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Javier Maroto, Teodoro García Egea, Pablo Casado y Cuca GamarraEl Debate

El PSOE y sus socios se oponen a la ley del PP para acabar con los 'ongi etorris'

La popular Cuca Gamarra ha pedido la dimisión de la cúpula del Ministerio del Interior

El PSOE, Unidas Podemos, EH Bildu y PNV han mostrado en el Congreso su oposición a la proposición de ley del PP por la que se pretendía reformar el Estatuto de la Víctima del Delito para ofrecer «mayor protección a las víctimas del terrorismo» frente a los beneficios penitenciarios que puedan disfrutar los autores y ante los homenajes a etarras condenados, conocidos como 'ongi etorris'. Han acusado a los 'populares' de usar a las víctimas para hacer política.

La portavoz parlamentaria del PP, Cuca Gamarra, ha defendido que es necesaria una mejora del régimen de protección de las víctimas «para cubrir determinadas lagunas en la defensa de su dignidad y del conjunto de sus derechos», por lo que han propuesto modificar el Estatuto de la Víctima del Delito, el Reglamento Penitenciario y las leyes orgánicas Penitenciaria, de Seguridad Ciudadana, del Derecho de Reunión y del Poder Judicial.

En el marco de su intervención, además, Gamarra ha pedido la dimisión de la cúpula del Ministerio del Interior al considerar que forma parte de una «trama secreta» con la que -según ha dicho- el Gobierno ha negociado beneficios penitenciarios para presos de ETA a cambio del apoyo político de los «albaceas del terrorismo» -en referencia a partidos como EH Bildu-.

Así, ha hecho alusión a un informe de la Guardia Civil, presentado en el marco de la investigación que se sigue en la Audiencia Nacional sobre los 'ongi etorri', para cargar contra el Ejecutivo y acusar a Pedro Sánchez de «asociarse con los verdugos (...) para afianzarse en el poder».

Gamarra ha insistido en que desde el PP buscan «acabar con impunidad social» porque existen 378 atentados terroristas sin resolver. Entiende que esa realidad es una forma de «tortura» a las víctimas, y ha apuntado que a esto se suman además los beneficios penitenciarios sin arrepentimiento o colaboración.

Por ello, ha indicado que no debe ser suficiente la redacción de una «carta tipo» para acreditar que se pide perdón. Y ha propuesto la suspensión de los actos de homenaje al autor de delitos considerados graves.

Ausencia de «rigor político»

La respuesta del Grupo Parlamentario Socialista ha llegado en boca del diputado Miguel Ángel González, quien ha reprochado al PP que las víctimas le importen poco porque lo que buscan es usarlas como excusa para atacar al Gobierno. Ha lamentado que crucen «las líneas rojas de la decencia política» al presentar una proposición para modificar una ley «sin rigor jurídico» y sin añadir nuevos derechos o reforzar los ya reconocidos a las víctimas de ETA.

De hecho, les ha afeado que incluyan en el texto modificaciones que pueden derivar en una pérdida de derechos para las víctimas porque puede suponer la excarcelación del preso antes de que se resuelva el recurso contra esa decisión.

Sobre los homenajes a los etarras que salen de prisión, ha apuntado que hubo más durante el Gobierno de Mariano Rajoy, y ha señalado que la diferencia con la situación actual es que desde el PSOE no se atacó al Ejecutivo. Por eso, ha pedido «a la derecha» que no vuelva al discurso de «todo es ETA» y que no «jueguen» con las víctimas por rédito político.

Desde Unidas Podemos, la diputada Martina Velarde ha rechazado el texto del PP al considerarlo «inviable» y ha acusado a los 'populares' de «usar a las víctimas para hacer politiqueo». Y ha pedido «decencia» a los diputados del PP: «A ustedes no les importan las víctimas. Cuando hablan de homenajes también podrían recordar que es el presidente de su partido el que va a Granada a homenajes al dictador».

Además, ha subrayado que «ninguna de las modificaciones propuestas supone nuevos derechos, ni ampliación derechos». Y ha asegurado que cuando el PP presente una proposición «seria» y «rigurosa» Unidas Podemos estará allí.

«Inconstitucional»

El diputado Iñarritu García, de EH Bildu, se ha mostrado en contra al considerar que la iniciativa «va de utilizar a algunas víctimas y asociaciones para hacer política». Ha asegurado que «se salta el principio de realidad» porque «hace 11 años que desapareció la violencia de ETA».

Ha reprochado que el PP pretenda «privatizar la ejecución penal, dejándola en manos de la víctima». A su juicio, es «inconstitucional». «Está más cerca de la venganza que de criterios de justicia», ha dicho para luego insistir en que la propuesta «va en contra de los criterios del Tribunal Europeo de Derechos Humanos».

En el debate, el PNV también ha mostrado su oposición. El diputado Mikel Legarda ha explicado que «no comparte las reformas propuestas ni tampoco la razón que las anima». Considera que no existen lagunas en la legislación vigente.

Para Legarda, la iniciativa parte de una «notoria desconfianza» hacia la actuación de la justicia y las autoridades penitenciarias e «impide o dificulta la evolución pentenciaria de los reclusos». Según ha señalado, la iniciativa cuenta con una visión «represora» a la que se opone el PNV.

Genis Boadella, diputado del PDeCAT, también ha mostrado su negativa y ha asegurado que el objetivo de la propuesta del PP es «muy diferente» a lo defendido por Gamarra. El dirigente ha explicado que su rechazo responde a que la iniciativa está «hecha en caliente» y «no tiene el estudio y la consideración necesaria». A su juicio, se trata de una propuesta de «acoso y derribo al Gobierno».

Vox, Cs y Foro Asturias, a favor

La propuesta del PP ha conseguido el apoyo de Vox, Ciudadanos y Foro Asturias. Por los de Santiago Abascal, el diputado Francisco José Alcaraz ha arrancado su intervención con un silencio -«esto es lo que quieren de las víctimas del terrorismo»- para luego apuntar que si bien considera que la iniciativa 'popular' es un «fraude en parte», desde Vox están a favor.

Al hilo, ha lamentado que las excarcelaciones de presos de ETA sean «un chorreo permanente» y ha acusado al Gobierno de acercar a cinco terroristas por semana al País Vasco, «cinco por cada voto de los representantes del partido de los etarras» -en alusión a EH Bildu-. A su juicio, las exarcelaciones se han llevado a cabo con todos los gobiernos y ha deseado que esta proposición sirva para que se rectifique esa «deriva». Además, ha añadido que si hay un homenaje permanente a ETA es la presencia de los diputados de Bildu, y ha lamentado que no se aplique la ley de partidos contra ellos.

Por último, se ha dirigido al PSOE para apuntarles que si quieren dignificar a las víctimas deben empezar por cesar «al indigno y traidor» Fernando Grande-Marlaska del Ministerio del Interior.

El diputado de Ciudadanos Edmundo Bal también se ha reclamado la dimisión de Grande-Marlaska al hacer referencia al informe de la Guardia Civil en el que se evidencia que desde el Gobierno «hablan» con ETA «para darle un tratamiento ventajoso».

Bal se ha mostrado a favor de la iniciativa y ha celebrado queel PP presentara una ley que «importa de verdad a los demócratas». Así, ha recordado que la propuesta «es muy parecida» a que la presentó Ciudadanos en el pasado, frustrada por la negativa del PSOE. El dirigente, sin embargo, ha reprochado al PP que se olvidara de «algo fundamental», como el apartado de reparación e indemnizaciones para las víctimas.

El diputado Manuel Martínez Oblanca, de Foro Asturias, se ha mostrado a favor al considerar que es «una cuestión de justicia». Ha reprochado la actuación del Ejecutivo y ha asegurado que «esta será una legislatura recordada por las cesiones del Gobierno con cargo a la memoria de las víctimas», algo que ha tachado de «inaceptable».

Así, ha insistido en que España está «ante una de las páginas más negras y escandalosas» porque Sánchez ha «traicionado a las víctimas» al establecer un «hilo directo» con los aliados de ETA.