El Supremo pedirá a la Fiscalía que se pronuncie sobre la prevaricación del número 3 de Pablo Casado

Pablo Casado está en tiempo de descuento para abandonar –tras el próximo Congreso extraordinario del Partido Popular, que se celebrará en Sevilla los días 2 y 3 de abril– el liderazgo del PP. Sin embargo, el camino hasta la fecha fijada por los populares para recomponer el partido será empinado y pedregoso. El aun presidente de la formación conocerá todavía en su cargo la más que probable imputación del número tres nacional, y mano derecha de su exsecretario general, Teodoro García Egea, ante el Supremo.

Fuentes judiciales próximas al Alto Tribunal han señalado a El Debate que la Sala Segunda de lo Penal avanza en los trámites para procesarle por un delito de prevaricación –a solicitud de la juez de Trujillo que instruyó las investigaciones preliminares sobre su etapa como alcalde de la pequeña localidad cacereña– y ultima la providencia en la que dará traslado del expediente a la Fiscalía para que emita su dictamen.

Como paso previo, el Supremo ya ha librado una diligencia de averiguación para confirmar, documentalmente, la condición de diputado de Casero. Un trámite procesal obligatorio muy sencillo –ya que es la propia Secretaría de la Sala de Gobierno del Tribunal la que dispone de la comunicación oficial del Parlamento en la que constan los titulares de los escaños– pero imprescindible ya que de esta acreditación depende la competencia del Alto órgano judicial para procesarle.

Una vez sorteado el requisito formal, el presidente de la Sala Segunda, el magistrado Manuel Marchena, enviará los archivos a la Fiscalía. Fuentes próximas al Supremo, consultadas por El Debate, han apuntado a que los mismos se mandarán al fiscal asignado, esta semana. Si una vez analizadas las conclusiones de las pesquisas preliminares el representante del Ministerio Público informa favorablemente a la imputación penal, entonces, y sólo entonces, se designaría un instructor.

Culpable del «error» del voto telemático

El diputado extremeño Alberto Casero –quien saltó a la fama por su «error» en el voto telemático que dio luz verde a la reforma laboral del Gobierno de Pedro Sánchez– está a un paso de ser imputado en el Supremo por un presunto delito de prevaricación continuada en el tiempo que habría afectado a cinco contratos, irregularmente suscritos, durante su etapa como regidor del municipio de Trujillo.

El interventor municipal ordenó bloquear varios de los cinco pagos, ordenados por Casero, de los que no tenía contratos

La titular del Juzgado número 2 de la localidad, encargada de revisar la actuación del Casero alcalde, centraba sus pesquisas preliminares en los acuerdos y convenios suscritos por éste, durante los años 2017 y 2018, cuando se encontraba al frente del ente municipal. Una conducta que llamó la atención de la propia Fiscalía que, de oficio, arrancaba la instrucción de una causa contra él, por un monto total que habría ascendido a 85.422 euros públicos distribuidos en media decena de documentos tramitados sin ajustarse, en lo más mínimo, al procedimiento administrativo y los controles previstos para ello.

No en vano, las conclusiones de la magistrada, que pusieron contra las cuerdas a la cúpula del PP en Génova, en pleno enfrentamiento con la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, apuntan a «indicios racionales de criminalidad» en las actuaciones de Casero. Los hechos «podrían constituir un delito continuado de prevaricación administrativa», ya que el popular no atendió al «procedimiento legalmente establecido» a la hora de firmar unos contratos de los que «olvidó» informar a la Intervención municipal.