El boicot de ERC, Bildu y el PNV a la Ley de Memoria Democrática pasa factura a Sánchez

Los socios de Pedro Sánchez han vuelto a invocar el fantasma de Francisco Franco. El pleno del Congreso debatirá este martes una proposición de ley que firman ERC, el PNV, Bildu, Más País, Compromís, Junts per Catalunya, la CUP y el BNG para juzgar los crímenes del franquismo. En otras palabras, para dejar sin efecto la Ley de Amnistía de 1977, una de las obsesiones de la izquierda.

Con esta proposición de ley, la mayoría Frankenstein quiere meter presión al Gobierno de coalición y su Ley de Memoria Democrática, que ha encallado en la Cámara Baja por falta de apoyos parlamentarios. Precisamente porque Esquerra la considera insuficiente, en tanto que «perpetúa la impunidad» del franquismo, según Gabriel Rufián.

El debate y la votación de este martes colocan al PSOE y a Unidas Podemos en una posición complicada. Y no solo porque hayan perdido la iniciativa en un asunto –el franquismo– del que el Ejecutivo siembre ha tratado de hacer bandera; sino porque además ambos socios deberán mostrar su rechazo a la proposición de ley. Y justificarlo.

El trago será especialmente amargo para Unidas Podemos, que lleva años pidiendo que se juzguen los crímenes del franquismo. No hay camino bueno para el grupo de Pablo Echenique en esta encrucijada: si se abstiene, abrirá una nueva grieta con el PSOE, que votará en contra. Si vota en contra, abrirá una nueva grieta con ERC y Bildu, dos partidos con los que está tratando de recomponer relaciones tras el episodio de la reforma laboral (especialmente con Esquerra).

La proposición de ley que irá al pleno aboga por introducir un nuevo artículo en el Código Penal, el 2 bis, con la siguiente redacción: «Lo dispuesto en los dos artículos precedentes no impedirá el juicio ni la condena de actos u omisiones que, en el momento de su comisión, constituían, según el derecho reconocido por las naciones que conforman la comunidad internacional, los delitos señalados en los capítulos II, II bis, III y IV, del Título XXIV del Libro II de este Código Penal».

Los grupos proponentes denuncian la impunidad de la dictadura

En su exposición de motivos, los grupos parlamentarios proponentes denuncian el «mantenimiento de una situación de impunidad derivada de la falta de investigación de los crímenes contra la humanidad cometidos por la dictadura franquista y el enjuiciamiento de sus responsables».

Y afirman que a las víctimas de la dictadura y a sus familiares les ha de ser reconocido, «de forma eficaz, su derecho de acceso a la Justicia –derecho a la tutela judicial efectiva– conforme a los estándares exigidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos».

Durante su defensa, los portavoces de ERC, Bildu, el PNV y el resto a buen seguro aprovecharán para restregar al Gobierno que mantenga su Ley de Memoria Democrática durmiendo el sueño de los justos en el Congreso.

Allí llegó el proyecto de ley el pasado mes de julio procedente de la mesa del Consejo de Ministros. En octubre, éste superó el trámite de enmiendas a la totalidad que presentaron el PP, Vox y ERC. Los tres querían, por diferentes motivos, que la Ley de Memoria Democrática del Gobierno no siguiera su tramitación.

Ya aquel día, Rufián espetó al ministro de la Presidencia: «Nos trae una ley de memoria sin memoria. Es una vergüenza, 14 años después. ¿Por qué ustedes son tan cobardes?».

Por su parte, el portavoz de Vox, el diputado Francisco José Contreras –catedrático de Filosofía del Derecho–, sostuvo: «Su ley suprime la libertad de asociación, la libertad religiosa, de reunión, de cátedra y expresión. Establece cauces para un constante adoctrinamiento (…). Cimentan la eterna supremacía moral de la izquierda, persiguen grabar a fuego que la izquierda es sinónimo de democracia y libertad y la derecha de fascismo y represión».

La enmienda más controvertida

Después de ello, en noviembre el PSOE y Unidas Podemos pactaron varias enmiendas parciales con la esperanza de ablandar a Esquerra y conseguir su voto. Entre ellas, una que provocó una enorme polémica. Se trataba de incluir un apartado dentro de la Ley de Memoria Democrática en el que se declarara que los crímenes de lesa humanidad, genocidio y tortura que se cometieron durante el franquismo no gozarán del blindaje de la Ley de Amnistía.

Unidas Podemos se felicitó porque, según interpretaron los morados, ello abría la puerta a juzgar y condenar a autoridades, funcionarios y agentes del orden público durante el franquismo que queden vivos. Pero el ministro de la Presidencia no tardó en matizar que esa enmienda no tendría efectos prácticos porque no derogaba la ley del 77, sino que ratificaba su vigencia.

Hasta ahora, para el PSOE la Ley de Amnistía ha sido una línea roja, porque derogarla iría contra su propia historia. Los socialistas impulsaron esa ley junto a la UCD, el PCE y los nacionalistas del PNV y CiU (Alianza Popular se abstuvo).

Desde finales de 2021, la Ley de Memoria Democrática sigue totalmente estancada. El Gobierno no puede encontrar una mayoría alternativa para aprobarla que pase por Ciudadanos, porque para ello necesitaría al PNV. Y los de Aitor Esteban no están por la labor.

Nuevamente, las peticiones de máximos de los socios parlamentario de Sánchez son un problema para un Ejecutivo con una mayoría tan precaria. El jueves pasado, Rufián hizo sudar al Gobierno al amagar con bloquear la tramitación de su Ley de Vivienda, y por tanto con matarla antes de nacer. Finalmente ERC le perdonó la vida, aunque a partir de ahora tendrán que negociar.