La sombra de Ábalos sigue protegiendo a Plus Ultra con un truco para esconder el rescate

Nunca se supo hasta qué punto el polémico rescate de Plus Ultra con una millonada pública estuvo detrás de la destitución de José Luis Ábalos como ministro de Transportes y hombre fuerte de Pedro Sánchez en el PSOE. Y quizá nunca se sepa del todo.

Pero que la controvertida figura del dirigente socialista es indispensable para entender por qué una aerolínea menor, con raíces en la Venezuela de Delcy Rodríguez, con pérdidas acumuladas en todos sus años declarados y dudosamente incluida en el epígrafe de «empresas estratégicas» recibió 53 millones de euros en el mismo país que ha visto cerrar a 30.000 sociedades; resulta evidente.

El Debate publica hoy una nueva prueba de esa complicidad del Gobierno, y en concreto del área que dirigía Ábalos en aquellos tiempos, con una aerolínea que se resiste como gato panza arriba a revelar el expediente de su rescate, a pesar de que el Consejo de Transparencia ha resuelto ya a favor de la investigación de este periódico para que se conozcan todos los detalles de una operación ejecutada en plena pandemia.

Se trata de una treta «a dos manos» entre la aerolínea y el Gobierno, a través del responsable de Aviación Civil que ya estaba al frente del área cuando Ábalos impulsó el rescate y el propio Pedro Sánchez lo rubricó con su firma en el protocolo que autorizaba a la SEPI a ese tipo de operaciones con dinero público.

En concreto, el pasado 11 de febrero, El Debate recibía, tras la investigación llevada a cabo durante doce meses acerca del polémico rescate con cargo al Fondo de Rescate creado por el Gobierno para las llamadas Empresas Estratégicas, un nuevo escrito firmado por el Director General de Aviación Civil, Raúl Medina Caballero, que muestra la última jugada ideada por el Gobierno y que no tiene otro fin que el de seguir ocultando a la opinión pública por qué Plus Ultra había recibido ayudas públicas por un importe total de 53.000.000 de euros, estando la sociedad subvencionada envuelta en polémicas contables y societarias de muy diversa índole, que podrían acreditar que la misma no reunía las condiciones necesarias para acceder a tan importante ayuda con cargo a los presupuestos del Estado.

La investigación llevada a cabo por El Debate se centró en dos frentes; por un lado, preguntando a la SEPI y requiriendo de ésta el acceso a todo el expediente administrativo de la ayuda concedida, tal y como publicó este periódico el pasado 8 de febrero.

La SEPI contó con la ayuda del Ministerio de Hacienda de María Jesús Montero, amparándose ambas en la protección de los intereses comerciales y el deber de confidencialidad que debían guardar en este asunto.

Sin embargo, la SEPI se vio obligada, a resultas de la investigación, a dar traslado a la propia aerolínea y que ésta manifestara su propia opinión, a pesar de la numantina defensa orquestada por el Gobierno. Plus Ultra se negó a que este expediente se hiciera púbico.

Por otro lado, El Debate requirió del Ministerio de Transportes la entrega de los informes elaborados por el Ministerio dirigido por aquel entonces por Ábalos, claves para que Plus Ultra obtuviera finalmente el millonario rescate.

El ministro Ábalos, destituido fulminantemente el pasado verano por el presidente Sánchez, manifestó no tener conocimiento alguno de tales informes, documentos que integraban el expediente que, en tanto miembro del Consejo de Ministros, fue aprobado por el Gobierno.

Aun así, la Dirección General de Aviación Civil resolvió que tales informes no podían ser publicados para su conocimiento por la opinión pública por el perjuicio que para la garantía de la confidencialidad tendría, para más adelante añadir que resultaba de aplicación al citado rescate la Ley de Secretos Oficiales, de 1968, considerando este expediente «materia clasificada».

La estrategia del Gobierno frente la investigación llevada a cabo por El Debate, que se viene alargando desde hace ya un año, precisamente por las múltiples cortapisas gubernamentales trabadas, con el fin de que esta operación no trascendiera de manera pública, sufrió un serio revés con la resolución 549/2021 de 23 de diciembre del Consejo de Transparencia al afirmar que:

«Resulta por tanto innegable que, en este caso, existe un elevado interés público en conocer los informes elaborados en el Departamento ministerial», añadiendo que «en el presente caso, el interés público en conocer los informes (…) es palmario».

La sorprendente respuesta del Gobierno

Tras fracasar el intento gubernamental por ampararse en la Ley de Secretos Oficiales, aprobada hace más de medio siglo por Franco, y dar cobertura legal a su negativa a que se haga público el porqué de tan polémico rescate, en un nuevo intento de retrasar la obligación que pende sobre el Gobierno de Sánchez, el Director General de Aviación Civil, Raúl Medina Caballero, funcionario de carrera del Cuerpo de Ingenieros Aeronáuticos, dictaba una resolución el pasado 11 de febrero por la que acordaba la realización de actuaciones complementarias en los siguientes términos:

«Dar traslado al Juzgado de Instrucción n.º 15 de Madrid, en relación con las Diligencias Previas 597/2021, del expediente que se está tramitando para permitir el acceso al Informe de la Dirección General de Aviación Civil de 24 de febrero de 2021, emitido para SEPI en el procedimiento de concesión de ayuda con cargo al Fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas, previsto en el artículo 2 del Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, de medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y el empleo, (expte. 001-056800); a fin de que dicho Juzgado pueda pronunciarse sobre los siguientes extremos:

»a) Si el precitado informe de 24 de febrero de 2021 de esta Dirección General forma parte de las Diligencias previas 597/2021 y, en tal caso, si se ve afectado por el carácter reservado de las mismas.

»b) Si, en tal caso, conceder el acceso parcial al informe en los términos de la ponderación realizada conforme a lo previsto en el artículo 14.2 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, supone una revelación indebida del contenido del sumario o afecta a algún derecho que ostenten las partes que intervienen en dichas diligencias previas.

»A tal fin, se adjunta a este escrito el Informe al que se daría acceso parcial, en cumplimiento de lo previsto en la citada Ley 19/2013, de 9 de diciembre».

De manera sorprendente, el alto cargo del Gobierno fija un plazo máximo para la jueza que instruye las diligencias previas del proceso penal en orden a determinar si se ha incurrido en delitos tales como prevaricación y malversación de fondos en el rescate aprobado por el Consejo de Ministros, al señalar en su escrito que:

«Igualmente, se pone en conocimiento del Juzgado, que, atendiendo al lazo máximo para la realización de estas actuaciones complementarias, de no recibirse indicación en contrario dentro del plazo de un mes, se entenderá que no se formula objeción a que se permita el acceso a dicho informe».

El Juzgado de Instrucción nº 15 de Madrid ha abierto una pieza separada en relación a este escrito del Director General de Aviación Civil, quien de este modo pretende retrasar el cumplimiento de lo ordenado dejando en manos del juez lo que ha sido ya ordenado.