El fiscal Anticorrupción no ve «indicios verosímiles» de delito ni «responsabilidad» de Ayuso

hipótesis. El fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha puesto el acento en las carencias de las tres denuncias registradas por las representaciones de los Grupos Parlamentarios Socialista, Mas Madrid y Unidas Podemos, el pasado 18 de febrero de 2022, en la sede de su Departamento -la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada- sobre el contrato que ha situado al hermano de Isabel Díaz Ayuso, en el foco de la polémica. Para Luzón, sin embargo, «los denunciantes proponen distintas hipótesis sobre su eventual participación en presuntos delitos de tráfico de influencias, malversación, prevaricación y negociaciones prohibidas a los funcionarios» pero lo «sustentan en una secuencia de hechos que, en estos momentos, no permiten acordar la remisión a la Fiscalía del Supremo, pues no constituyen indicios razonablemente verosímiles de la realización del hecho investigado, de su carácter delictivo y de la responsabilidad en el mismo de la persona aforada».

Un pequeño respiro para la presidenta madrileña que, inmersa en plena crisis de su partido, ha insistido desde el primer minuto en la legalidad de todas sus actuaciones y de los términos del contrato por el que su hermano cobró por las gestiones de intermediación en la adquisición del material. Y es que, en el seno del Alto Tribunal, la competencia del Ministerio Público recaería en la teniente fiscal Ángeles Sánchez Conde, número dos de Dolores Delgado en el escalafón de la Carrera y, recientemente, nombrada por ésta.

Las tres denuncias «se limitan a solicitar de la Fiscalía Especial la incoación de Diligencias de Investigación conducentes al esclarecimiento de los hechos en ellas relatados», en las que, «si bien no se terminan de formular imputaciones concretas», ha apuntaso el fiscal Jefe Anticorrupción en el decreto de apertura de diligencias preliminares que se ha hecho público este martes.

Aunque matiza que, en las mismas, «sí se expresan claras reservas sobre la legalidad de la adjudicación» que ha hecho temblar los cimientos del PP y «del papel que en ella habría desempeñado el hermano de la Presidenta de la Comunidad de Madrid». Una adjudicación que procede de una contratación de emergencia previamente realizada por la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, en abril de 2020, «para la adquisición de 250.000 mascarillas FFP2-3 por un precio unitario de 5 euros más Iva y un importe total de 1.512.500 euros a la mercantil Priviet Sportive, S.L.», en la que «supuestamente habría intermediado el hermano de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, D. Tomás Díaz Ayuso».

Sin dirigirse contra nadie

No obstante «esta falta de concreción, sí resulta procedente la práctica de algunas diligencias que, sin dirigirse inicialmente contra personas físicas o jurídicas, permitan confirmar o descartar la trascendencia penal de los hechos denunciados». Y ello, en primer lugar, «por la relevancia que tiene el recto y normal funcionamiento de la Administración Pública con sujeción al sistema de valores instaurado en la Constitución, conforme a sus artículos 103 y 106»; en segundo lugar, «por la indiscutible trascendencia social del contexto en el que tienen lugar los hechos descritos en las denuncias, que se refieren a la, sin duda, necesaria y urgente compra de mascarillas en un momento singularmente difícil para la población madrileña».

Luzón quiere dejar claro que la indagación preliminar necesaria «no puede llevarse a cabo sin la previa incoación de Diligencias de Investigación penal, imperativa cuando se recibe noticia de la comisión de hechos que pudieran tener relevancia penal, aunque los mismos no estén perfilados, sin que sea admisible la incoación de diligencias preparatorias, tal y como dispone la Circular 4/2013 de la Fiscalía General del Estado, sobre las Diligencias de Investigación».

«Por lo que se refiere a la actual Presidenta de la Comunidad de Madrid, Dña. Isabel Díaz Ayuso, autoridad aforada ante el Tribunal Supremo, los denunciantes proponen distintas hipótesis sobre su eventual participación en presuntos delitos de tráfico de influencias, malversación, prevaricación y negociaciones prohibidas a los funcionarios», recoge el fiscal Jefe en su decreto.

Unas hipótesis que «se sustentan en una secuencia de hechos que, en estos momentos, no permiten acordar la remisión a la Fiscalía del Tribunal Supremo, pues no constituyen indicios razonablemente verosímiles de la realización del hecho investigado, de su carácter delictivo y de la responsabilidad en el mismo de la persona aforada, en el sentido que exige la Consulta 1/2005 de la Fiscalía General del Estado, sobre competencias de las Fiscalías para tramitar Diligencias de Investigación que afecten a personas aforadas», concluye.