La guerra del PP abre la vía a un Congreso extraordinario como solución drástica

El PP está roto. El fuego cruzado entre Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso este viernes en la COPE no deja vía posible al entendimiento, ni una sola. El líder del partido alentó las sospechas sobre un posible tráfico de influencias por parte de la presidenta madrileña que ésta negó repetidamente, primero de viva voz y después en un comunicado en el que detallaba la «contraprestación por su trabajo» recibida por su hermano en el contrato con Priviet Sportive, como la calificaba; que no una «comisión por intermediación». En cualquier caso, ésta asciende a 55.850 euros más IVA.

La dirección nacional ya ha anunciado que el Congreso del PP de Madrid, detonante de esta guerra fratricida, queda aplazado sine die hasta que se resuelva el expediente informativo abierto a Ayuso.

Sin embargo, lo que están intentando Casado y Teodoro García Egea es ganar tiempo a la espera de que la Fiscalía Anticorrupción pudiera abrir la vía judicial. Este mismo viernes, Más Madrid, el PSOE y Unidas Podemos presentaron escritos por separados para que Anticorrupción emprenda una investigación. Hablan de presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a funcionarios y malversación de caudales públicos.

La situación es tan grave que el liderazgo de Casado dentro del PP depende de que se sustancien judicialmente esas acusaciones a las que tanto él como su secretario general han dado pábulo públicamente. En otras palabras: que un juez vea motivos para imputar a Ayuso. Si no, su posición quedará seriamente comprometida a ojos del partido.

Un partido que a él le apoyó durante los meses que estuvo en la picota por el caso máster. En agosto de 2018, solo un mes después de ser elegido presidente del PP, la juez instructora elevó una exposición razonada al Tribunal Supremo –como aforada que era y es Casado–para que le imputara por los delitos de prevaricación administrativa y cohecho impropio. El alto tribunal lo rechazó, pero entre medias fueron semanas de mucho ruido externo. Y los populares cerraron filas con su recién elegido líder.

La solución drástica

En medio del bombardeo entre Génova y Sol, por primera vez emerge la posibilidad de que esta guerra acabe dirimiéndose en un Congreso nacional. Y quien apuntó en esa dirección en público fue el barón más veterano del partido, Alberto Núñez Feijóo. «Yo espero que no necesitemos llegar a un Congreso extraordinario para solucionar el problema», sostuvo el presidente gallego en esRadio. «Casado ha de resolver este asunto sentándose con Ayuso, y dándole una solución al partido, porque el partido no merece la situación en la que está en este momento», añadió.

La dirección nacional prefiere no entrar a valorar ese futurible ni otros. Entre los populares todo estos días son especulaciones y cábalas. Estatutariamente, el Congreso nacional del PP toca este mes de julio, porque es cada cuatro años y ya casi han pasado desde que Casado se impuso a María Dolores de Cospedal –primero– y a Soraya Sáenz de Santamaría –después– en las primarias del Congreso extraordinario de la sucesión de Mariano Rajoy.

El calendario inicial

Antes de la voladura incontrolada que empezó el miércoles por la noche con la filtración de la presunta operación de espionaje contra la presidenta madrileña, la intención de la dirección nacional era convocar el Congreso de Casado en julio. Después de solventar los congresos regionales que quedan por celebrarse: Extremadura, Asturias, Cantabria, La Rioja, Comunidad de Madrid y Murcia. El único con fecha era hasta ahora el de Extremadura, previsto para el 9 de abril.

Sin embargo, el aplazamiento del cónclave del PP de Madrid dilata a su vez los tiempos del Congreso nacional ordinario. Para convocar uno extraordinario, los Estatutos señalan que ha de aprobarlo la Junta Directiva Nacional (el máximo órgano entre congresos) por mayoría de dos tercios.

En los últimos meses, Casado y García Egea han utilizado los congresos provinciales y regionales del PP para situar a dirigentes de su confianza allí donde no los tenían. Es decir, para controlar el «aparato». Casi siempre con listas únicas (salvo en Sevilla y León), aparentando que había una candidatura de consenso. Cuando en realidad esta operación interna ha dejado muchas heridas abiertas en casi toda España que ahora pueden reabrírseles a Casado y García Egea.

La intervención fue prácticamente total en las comunidades donde no gobiernan, como la Comunidad Valenciana, Baleares y Aragón, donde la dirección nacional situó a Carlos Mazón, Marga Prohens y Jorge Azcón. Fue parcial en Andalucía y Castilla y León y prácticamente nula en Galicia. Porque allí manda solo Feijóo.

Este jueves, el presidente del PP de Aragón se mojó por Casado: «En estos momentos confío en Pablo Casado. La verdad pondrá las cosas en su sitio», ha escrito Azcón en Twitter. De ahí la importancia, para cualquier presidente de un partido, de tener situados a «los suyos».

En medio de la melé, la portavoz del Gobierno no ha desaprovechado la ocasión para hablar de la crisis del PP, puesto que Ayuso señaló el jueves que Casado le dijo que el dosier sobre su hermano se lo había filtrado La Moncloa. Cosa que el líder de los populares niega. Isabel Rodríguez ha invitado a Casado a acudir a la Fiscalía contra la presidenta madrileña y ha añadido: «Que no nos usen como coartada de sus líos. El Gobierno no tiene nada que ver con esto».