Salvador Viada: «Delgado actúa como si la Fiscalía fuera un sultanato»

Salvador Viada, fiscal desde 1984 y juez excedente desde esa misma fecha. Entre los años 1995 y 2003 obtuvo su plaza en la Fiscalía Anticorrupción, fecha en la que pasó a formar parte del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia, entre 2003 y 2006. Desde entonces ejerce como fiscal del Tribunal Supremo. Además, es profesor asociado de Derecho Procesal en la Universidad de Alcalá.

–Voy directa al grano, ¿estamos ante la peor Fiscalía General del Estado que usted recuerda?

–Puede no ser la peor, porque aquí hemos tenido algunos precedentes malísimos, pero desde luego está en el furgón de cola por cómo se proyecta la actuación del Ministerio Público hacia afuera y, de puertas adentro, respecto de los derechos y las garantías de los fiscales. En los dos ámbitos, desde nuestro punto de vista, se está fallando con unos modos que no son aceptables, a pesar del buen talante personal de la fiscal general porque lo tiene.

–¿En esos modos se incluye la política de nombramientos? ¿Está favoreciendo Dolores Delgado a fiscales afines para determinados puestos?

–Dolores Delgado está monopolizando la jerarquía de la institución. Todo lo que se refiere a los niveles máximos del escalafón, los fiscales de Sala, están vetados a cualquiera que no sea de la Unión Profesional de Fiscales (UPF) o relacionado directamente con ella. No diré que las opciones sean imposibles, porque de vez en cuando entra alguien que no tiene vinculación, pero está siendo un auténtico mercado persa. En lugar de anteponer los intereses generales de la Carrera y establecer un criterio objetivo de nombramientos se está, efectivamente, monopolizando con afines la máxima jerarquía de la institución. ¿Está siendo un escándalo? Sí.

–¿Es el Supremo, a punto de resolver sobre el recurso de su asociación (APIF) y de la Asociación de Fiscales (AF) contra alguno de ellos, la única manera de contener esos desmanes?

–La Sala Tercera del Tribunal Supremo, tradicionalmente, ha sido reacia a entrar en la discrecionalidad de este tipo de nombramientos. Pero ante un abuso tan general y con los jueces diciendo que hace falta una motivación más extensa y clara para justificarlos pues a lo mejor es el momento de hacerlo, en un sentido o en otro. Ojalá vayan al fondo y establezcan reglas que no se pueden saltar.

–¿No hay ningún criterio para evitarlo?

–Lo que importa, en cada caso concreto, es lo que responde al perfil o a las cualidades que tiene aquel al que se quiera nombrar. Si hace falta un fiscal veterano, un fiscal veterano de la UPF. Si hace falta una mujer, una mujer de la UPF. Si tiene que ser joven, o especialista o todo lo contrario..., lo mismo. Los méritos, en general, no se valoran. Eso propicia la arbitrariedad porque siempre hay argumentos. A mí me parece que es groseramente arbitrario, pero lo maquillan. Por eso esta próxima decisión del Supremo, ahora, puede abrir un camino.

–¿Habría estado bien que se fijasen esas reglas con la propia idoneidad de Delgado?

–El fiscal general del Estado es un cargo discrecional de carácter político, con una serie de requisitos formales, nombrado por el Gobierno. Desde mi punto de vista, deberían establecerse una serie de garantías para establecer la imparcialidad en las causas del Estado. Y, eso, sólo puede hacerse abriendo el espectro de entidades o personas o partidos que deciden sobre la idoneidad del candidato.

Una elección parlamentaria con mayoría cualificada abriría la puerta a consensuar la figura. La designación directa del fiscal de Estado, como está ahora, propicia estas situaciones. En el caso concreto todavía peor porque alguien que sale de ser ministro de Justicia y pasa, inmediatamente, y sin solución de continuidad, a ser fiscal general, no tiene ninguna credibilidad en lo que se refiere a su imparcialidad. Todos recordamos a Dolores Delgado haciendo alegaciones durísimas contra la oposición, siendo ministra de Justicia. ¿Cómo puede ahora decir que ya no le importa una cosa ni otra?. A lo mejor ella se siente imparcial, pero no da esa apariencia.

–¿Es tal la dependencia de la Fiscalía hacia el Gobierno como el propio Sánchez reconoció o sólo en el caso particular de Delgado por haber sido exministra?

–Vivimos en una enorme hipocresía porque, con arreglo a la ley, el fiscal del Estado no depende del Gobierno. De hecho el nombramiento es irreversible durante el tiempo previsto. Además, si el Gobierno se quiere relacionar contigo, tiene que hacerlo por escrito según la Ley de Garantías Internas. Eso es la ley. Y, claro, luego están los hábitos. Cuando se elige a alguien de toda confianza, que externamente no ofrece ninguna imagen de imparcialidad, aunque su actuación esté protegida por la ley, pues... como dijo Sánchez, quien nombra espera tener capacidad de influir. Puede salir el fiscal del Estado respondón y plantarse. Que yo recuerde no ha sucedido nunca.

La falta de idoneidad de Delgado se da porque no parece imparcial. Ése es el tema

–Conocemos las polémicas de Dolores Delgado pero... ¿cuál es la percepción de los miembros de la Carrera fiscal?

–Yo no hablo con todos los fiscales, hablo con un círculo en el que son mayoría los que la critican, de un modo u otro, esa forma de proceder, la legitimidad del nombramiento, la idoneidad de Dolores Delgado. Habrá gente que la vea de otra manera. Por ejemplo, la Unión Progresista de Fiscales . La verdad es que ella tenía su popularidad antes de todo este ciclo político en el que se ha metido. Era una fiscal que tenía un gran atractivo personal, muy simpática y agradable. Ahora no. Creo que ya es difícil verla como una fiscal y solo una fiscal.

–¿Cuánto ha influido en el archivo de Anticorrupción sobre las investigaciones de Don Juan Carlos?

–No puedo dar una opinión sobre el tema porque no lo conozco. Lo que sí sé es que, en otro caso semejante, sí se ha alargado la instrucción de manera, digamos, oscura. Es el caso del fiscal Ignacio Stampa. Ha habido una serie de movimientos de la Fiscalía General del Estado para alargarlo.

–¿El 'caso Stampa' es uno de los escándalos que más la ha comprometido? ¿Ha llegado a dar explicaciones en el Consejo Fiscal?

–No. Ha dado sus explicaciones pero no las ha documentado. Es decir, ha dicho que ella no ha intervenido cuando está acreditado que sí lo hizo, por ejemplo, en la prórroga de las diligencias. Ha intervenido cuando el fiscal jefe de Madrid le iba enviando información y se la mandaba a ella, no a su mano derecha, que es quien da la cara. Quedan muchas incógnitas por despejar porque si todo está bien, ¿por qué no se aclara?. Es un asunto muy feo en la actuación interna de la fiscal general. No se pueden desconocer el conjunto de garantías que tienen los fiscales en su trabajo, de la manera tan grosera que se ha hecho aquí. Pero como el fiscal jefe de Estado tiene el poder de decidir lo que quiere dentro de la institución... actúa como si fuera un sultanato.

Lo de 'Stampa' ha sido una jugada muy sucia, tratar de involucrar a terceros para legitimar una acción oscura de la fiscal general, con engaños. Ella dice que son difamaciones, pero es que los papeles demuestran que no. Ha utilizado a su mano derecha Álvaro García y así estamos. Hay gente que me dice, bueno, déjalo ya. Pero no se puede dejar pasar porque es gravísimo. Si esto pasa por una decisión de la Fiscalía del Estado a uno de sus miembros, le puede pasar a cualquier ciudadano en cualquier momento, con menos defensa todavía, porque los fiscales todavía conocemos un poco cómo funciona esto.

–¿Y funciona por igual? ¿Se investigan por igual los abusos, por ejemplo, si los cometió la Iglesia que si los cometió cualquier otro?

–Los abusos de la Iglesia son una auténtica vergüenza. Que se hayan podido producir en una institución religiosa en que muchos padres confíaban para dejar a sus hijos... La buena noticia es que ya hay causas abiertas para aquellos que no han prescrito. La fiscal general del Estado lo que ha pedido es una recopilación de todos los asuntos que se hayan producido. ¿Puede hacerlo? Puede. Yo lo que quiero como fiscal es que todos los abusos uno detrás de otro, los que sea posible, sean perseguidos, castigados y condenados y condenados con todas las garantías, naturalmente, y que sean si se ha producido y se pueden demostrar.

- Sobre el Plan de Prevención de Riesgos Laborales, por e que ustedes pleitearon contra Llop y Delgado, han perdido...

- Es que creemos que seguimos sin plan. Esa es la realidad. Y la mayor situación de riesgo para la salud de los fiscales en el trabajo es la sobrecarga, tampoco hay nada establecido en relación a la protección de las mujeres embarazadas que en ese tiempo ponga en evidencia. Entonces, en ese contexto nos hemos encontrado con esta situación incómoda, indeseada para todos.

- ¿Y el Código Ético del Ministerio Fiscal, no prevé para todas estas cuestiones controles internos?.

- No tenemos Código Ético. El hecho es el hecho es que no hay una serie de normas de referencia analizadas por un organismo elegido por los propios fiscales, que podría establecer cuando se infligen esas reglas que no son leyes, pero obligan a cumplir una serie de pautas de conducta correctas. Puede haber un peligro porque algunos de los comportamientos que le estaba hablando aquí entrarían de lleno dentro del ámbito de competencias de la Comisión de Ética. Es decir, el no respetar las reglas de transparencia necesarias, el traicionar constantemente los principios de mérito y capacidad y desconociendo los méritos de otros...