El juez pregunta al fiscal si procede citar a Casado y García Egea por revelación de secretos

La Justicia tendrá que pronunciarse sobre el papel de Pablo Casado, el presidente saliente del Partido Popular, y Teodoro García Egea, el ya exsecretario general de la formación, en las acusaciones vertidas contra la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, al hilo de los honorarios cobrados por su hermano mayor, Tomás, de una empresa adjudicataria de un contrato público de la Comunidad, para la venta de material sanitario durante la pandemia. Más allá de las consecuencias políticas de la guerra desatada desde el corazón de Génova contra la inquilina de Sol, ambos dirigentes políticos podrían tener que comparecer ante el titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid para explicar los detalles de lo ocurrido.

Según la providencia previa dictada por el órgano judicial que recibió la denuncia presentada por un abogado particular, una vez la crisis interna de los populares trascendió a la opinión pública, a la que ha tenido acceso El Debate en primicia, la Fiscalía tendrá que pronunciarse sobre si corresponde «la admisión formal» de dicho escrito y, por lo tanto, arrancar con las pesquisas orientadas a dar con los responsables de la información que trató de usarse para cuestionar la gestión de Díaz Ayuso. O si, por el contrario, no hay causa y conviene archivar de plano.

Aunque según fuentes judiciales próximas al caso, consultadas por El Debate, lo habitual en este tipo de causas complejas es que el juez se diriga al Ministerio Fiscal para «conocer su opinión sobre la viabilidad» de una posible actuación judicial contra los dos ex líderes populares, Pablo Casado y su mano derecha Teodoro García-Egea, o la conveniencia de tomarles declaración para que arrojen luz sobre los hechos denunciados.

No en vano, el propio Casado reconoció «en diferentes manifestaciones en redes sociales, por sí y por medio» de su partido« unas informaciones que »podrían ser constitutivas de delito« al afirmar »que tenía conocimiento desde el mes de septiembre de 2021, de la existencia de una conducta 'no ejemplar' del hermano de la presidenta autonómica y que consistía, en suma, en el cobro de unos 300.000 euros como comisión de la compraventa en China" de un porte de mascarillas, en mayo de 2020, durante el primer estado de alarma decretado por Pedro Sánchez.

Para ello, los populares tuvieron que recibir datos protegidos de Tomás Díaz Ayuso que sólo constarían detallados en archivos oficiales, como los que maneja Hacienda, donde se recogen los listados de proveedores y clientes de las empresas y, en este caso, información fiscal de la sociedad contratante con la Comunidad de Madrid, que pagó al hermano de la presidenta los honorarios por sus gestiones, Priviet Sportive SL. Un acceso que, si bien no ha sido investigado de oficio por la Administración de origen, sí podría serlo, ahora, en clave judicial, siempre que el perjudicado dé su conformidad. Esto es, la revelación de sercretos es un delito -castigado en nuestro Código Penal con hasta cinco años de cárcel- que exige que el afectado se sienta agraviado y quiera perseguir a los causantes.

Señalar a la fuente

Si las actuaciones sobre la denuncia inicial prosperan y la Fiscalía da su visto bueno a iniciar una investigación sobre lo ocurrido con esos datos personales del hermano mayor de Díaz Ayuso, tanto Pablo Casado como Teodoro García Egea podrían tener que compartir con el juez encargado la identidad de la fuente que les reveló las presuntas irregularidades, a riesgo de ser ellos mismos procesados. Por el momento, las sospechas y «meras hipótesis» sobre el comportamiento de la Comunidad de Madrid y del hermano de la presidenta de Madrid, sí han motivado la apertura de una pieza en Anticorrupción por esta causa.

Ahora, las declaraciones textuales de Pablo Casado en una emisoria de radio, pueden hacerle rehén de sus propias palabras, las que dieron pie a la denuncia interpuesta contra la Comunidad de Madrid por los Grupos parlamentarios Socialista, Unidas Podemos y Mas Madrid en la Asamblea, ante la Fiscalía.

«Más allá de que sea ilegal, la cuestión es si es entendible que el 1 de abril de 2020, cuando morían en España 700 personas, se pueda contratar con tu hermana y recibir 300.000 euros por vender mascarillas. Yo no permitiría que mi hermano cobrara 300.000 euros por un contrato decidido en un Consejo de Ministros», espetaba Casado en el programa de Carlos Herrera.

Una transcripción que, más tarde, se replicó en la cuenta oficial del Partido Popular en Tuiter: «Lamento el espectáculo de ayer, no lo merecen los afiliados del PP, ni los españoles. Tampoco yo. Por mis principios debo velar por la honorabilidad del partido que presido y garantizar que nadie cometa una práctica no ejemplar».

De todo lo dicho el día 18 de febrero en el programa de Herrera por Casado según la denuncia de la que el juez ya ha dado traslado a la Fiscalía, el interés judicial, existe en el hecho de «que el conocimiento de un comportamiento irregular del hermano de la presidenta» de Madrid «se basaba en una información que no es pública, y cuya publicidad o utilización, nada digamos si es en forma de dossier, es una acción pluriofensiva» si bien, por el momento, se ha concretado en un «delito de revelación de secretos por parte de la Administración Pública».