Supremo ha endurecido en su resolución de hoy.

Pese a los intentos de la Junta extremeña por frustrar las reclamaciones de los ecologistas, incluso recurriendo ante el TS para que –además de levantar la paralización de las obras y la desocupación de los inmuebles, tomados por miembros de las entidades 'verdes'– fijase una fianza de más de 40 millones de euros a estos por los daños y perjuicios que podría causar un parón en las construcciones. Las asociaciones –Adenex y Ecologistas en Acción– no pudieron aportar semejante cantidad y, por lo tanto, el proyecto continuó.

Ahora, el Supremo ha sentenciado la demolición total y definitiva del complejo. El contenido íntegro de la sentencia se hará público en los próximos días.