El Supremo pide al Gobierno que acredite la condición de ministra de Belarra antes de enjuiciarla

«Antes de acordar lo demás que proceda, interésese (...) certificación acreditativa de si en la actualidad Doña Ione Belarra Urteaga, ostenta la condición de Diputada en la actual Legislatura y miembro del Consejo de Ministros como ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030. Verificado, dese cuenta». Así lo ha acordado la Sección Cuarta de la Sala Segunda del Supremo, competente para decidir sobre el futuro y eventual enjuiciamiento de la secretaria general de Podemos, en una diligencia de ordenación notificada a las partes este martes, a la que ha accedido El Debate, en primicia.

El Alto Tribunal continúa avanzando en los trámites formales previos a la decisión de admitir, o en su caso rechazar, la querella presentada por la entidad Foro Dignidad y Justicia contra Belarra, por un presunto delito de calumnias, tras un tuit de 21 de octubre de 2020, en el que la política acusó a los magistrados del Supremo de prevaricación.

Casi un mes después, el 21 de noviembre, la asociación ratificó su querella contra la diputada por el polémico mensaje colgado en redes sociales donde cuestionaba la sentencia condenatoria del Supremo contra su excompañero Alberto Rodríguez que provocó la pérdida del escaño por decisión de la presidenta del Congreso, la socialista Meritxell Batet.

La nueva resolución, pues, que puede ser recurrida en el plazo de los próximos tres días, no presupone que la Sala de Admisiones vaya a dar luz verde a tramitar la denuncia contra Belarra por la presunta comisión de hasta seis delitos de calumnias, de los que uno se dirige contra el propio Supremo –como institución del Estado– y los otros cinco atañen a cada uno de los cinco magistrados que conformaron el tribunal sentenciador que impuso a Alberto Rodríguez una pena de mes y medio de prisión y, otro tanto, de inhabilitación por patear a un policía, en 2014.

Se trata de confirmar, de manera oficial, que la de Podemos mantiene vigente su condición de aforada ante el Alto Tribunal, como ministra del Gobierno y diputada del Congreso, antes de decidir si admite o no a trámite la acción judicial.

Ahora, con toda la información disponible sobre la mesa, el Supremo, constituida la Sala competente para hacerlo, una vez resueltos los problemas logísticos previos, tendrá que valorar si «atribuir a los magistrados» que decidieron sobre la culpabilidad de Rodríguez «una condena sin pruebas es o no constitutivo de delito», han apuntado a El Debate fuentes conocedoras de la causa. El tribunal presidido por el juez Pablo Llarena e integrado por sus compañeros Ángel Hurtado, Leopoldo Puente, Javier Hernández y Francisco Javier Arroyo, este último como refuerzo procedente de la Sala Primera de lo Civil, «todavía no ha señalado» fecha para la deliberación, señalan las mismas fuentes, en espera de la documentación solicitada.

La Fiscalía, al rescate

Por su parte, el pasado día 1 de febrero, la Fiscalía presentó un escrito oponiéndose a la posibilidad de enjuiciar a Belarra por el tuit de la polémica. El informe confeccionado por la recién designada teniente fiscal del Supremo y número dos de Dolores Delgado, Ángeles Sánchez Conde, descartó la existencia de ingredientes de criminalidad en el mensaje publicado por la ministra de Derechos Sociales.

Sánchez Conde considera que la acusación de prevaricación vertida por la secretaria general de Podemos contra el Alto Tribunal y sus magistrados es una afirmación de naturaleza política que se apoya en el voto particular discrepante de los dos magistrados de la Sala Segunda que se desmarcaron de la sentencia dictada contra Rodríguez.

Es decir, a juicio de la número dos de Delgado, las críticas de Belarra a la sentencia dictada contra su excompañero de filas «guardan una relación directa con el ejercicio de las funciones parlamentarias». El primer informe de los letrados del Congreso, que fue contrario a la retirada del acta a Alberto Rodríguez, también saldría en auxilio de la ministra. La tesis del Ministerio Público ha causado no poco estupor en el seno del Alto Tribunal.