Expertos apuntan a que el documento que llegó a manos de Casado salió de Hacienda

Quedan muchas incógnitas por despejar en la polémica que ha sumido al Partido Popular en su crisis interna más fuerte de los últimos años. Una de ellas es el documento que llegó a manos de Pablo Casado y con el que empezaron, según la versión de Génova, las sospechas sobre las posibles irregularidades cometidas por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Expertos en la materia aseguran a El Debate que se trata del llamado Modelo 347, un formulario que relacionaría la fuente del documento con La Moncloa.

En su primera intervención tras el estallido de la noticia, Casado reconoció que del misterioso documento «dedujo» que «venía de alguna entidad pública». El presidente del PP también aseguró que nunca le dijo a Ayuso que su origen fuese el Gobierno de Pedro Sánchez. Versión distinta es la de la presidenta que afirma que sí se lo llegó a confesar.

En cualquier caso, expertos detallan que el 30 de abril de 2021 se venció el plazo de presentación del Modelo 347. Es a través de este escrito como las empresas comunican a Hacienda los datos de personas con quienes, en el año anterior, han tenido facturación superior a 3.000 euros.

Además, este modelo refleja el dato global de facturación, sin individualizar o desglosar el importe de cada operación. Esto explicaría las primeras acusaciones en las que la cifra no fueron los 55.000 euros que la presidenta reconoció que su hermano había cobrado como «contraprestación» a su trabajo, sino los 286.000 euros de los que se habló en un comienzo. Es decir, esta última cantidad, mucho más cuantiosa, sería el cómputo total del dinero que Tomás Díaz Ayuso cobró de la ya famosa Priviet Sportive S.L.

La clave reside en que este Modelo 347 únicamente puede tener su punto de origen en el Ministerio de Hacienda, dirigido por la socialista María Jesús Montero. Por lo tanto, tal y como defendió la propia Ayuso, el documento provendría del Gobierno de Pedro Sánchez.

Consultarlo deja rastro

Este tipo de documentos no son de dominio público y su consulta está restringida a funcionarios de Hacienda. Además, cualquier consulta deja rastro y el nombre del trabajador aparece en el registro: «Todas las aplicaciones informáticas o utilidades que supongan accesos a las bases de datos de la AEAT registran de forma automática tales sucesos», recoge el reglamento. Entre otros campos, el funcionario debe detallar el «motivo» de dicha consulta.

Además, si el empleado visiona el documento sin motivación justificada, esto supondría una falta muy grave que puede acarrear, incluso, consecuencias judiciales.