Los estatutos del PP permiten a Génova expulsar a Ayuso sin pruebas invocando «deslealtad»

El Partido Popular podrá expulsar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Además, los estatutos del partido permitirán a Génova hacerlo sin presentar pruebas de las supuestas irregularidades en los contratos de su Gobierno.

Tal y como puede leerse en la normativa interna de la formación, la dirección tiene la potestad de echar a Ayuso del Partido Popular si ésta hubiese cometido una falta muy grave. Dentro de estas infracciones se encuentra manifestar «deslealtad al partido, a sus órganos de gobierno y representación, entendida ésta como toda acción u omisión voluntaria que pueda perjudicar el interés general del Partido».

Este artículo le valdría a la cúpula popular para conseguir que Ayuso tuviese que abandonar el partido sin necesidad de recabar pruebas de las acusaciones vertidas sobre la presidenta. Tal y como ha reconocido el propio secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, no cuentan con documentos que confirmen que existieron irregularidades en la concesión de contratos. «Esta dirección nacional no puede aceptar que nadie utilice las siglas de nuestra organización para blindarse ante problemas en las que eventualmente pueda verse envuelto», ha declarado en rueda de prensa.

Sobre el artículo concreto del reglamento, el partido ya ha manifestado que la actitud de Ayuso muestra «deslealtad». Concretamente, Egea ha mencionado en su discurso que «se puede tener un buen resultado electoral, pero eso no exime el deber de rectitud y lealtad». «Esto es lo único que hemos pedido estos meses a Isabel Díaz Ayuso. Colaboración leal y aclaraciones en el ámbito interno, nada más», ha añadido.

Egea asegura que al recibir la información, el presidente Pablo Casado convocó en su despacho a una reunión a Isabel Díaz Ayuso para ponerle al corriente de los hechos. Según afirman desde Génova, la presidenta se comprometió a aclararlos de forma inmediata. Sin embargo, la cúpula del partido asegura que no tuvo más noticias y que Ayuso nunca presentó la documentación requerida.

Si el PP se aferra a esta idea, el estatuto contempla también como infracción grave y, por tanto, motivo de expulsión «el incumplimiento del deber de colaborar en cualquier investigación interna llevada a cabo en el seno del Partido de conformidad con el Protocolo de Reacción ante la detección de irregularidades».

Otras consecuencias

Además de la expulsión del partido, las infracciones graves suponen la suspensión de afiliación por un periodo de tiempo entre cuatro y seis años y la inhabilitación para desempeñar cargos en el seno del Partido o en representación de éste por igual periodo de tiempo.

Si la presidenta fuese expulsada del PP tendría la posibilidad, según la normativa interna, de pedir su reingreso en el partido trascurridos seis años desde que la sanción le ha sido impuesta.