El magistrado Alejandro Abascal ordena a la Guardia Civil revisar los «papeles» de ETA

La Audiencia Nacional continuará las investigaciones sobre la implicación de un total de cinco etarras, entre ellos Mikel 'Antza' e Iñaki 'de Rentería' en varios de los atentados más graves de nuestro país. La documentación entregada por las autoridades francesas al Gobierno español, en 2018, incautada tras las detenciones de las cúpulas de la banda terrorista en la localidad gala de Bidart, será la pieza clave para conectar a los cerebros de la banda con los fatídicos desenlaces de los asesinados juez Querol y del concejal popular Gregorio Ordóñez, así como de la detonación de una furgoneta bomba en la T4 del Aeropuerto de Barajas, en 2006. Como avanzó El Debate en primicia, el instructor de la causa, el magistrado Alejandro Abascal ha pedido a los expertos policiales que actualicen los informes que obran en las causas. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional –en el marco de las denuncias presentadas por la entidad Dignidad y Justicia contra los exlíderes de la banda armada– ha ordenado a la Guardia Civil que trate de acreditar, a través de un pormenorizado análisis de las Actas de las reuniones, cómo las órdenes de matar procedían de los Comités Ejecutivos (o «zubas»).

Que la Guardia Civil revise los «papeles»

El magistrado ha ordenado ahora, una vez practicadas sin éxito las declaraciones de Mikel Albisu e Ignacio Gracia, la práctica de nuevas diligencias en orden a determinar la participación del Comité Ejecutivo que ambos lideraron, en el asesinato de Gregorio Ordoñez, bien como autores mediatos, bien como responsables del delito cometido por los miembros de la organización terrorista ETA en comisión por omisión.

Para ello, ha pedido a la Guardia Civil la localización y análisis de documentación en poder de miembros de ETA relacionadas con Actas de Reunión del ZUBA o Comité ejecutivo de ETA en fechas inmediatamente anteriores, simultaneas y posteriores al asesinato de Gregorio Ordóñez. Se trata de poder acreditar la asistencia a las citadas reuniones de los dirigentes de ETA mencionados en el Informe policial 20/2016 - que El Debate publicó en exclusiva- y los temas y asuntos tratados en las mismas, con especial atención a las acciones contra políticos del Partido Popular en el marco de la estrategia de desestabilización puesta en marcha por ETA a partir de 1994.

Además, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional ha requerido a los agentes que le aporten la información obtenida de los más de 138 sellos judiciales, con dispositivos informáticos asociados, que fueron intervenidos durante la detención de Mikel Albisu, en octubre de 2004, y entregados por las autoridades francesas a las españolas, con el objetivo de revisar si entre los datos hubiera informaciones o indicios relacionados con el asesinato del concejal popular en el País Vasco.

El magistrado ha solicitado también, coser al procedimiento que instruye sobre los fatídicos hechos, de otra serie de informes y sentencias sobre los cinco dirigentes de la banda terrorista sobre su participación en atentados y secuestros investigados en otras causas judiciales.

Determinar la «autoría mediata»

En el fondo del asunto: determinar la participación de los miembros del comité ejecutivo de ETA Ignacio de Gracia Arregi, «Iñaki de Rentería», José Javier Arizcuren Ruiz, «Txapote», Mikel Albisu, «Mikel Antza», Julián Achurra Egurola, «Pototo», y Juan Luis Aguirre Lete, «Isuntza», en la toma de la decisión de asesinar al concejal del PP Gregorio Ordóñez, perpetrado por la banda terrorista el 23 de enero de 1995.

En un auto que se ha hecho público este jueves, el juez ha recordado el auto de 2015 en el que se admitió la denuncia presentada por Consuelo Ordoñez contra los cinco exjefes de ETA por su presunta responsabilidad en el asesinato de su hermano como miembros del Comité Ejecutivo o «ZUBA» de la banda terrorista. En aquella resolución, se establecía que ETA se asentaba «sobre la base de una jerarquía basada en una rígida disciplina, que, al amparo de la cúpula o comité ejecutivo, asume todas las funciones directivas de forma que no hay nada que esa cúpula no controle, impulse o dirija, como órgano encargado de que se cumplan las líneas estratégicas de la banda criminal, cuyos miembros ostentan la cualidad de dirigentes y responsables de los principales aparatos del grupo, incluido el militar».

«La toma de decisiones», señalaba entonces el auto, «para llevar a cabo una acción terrorista aplicando la estrategia diseñada por el comité ejecutivo se difundían a todos los militantes a través de citas orgánicas o cursillos de adiestramiento y publicaciones internas». «El comité ejecutivo, decide, coordina, selecciona los objetivos, envía la información, entrega el material necesario para atentar, designa genéricamente el objetivo y ordena expresamente llevar a cabo el atentado», añadía.

Después de marzo de 1992, tras la desarticulación de Bidart, los denunciados, García Arregui y Albisu Iriarte consiguieron reorganizar estructural y operativamente la banda, continua recordando la resolución, incorporando nuevos integrantes a la «nueva dirección de ETA». Militantes a los que responsabilizan de los principales «aparatos» que habían conseguido recomponer y reorganizar.

Esos nuevos militantes son Arizcuren Ruiz, Achurra Egurola y Aguirre Lete, que pasarán a integrar el nuevo comité ejecutivo de ETA, entre finales de 1994 y 1995. Ya en 1993, estos nuevos dirigentes pusieron en marcha la nueva estrategia con la que recuperarse del éxito policial de Bidart y pusieron en marcha una campaña para desestabilizar al Estado con atentados contra militantes del PP y PSOE.