La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.
El TSJC anula la Zona de Bajas Emisiones impulsada por Ada Colau
El tribunal considera que excede el ámbito geográfico de implementación y se basa en datos imprecisos
Revés judicial para la alcaldesa de Barcelona. Y es que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha anulado la ordenanza municipal de Zona de Bajas Emisiones (ZBE) al considerar que faltan «informes que avalen algunas restricciones, exceso del ámbito geográfico de implantación y demasiada restricción del tipo de vehículos afectados». De esta forma, el tribunal ha estimado seis recursos presentados por diez colectivos. Esta ordenanza, que se aprobó a finales de 2019 y entró en vigor en enero de 2020, restringía la circulación a los vehículos sin etiqueta medioambiental a considerarlos más contaminantes.
El tribunal se basa, por un lado, en cuestiones económicas. Considera rígido el sistema de distintito ambiental, que se produce por el dato de antigüedad del vehículo, «en el sentido de que no hay un sistema alternativo para que los vehículos obtengan o progresen en el distintivo ambiental». Y por este motivo, los jueces creen que la ordenanza afecta especialmente «en los titulares con menor capacidad económica para renovar su vehículo», también incluye a autónomos, microempresas o pymes.
Además, los magistrados argumentan que sólo se ha ponderado «la equivalencia entre menor uso del vehículo (clases sociales más vulnerables o por razón de género) con mayor beneficio derivado de la mejora de la calidad del aire". E insisten los jueces en que esta limitación de la movilidad “afecta especialmente a los colectivos que no tienen capacidad para renovar el vehículo, singularmente a los residentes y profesionales», lo que, según el TSJC, no se ha valorado en el expediente.
En la sentencia también se recoge que, a la hora de elaborar la ordenanza, se han usado datos «no actualizados» y éstos se han presentado de forma imprecisa.
Algunos de los colectivos que han presentado los recursos han sido la Plataforma de Afectados por las Restricciones Circulatorias, la Asociación de Familias Numerosas de Catalunya, o la Asociación de Empresarios de Transporte Discrecional de Catalunya (Audica).
Hay que tener en cuenta, según el primer balance que ha hecho el Ayuntamiento sobre la aplicación de esta ZBE, que se ha reducido un 40% la circulación de vehículos más contaminantes respecto a 2017, o lo que es lo mismo, 609.000 desplazamientos menos y una reducción de los niveles de NO2 del 11%.
En el capítulo de reacciones, desde el Govern, la consejera de Agricultura, Teresa Jordà, ha acusado al TSJC de «condicionar un nuevo consenso político» al anular esta ordenanza municipal. Desde Ciutadans piden anular las sanciones en trámite por la ZBE hasta que haya «seguridad jurídica», y desde Valents consideran que la ordenanza era «pésima». El Gremio del Motor, por otro lado, exige el «cumplimiento inmediato» de la sentencia.