Dos correos internos demuestran que Delgado intervino personalmente en el caso Stampa

Malos tiempos para Dolores Delgado. Dos correos internos intercambiados en el seno de la Fiscalía General del Estado, desde la cuenta del fiscal superior de Madrid Jesús Caballero Klink, con destino al fiscal jefe de la Secretaría Técnica de la FGE, Álvaro García Ortiz demuestran que -en contra de lo que la propia Delgado defendió en el Pleno extraordinario del Consejo Fiscal del pasado 24 de noviembre de 2021- la titular del Ministerio Público intervino personalmente en las diligencias de investigación, prorrogadas de manera artificial, que sirvieron para denegar al fiscal Ignacio Stampa, al frente del 'caso Villarejo', una plaza fija en Anticorrupción.

Según ha podido saber El Debate por fuentes próximas a la causa judicial que Stampa libra en el seno del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), el fiscal jefe de la Secretaría Técnica de la FGE, Álvaro García Ortiz, habría entregado a su compañero de Carrera un CD con documentación relativa a su expediente. Dentro de la misma se encontrarían, al menos, un par de mails internos -con un informe como archivo adjunto a uno de ellos- en los que quedaría acreditado que Delgado participó en las «recomendaciones» de su círculo más directo al instructor de la causa abierta contra Stampa en el seno de la Fiscalía, por revelación de secretos.

Las directrices para alargar las diligencias partieron, según dicho informe, de sugerencias de la propia fiscal general que fue puntualmente informada del estado de las actuaciones y que mintió al Consejo Fiscal sobre este extremo ya que, en un Pleno extraodinario convocado para dar explicaciones del caso, aseguró que «no tuvo intervención alguna» en el tema. Una versión que ahora desmonta el informe de dos páginas al que ha tenido acceso El Debate.

No en vano, tal y como publicó El Debate en exclusiva, la Abogacía del Estado -que defiende los intereses del Ministerio que dirige Delgado, ante el TSJM- trató, con esta entrega documental de cerrar el caso y lograr la absolución de la fiscal general, alegando «satisfacción extraprocesal» al fiscal Stampa, con la entrega de dicha información.

Sin embargo, el contenido de las actuaciones internas puesto a disposición de Stampa, en el marco de las actuaciones judiciales abiertas contra la Fiscalía General del Estado, no han hecho más que revelar cómo Caballero Klink respondió, el 4 de diciembre de 2020, a una solicitud «urgente» de Delgado en la que se le requería la actualización del estado de las invesigaciones -número 32/2020- seguidas contra el entonces fiscal Anticorrupción.

Y todo porque la pareja sentimental de Delgado, el exjuez Baltasar Garzón aparecía reflejado en el sumario de 'Tándem' mientras su despacho profesional, Ilocad, ejerce la defensa de varios imputados en el 'caso Tándem' de la Audiencia Nacional -donde Stampa era uno de los dos fiscales encargados-. Motivo por el que la fiscal general debió abstenerse de interferir, directa o indirectamente, en cualquiera de las actuaciones seguidas a riesgo de incurrir en un grave conflicto de intereses.

El Consejo Fiscal

El llamado caso Stampa irrumpió en el Consejo Fiscal del pasado 24 de noviembre de 2021 como un elefante en una cacharrería. La propia fiscal general del Estado, Dolores Delgado, se encargaba de abrirle la puerta del Pleno a la polémica en la que se había visto envuelta tras exigirle los fiscales que explicase las informaciones que la señalaban como la responsable de la salida de su compañero Ignacio Stampa -al frente de la macrocausa Tándem, comunmente conocido como 'caso Villarejo', en la Audiencia Nacional- de Anticorrupción.

Sin embargo la versión de Delgado, lejos de convencer a los miembros de la carrera confirmó «su falta de credibilidad ante la opinión pública». Así lo manifestaban los vocales electos a propuesta de la Asociación de Fiscales en un durísimo comunicado al que tanía acceso El Debate. «Somos conscientes de la preocupación generalizada de toda la Carrera por los últimos acontecimientos que están dañando su imagen y a la propia Institución. Su exposición continua ante la ciudadanía derivada de su forma y manera de proceder y entender la Institución son la raíz del problema», denunciaban.

Los consejeros electivos de la AF que, hasta entonces, habían mantenido un perfil bajo en el asunto «fundamentalmente, con objeto de tener mayor conocimiento de causa sobre lo acontecido partiendo de las explicaciones que pudiéramos recibir y la eventual documentación puesta a nuestra disposición», no dieron veracidad a la intervención de la fiscal general.

Su intento por centrar las presuntas irregularidades cometidas en el caso del fiscal Ignacio Stampa, «en el nombramiento para un cargo determinado de una persona determinada, sobre el que no se pregunta y ni siquiera ha sido recurrido por el interesado, no conduce a nada» aseguraron desde la AF. Y añadieron: «El debate se centra, y es lo que verdaderamente interesa a la opinión pública, en aclarar las graves acusaciones que se realizan contra la Excma. Sra. Fiscal General del Estado» para las que ésta no ha ofrecido una respuesta adecuada.

Por ello solicitaron a Delgado, en su calidad de consejeros, que se les diese traslado de documentación detallada y por escrito sobre todo lo ocurrido en el expediente abierto a Ignacio Stampa por un presunto delito de revelación de secretos que resultó finalmente archivado: «No sólo de los abogados intervinientes en las Diligencias Previas 96/17 del 'caso Villarejo' en el Juzgado Central de Instrucción número 6, donde el fiscal fue el encargado de su llevanza desde su incoación, sino datos sobre si el despacho de Baltasar Garzón, actual pareja de la fiscal general, ha ejercido la defensa de alguno o algunos de los investigados».

Cerco a la fiscal general

La información ha trascendido, precisamente, en el marco de un mes delicado para la fiscal general del Estado ya que, en las próximas semanas el Supremo tendrá que pronunciarse sobre la «idoneidad» de su política de nombramientos. Sendos recursos planteados por la Asociación de Fiscales, mayoritaria en el Consejo Fiscal, y el del propio interesado, José Miguel de la Rosa Cortina -perjudicado en la elección de Delgado para la plaza de fiscal de Sala jefe de la Unidad Coordinadora de Menores- serán resueltos por la Sala Tercera del Alto Tribunal, tal y como avanzó El Debate.

Además, Delgado se enfrenta al pleito abierto contra ella por el propio fiscal Stampa, quien recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) para que el Ministerio Público le entregue la totalidad de los documentos incluídos en su expediente de investigación interna. Una causa en la que la Abogacía del Estado ha apoyado la posición de la fiscal general para la que ha pedido la absolución por «satisfacción extraprocesal» a Ignacio Stampa, según publicó El Debate en exclusiva. Esto es, porque la versión oficial de la Fiscalía es que al fiscal ya se le entregaron todos los documentos.

Sin embargo, hasta la fecha, los fiscales no han creído a Delgado de forma mayoritaria. Tampoco sus explicaciones han parecido suficientes para colmar las lagunas y el oscurantismo con el que la Fiscalía ha gestionado un asunto sumamente delicado por las implicaciones que tiene para la institución -encargada de la defensa de la legalidad en nuestro país- la toma de decisiones arbitrarias, sin la motivación necesaria y «carentes de toda seguridad jurídica» para los miembros de la Carrera.

No en vano, el pasado 3 de febrero cinco vocales del Consejo Fiscal recurrieron ante la Justicia la decisión de Delgado de denegarles el acceso a parte de la información del expediente instruido contra Stampa que, finalmente, no llegó a nada. Los miembros que representan a la mayoritaria Asociación de Fiscales, en el seno del órgano consultivo de la fiscal general del Estado, decidían llevarla a los tribunales ante su negativa a darles la documentación solicitada en el caso Stampa. Y, para ello, el abogado de la entidad profesional mayoritaría preparó el contenido de la demanda del recurso contencioso-administrativo que en esa misma fecha se presentó ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).