Ione Belarra, actual ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, durante una sesión parlamentaria como diputada de Podemos, el 11 de octubre de 2017
Tribunales
El Supremo decidirá este jueves sobre el futuro de la ministra Belarra por 'calumniar' a sus jueces
Cinco magistrados, con el juez Pablo Llarena al frente, deliberarán a finales de semana sobre la querella presentada contra la secretaria general de Podemos, que acusó de «prevaricar» a varios miembros del Alto Tribunal
El Supremo está listo para tomar una decisión sobre las manifestaciones de la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, que el pasado 22 de octubre de 2021, en su cuenta oficial de Twiter, acusó a los magistrados del Alto Tribunal de «prevaricar». La secretaria general de Podemos criticó, en estos términos, a los jueces responsables de la sentencia que condenó al exdiputado de Podemos Alberto Rodríguez, por patear a un policía en 2014, a un mes y medio de prisión –sustituida por una multa de 540 euros– y la pena accesoria de inhabilitación especial , durante el tiempo de la pena. El efecto inmediato e irrevocable fue la pérdida de su acta parlamentaria por inelegibilidad sobrevenida.
Como avanzó El Debate en primicia, la Sala Segunda de lo Penal ha tenido que conformar un tribunal adaptado, recurriendo, incluso, a un magistrado de refuerzo, de entre los miembros de la Sala Civil –Francisco Arroyo– para evitar la participación de cualquiera de los jueces que tuvieron una intervención directa en la instrucción o en la confección del fallo de la sentencia dictada contra Rodríguez.
El presidente de la Sala, Manuel Marchena, y siete de sus compañeros –Susana Polo, Leopoldo Puente, Miguel Colmenero, Juan Ramón Berdugo, Vicente Magro y Carmen Lamela– se apartaron, voluntariamente, del enjuiciamiento de la causa abierta contra Belarra por su interés directo en la misma, como destinatarios de las declaraciones de la ministra, y buscaron la fórmula para designar a quienes tendrán que pronunciarse si procede investigar a Belarra por sus graves afirmaciones.
A todos ellos se unía el instructor de la causa contra Alberto Rodríguez, Antonio del Moral, quien también se autodescartó para constituir el tribunal en el marco de un Supremo mermado por las bajas, un total de catorce sin cubrir, repartidas entre las distintas Salas, tras la parálisis impuesta por el Gobierno al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que –en funciones prorrogadas– no puede hacer nuevos nombramientos.
Finalmente, y tras cumplir los formalismos propios del proceso penal, un quinteto de jueces ajenos a la cuestión de inicio, con Pablo Llarena al frente, tomará a finales de esta misma semana una decisión sobre el futuro judicial de Belarra a quien la fundación querellante –Foro Libertad y Alternativa (L&A)– pide condenar por sus «calumnias» sobre el Alto Tribunal en redes sociales. Un delito específico contra las instituciones del Estado.
La Fiscalía se opone a investigar
Por su parte, en un escrito presentado el pasado día 3 de febrero, la Fiscalía se pronunció en contra de la admisión de la querella interpuesta contra la ministra de Derechos Sociales. Una recién llegada número dos de Dolores Delgado en el organigrama del Ministerio Público, la teniente fiscal del Supremo Ángeles Sánchez Conde, fue la encargada de informar del asunto oponiéndose a investigar a la líder de Podemos tras la salida de Pablo Iglesias.
El Ministerio Público considera que las declaraciones de Ione Belarra quedan protegidas por el ejercicio de la libertad de expresión en el marco de la representación política y, por tanto, solicita al Supremo que archive, sin más, la querella de Foro Libertad y Alternativa. Los magistrados competentes, que se reúnen este jueves, tendrán la última palabra.