El juez de 'Neurona' reclama los expedientes de 'Niñera' y 'Caja B' para seguir contra Podemos

El pasado mes de octubre, la Audiencia Provincial de Madrid admitió el recurso de Vox contra la decisión del juez Juan José Escalonilla, de archivar dos de las causas abiertas contra Podemos: los casos 'Niñera' y 'Fundación 25M', esta última vinculada a la conocida como 'Caja B' o de 'Solidaridad' de la formación morada. Ahora, el titular del Juzgado de Instrucción Número 42 de Madrid, que lidera las pesquisas sobre las presuntas irregularidades en un contrato de que fuera el partido de Pablo Iglesias, con la consultora Neurona, ha reclamado los expedientes de ambas causas para retomar las investigaciones y cumplir con lo marcado desde la Audiencia madrileña.

De este modo, Escalonilla reabrirá ambas secuelas de la pieza principal -el 'caso Neurona'- en forma de dos piezas separadas que seguirán un curso procesal propio. Así consta en una diligencia de ordenación, dictada el pasado día 2 de febrero, en la que fuentes judiciales confirman a El Debate que se pidieron los oficios correspondientes para conformar las dos nuevas líneas.

La Audiencia Provincial de Madrid consideró que lo «más ajustado» era abrir dichas piezas separadas para «determinar primero si cada hecho en sí es constitutivo de infracción penal» y luego resolver «su posible conexidad delictiva» con la línea principal de investigación, es decir, el contrato de Podemos con Neurona.

La niñera de Montero

Escalonilla deberá retomar la investigación que recayó en el Juzgado de Instrucción Número 46 de Madrid -del que es titular su compañero José María Escribano- para intentar determinar si la hoy ministra de Igualdad, Irene Montero, cometió algún delito en el viaje que hizo a Alicante -el 20 de octubre de 2019- con su hija menor y su en entonces jefa de gabinete Teresa Arévalo, en plena campaña electoral.

Bajo la lupa, el pago de dos billetes de tren por parte de Unidas Podemos a la menor y a su 'cuidadora' Arévalo, quien figura como investigada en la causa junto a la gerente del partido Rocío Esther Val y al tesorero de la formación, Daniel de Frutos.

La denuncia partió de la ex responsable de Cumplimiento Normativo de Podemos, Mónica Carmona, tras airear que Montero usaba a «una persona a sueldo del partido», en referencia a Arévalo -actual asesora ministerial-, «como cuidadora de sus hijos». Sin embargo, en su declaración en sede judicial aseguró que no podía aportar pruebas a la causa porque tras ser purgada del partido no pudo seguir investigando los hechos. También declararon ante Escribano el resto de implicados en los hechos y sólo resta, en esta porción, la testifical de una exescolta de la propia Irene Montero que, ahora, Escalonilla tendrá que retomar.

Las donaciones forzosas

La segunda derivada que tendrá que retomar el magistrado Escalonilla, es la que se refiere a la donación efectuada por Podemos al proyecto escuela popular Paulo Freire a través de la Fundación del partido -el llamado 'Instituto 25M'- y a las donaciones efectuadas por el partido, procedentes de aprotaciones previamente consignadas al mismo de cargos públicos en activo, vinculadas a dicha fundación.

En este caso concreto, la denunciante de los hechos, Mónica Carmona, exresponsable de Cumplimiento Normativo de Podemos -que fue cesada de manera fulminante junto a José Manuel Calvente tras destapar las presuntas irregularidades internas de la formación- «no ha aportado ningún mínimo indicio que objetivamente corrobore que a esa Escuela Popular Paulo Freire se han transferido desde el partido Podemos, a través de la Fundación Instituto 25M, la cantidad de 300.000 euros», tal y como concluyó el Juzgado de Instrucción Número 1 de Madrid, para acordar el archivo provisional de la causa, sin entrar en el fondo del asunto.