Ayuso ganó todas las causas judiciales contra presuntos tratos de favor a su familia

Lo han intentado antes desde la oposición política, hasta en diecisiete ocasiones, sin éxito. Hasta la fecha, y desde su llegada a la Presidencia madrileña, en agosto de 2019, no han prosperado ninguna de las denuncias interpuestas contra los presuntos tratos de favor de Isabel Díaz Ayuso hacia los negocios de su familia dedicada, desde hace años, a la comercialización de artículos médicos. La reciente polémica sobre la adjudicación legal de un contrato para el suministro de mascarillas FPP2-3 a la Comunidad de Madrid –en cuya compra a China participó Tomás, su hermano mayor– no ha sido la excepción. Aunque, esta vez las acusaciones políticas no han llegado a traducirse en ninguna acción judicial, porque nadie ha podido probar ninguna irregularidad.

«Caso Avalmadrid»

El 23 de noviembre de 2021, la Fiscalía de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo descartó rotundamente cualquier implicación de la presidenta madrileña unos hechos vinculados con la sociedad Infortécnica, S.L. de la que eran propietarios sus padres. Ni tuvo relación alguna con la empresa, ni se benefició en absoluto de ella, «ni puede ser considerada deudora en relación con el impago» de un crédito de 400.000 euros, a favor de la misma, concedido a través de Avalmadrid. Un escenario en el que el fiscal encargado del caso excluyó, sin fisuras, «la posibilidad» de que pudiese «ser considerada autora material» de ninguna mala praxis y pidió al Tribunal el archivo de las actuaciones.

El Supremo, de acuerdo con el criterio del Ministerio Público, inadmitió la querella –interpuesta una semana antes por la Asociación Libre de Abogados (ALA)– al entender que Díaz Ayuso no había intervenido de ninguna manera en el proceso para la concesión de dicho préstamo. Las acusaciones que, según los magistrados de la Sala Segunda, fueron infundadas, pasaban porque la presidenta, antes de serlo, hubiese participado en la operación financiera para que la Administración no pudiera reclamarle, en caso de impago, un piso familiar que había heredado, en donación, por la presunta intermediación que judicialmente quedó probado que nunca existió.

El fiscal determinó la «inexistencia de indicios de responsabilidad criminal» en Díaz Ayuso, «sin perjuicio de que los hechos» que se le imputaron (...), «podrían estar prescritos»

Tal es así que el juez Miguel Colmenero, ponente de la sentencia que resolvió la cuestión, expuso cómo la presidenta de Madrid «no era socia de MC Infortécnica; no consta que conociera su situación económica y societaria; no intervino en la operación de crédito o de aval; no era avalista ni deudora; no consta que conociera la deuda; y, no se aprecia ningún indicio de que actuara en connivencia con los demás querellados para evitar el pago de la deuda de aquella sociedad».

La denuncia de Más Madrid

Dos años antes, en noviembre de 2019, la Fiscalía Especial Contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada ya había acordado el archivo de una denuncia interpuesta por Mas Madrid, la formación liderada por Mónica García, por un posible delito de alzamiento de bienes y otros dos de administración desleal o tráfico de influencias, por el mismo tema. En aquella ocasión, el foco se situó en si dicha entidad semipública, creada en 1985, había estado otorgando créditos y avales sin informes previos de viabilidad, entre otros, a la familia de Isabel Díaz Ayuso cuando ni siquiera era presidenta de la Comunidad.

En el decreto de sobreseimiento, el respresentante del Ministerio Público, el fiscal progresista Javier Zaragoza, no apreció ningún indicio de delito en las actuaciones de Díaz Ayuso. No había, por lo tanto, ningún motivo para investigarla como sospechosa por un posible alzamiento de bienes, administración desleal o tráfico de influencias de la líder del Ejecutivo madrileño. Zaragoza apuntó cómo para este tipo de delitos, la jurisprudencia había establecido como requisito esencial que el crédito fuese «vencido, líquido y exigible, no queden bienes o sean insuficientes en el patrimonio del deudor para hacer frente al crédito».

El fiscal instó, tajante, que se dictase la inadmisión y «el archivo de las actuaciones» ante la «manifiesta ausencia de elementos indiciarios que acrediten que los hechos que se le imputan a la aforada puedan ser constitutivos de delito, declarándose igualmente incompetente para la investigación relativa a los restantes querellados».

Los hoteles Room Mate

Sobre la denuncia del PSOE madrileño, ya contra la presidenta del Ejecutivo regional, por las presuntas «irregularidades» cometidas en los contratos suscritos con la cadena de hoteles Room Mate, donde se hospedó Díaz Ayuso, contagiada de coronavirus en la primera ola de la pandemia, en plena crisis sanitaria del coronavirus, tampoco hubo ninguna verdad. Como resultado, el 29 de enero de 2021, la Fiscalía Anticorrupción acordó el archivo íntegro de la denuncia.

Los socialistas madrileños apuntaron a un presunto delito de «falsedad en documento público» por una supuesta «manipulación» del portal de contratación de la Comunidad de Madrid, tras publicarse las adjudicaciones por importe de 565.749 euros a favor de la cadena hotelera, presidida por Kike Sarasola, para transformar dos de sus hoteles en residencias para ancianos durante los meses más duros.

La realidad es que la empresa de Sarasola cedió sus hoteles «a título gratuito y sin contraprestación». Por lo que el error en la publicación de dichos documentos fue fruto «del volumen de trabajo durante la pandemia y de las condiciones de teletrabajo del personal». En realidad, el beneficiario de los servicios a prestar en las instalaciones de los hoteles era la Coordinadora del Tercer Sector y por una cuantía inferior -240.443,57 euros- de la inicialmente indicada.

Díaz Ayuso residió desde inicios de marzo en un apartotel de la cadena Room Mate por el que pagó de su propio bolsillo 80 euros al día, lo que supondría un total de 4.800 euros por los dos meses que estuvo allí. La vivienda constaba de dos alturas, por lo que trabajaba en una y descansaba en la otra, según reconoció entonces la presidenta regional.

Respaldo a su gestión

Tampoco corrieron mejor fortuna las investigaciones sobre ilícitos electorales, las pesquisas abiertas por la Fiscalía, o las diligencias preliminares en sede judicial sobre la gestión del Gobierno de la Comunidad de Madrid durante la pandemia del coronavirus, procedentes de denuncias de particulares o de colectivos que fueron o bien rechazadas de plano, o archivadas a petición de la Fiscalía, o desestimadas y sobreseídas:

• Diligencias Previas DP 325/2020 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Salas Civil y Penal, a raíz de una querella interpuesta por la Plataforma de Centros de Salud contra el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Resultado: inadmisión.

• Diligencias Previas DP 253/2021 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Salas Civil y Penal, contra la presidenta y los consejeros de Presidencia, Justicia e Interior y de Sanidad en materia de residencias de la tercera edad. Resultado: inadmisión de la inhibición del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid.

• Diligencias Previas DP 836/2021 del Juzgado de Instrucción número 10 de Madrid a partir de una querella interpuesta por familiares de residentes contra la RM Goya, la presidenta y los consejeros de Presidencia, Justicia e Interior y de Sanidad. Resultado: sobreseimiento automático respecto de la presidenta y todos sus consejeros. Confirmado en apelación.

• Diligencias Previas DP 899/2021 del Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid. Se abrieron a raíz de una querella interpuesta por familiares de residentes contra la RM Edalia Arturo Soria. Resultado: inadmisión de la misma para la presidenta y los consejeros de Presidencia, Justicia e Interior y de Sanidad.

• Diligencias Previas DP 850/2021 del Juzgado de Instrucción 48 de Madrid, previa querella interpuesta por los familiares de los residentes contra la RM Adolfo Suárez, la presidenta y varios de los consejeros responsables de la misma. Resultado: inadmisión para todos los querellados.

• Diligencias Previas DP 374/2021 ante el Juzgado de Instancia e Instrucción 1 de Parla por una querella registrada por familiares de residentes contra la RM Parla y Vitalia, la presidenta y los consejeros de Presidencia, Justicia e Interior y de Sanidad. Resultado: inadmisión de la querella contra todos los investigados.

• Recurso número 20542/2020 ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, al hilo de varias denuncias acumuladas, en materia de residencias de ancianos contra la presidenta. Resultado: archivo general de la causa.

• Denuncia interpuesta por la Asociación Defensor del Paciente. Resultado: el 27 julio 2021 la Fiscalía archivó la denuncia presentada por la entidad por la presunta responsabilidad exigible a Díaz Ayuso por la no derivación a los hospitales de los usuarios de las residencias madrileñas de la tercera edad durante la pandemia.