Antonio Salas: «La ministra Belarra tendría que irse a su casa por las acusaciones contra el Supremo»

antonio Salas Carceller, (Murcia, 1952) se jubilaba hace dos años, a los 67, de su actividad como magistrado del Supremo, donde ingresó el 16 de junio del año 2005. Salas aprobó la oposición en 1977, con 24 años, y ocupó su primer destino en Valverde (El Hierro); desde donde se trasladó al municipio granadino de Motril; para finalmente recalar en Cieza (Murcia). Una vez hubo ascendido a la categoría de magistrado, en 1981, con plaza en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Vitoria, vivió lo que él mismo califica como el período más «peligroso» de su vida profesional. Los años de plomo de la banda terrorista ETA marcaron una época donde «había que tomar muchas precauciones» porque por aquel entonces no tenían escolta. Desde el norte se trasladó a Palma de Mallorca y, finalmente, como paso previo al Supremo, estuvo en Murcia, de 1984 a 2005, llegando a ser presidente de la Audiencia Provincial.

–Un año después de haber dejado su plaza como magistrado del Supremo, ¿cómo se ven las cosas desde fuera?

–En lo que se refiere a la Administración de Justicia observo una situación caótica en muchos órganos judiciales, con un retraso en los señalamientos que resulta inadmisible. Existe, además, un modo de proceder que ha de ser revisado. Como ejemplo diré que en el proceso civil –que es el que más conozco– nunca, salvo casos muy especiales, una sentencia de primera instancia debería tener más de cuatro o cinco páginas y habría que estudiar la posibilidad de que, en varios casos, pudieran dictarse verbalmente quedando grabados los razonamientos de la resolución.

–¿Qué opinión le merece la parálisis del Alto Tribunal provocada por la prórroga del Consejo sin nombramientos?

–Me parece una falta de respeto a las instituciones y a su normal funcionamiento. El Tribunal Constitucional debe pronunciarse cuanto antes sobre esta prohibición de realizar nombramientos y, de paso, recordar a los grupos parlamentarios de los partidos políticos cuál fue la condición que llevó a establecer en el año 1985 la designación parlamentaria de todos los vocales, que es lo que finalmente nos ha llevado a esta situación.

–Recientemente la Sala Tercera, hasta en dos ocasiones, rechazó sendos recursos planteados contra el nombramiento de Dolores Delgado y por el indulto a los golpistas. ¿Comparte la postura?

–No debo entrar yo a discutir a la Sala Tercera lo que es de su competencia. Pero sí me ha extrañado que se haya negado legitimación –en el caso de los indultos– a una formación política que ejerció la acusación particular en el proceso. En todo caso el tema de los indultos tiene que ser revisado. El Ejecutivo –éste y los anteriores– se han apropiado de una figura como el derecho de gracia para manejarla a su antojo, cuando el indulto es una obsoleta facultad de los Jefes de Estado –no del Gobierno– que incide en la división de poderes y en la igualdad de los ciudadanos y que debería ser objeto de una actualización.

–Se ha caracterizado siempre por decir lo que piensa, incluso en redes sociales, sobre diferentes temas, ¿se arrepiente de haberlo hecho siendo todavía magistrado en activo?

–Quizás debería haberme contenido en alguna ocasión y no discutir, sobre todo con seres anónimos, cuya participación en las redes suele ser muy perniciosa. Pero, también, otras veces me callé cosas que debía haber dicho.

El Ejecutivo se ha apropiado de una figura como el derecho de gracia para manejarla a su antojo. El indulto incide en la división de poderes y debería ser actualizado

–¿Cree que sus excompañeros deberían admitir la querella contra Ione Belarra por acusarles de prevaricación o, como dice la Fiscalía, entra dentro de la crítica parlamentaria?

–Esta ministra parece que ha hecho una imputación genérica –quizás tampoco sepa bien lo que es al prevaricación– y la denuncia de los hechos ha venido por una asociación privada, lo que sin duda le quita fuerza. Más que actuaciones penales, lo que creo necesario para el bien de las instituciones públicas es que una ministra que se pronuncia en ese sentido sea destituida automáticamente y hable desde su casa y no desde un Ministerio. Algo parecido dicho por un magistrado de un ministro supondría graves sanciones disciplinarias.

–¿Qué le ha parecido la reciente renovación del Constitucional? ¿Cree que será posible cumplir con el mandato para el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) antes de que termine la legislatura?

–La renovación del Tribunal Constitucional continúa en la misma línea de intervención política de siempre, pero esto es lo que determina la Constitución. Sobre la valía de las personas designadas no me cabe ninguna duda, en lo que yo conozco. En cuanto al CGPJ, la situación creada responde a que quienes ocupan las presidencias de Congreso y Senado no tienen autonomía en la práctica para llevar adelante el proceso, lo que legalmente les corresponde. Esperan, porque se lo han dicho, a que exista un pacto en el que, por cierto, nada tiene que ver el Gobierno pese a ser protagonista, ya que es función de los grupos parlamentarios que son, legalmente, independientes del Ejecutivo.

–Con la vista puesta en sus años de experiencia en la carrera, ¿cree que la independencia y la imparcialidad del Poder Judicial están más comprometidas ahora que antes? ¿Por qué?

–La independencia está garantizada en la ley para el que la quiera defender y la imparcialidad es una cuestión subjetiva que ha de acompañar a los jueces en su actuación. Lo que ocurre es que cuando los partidos políticos se inmiscuyen en lo que no les corresponde pueden atraer para sí, y para sus intereses, a quienes se presten a ello. Son muy pocos los casos, pero bastante notorios.