El TSJC da diez días al fiscal para que acuse formalmente a Laura Borràs de malversación

Un total de 330.442 euros divididos en varios contratos inferiores a 18.000 euros cada uno. El juez del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña Josep Seguí, que instruye el caso de la presunta malversación de fondos públicos de la presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha cerrado la investigación y dado un plazo de diez días al fiscal para que, si lo considera oportuno, formalice su acusación contra la política por malversación. Así lo ha hecho constar en un auto dictado el pasado día 14 de marzo al que ha tenido acceso El Debate.

El magistrado ha concluido la instrucción de la causa en la que Borràs está imputada por favorecer, presuntamente, a un amigo, Isaías Herrero, con quien, según el juez, acordó, entre marzo de 2013 y febrero del 2017, trocear la prestación de servicios informáticos inventados hasta en 18 contratos menores, reflejando en las facturas emitidas por éste a la Institución de las Letras Catalanas (ILC) –que, por entonces, lideraba Borràs– importes ficticios.

En la resolución, dictada por el juez Seguí, la que actualmente es presidenta de la Mesa del Parlamento de Cataluña «abusó de las funciones que tenía reconocidas», dictando «resoluciones injustas» para que las adjudicaciones otorgadas a favor de su amigo, Herrero, no tuviesen que pasar el filtro tanto del sector público como de la concurrencia pública. Un método por el que Borràs –«en plena consciencia de que entraban en contradicción con las exigencias de la legislación» vigente– atendió a los intereses de su amigo «en detrimento de la defensa de los intereses generales» de los ciudadanos que son, en último término, los titulares de los fondos del erario público.

Así se desprende tanto de los diferentes correos electrónicos intercambiados por ambos implicados como de las conversaciones telefónicas intervenidas por los Mossos a quienes, en un principio, abordaron el arranque de las pesquisas. Unas comunicaciones que han salpicado, también, a otras dos personas –A.P. quien facilitó sus datos fiscales para presentar los presupuestos trufados, y R.E., trabajador de ILC que, supuestamente, facilitó en la práctica los trámites administrativos orientados a la contratación irregular– y de las que cuelgan «indicios suficientemente sólidos de la concertación entre los dos» principales acusados «para defraudar», adjudicando a Herrero trabajos sin competencia alguna y sin fiscalizar.

El procedimiento judicial ha estado abierto, hasta la fecha, por varios delitos de malversación, continuado de prevaricación, fraude administrativo y falsedad en documento mercantil que, a la luz de las actuaciones seguidas contra Borràs, se cometieron cuando ésta era directora de la Institución de las Letras Catalanas (ILC). Ahora, corresponde al fiscal «para que en el término de diez días solicite la apertura del juicio oral formulando escrito de acusación o de sobreseimiento de la causa o, excepcionalmente, la práctica de las diligencias que considere indispensables para formular acusación».

«Tú presentate a los cuatro y ganas uno»

Los mensajes cruzados entre Borràs y Herrero son explícitos. Entre ellos, un correo en el que la política explica a su amigo el modus operandi a seguir para salir airosos de la maniobra y en el que le confirma cómo tienen que hacerse tres presupuestos para cada una de las personas o empresas diferentes: «Yo había pensado que podríamos hacer que tú te presentes a los cuatro y sólo ganes uno, el más económico de la serie, la cooperativa ídem, APM gestión ídem». Una terna en la que se habría concertado, tanto con A.P. como con una cooperativa madrileña, la participación de terceras empresas para simular una competencia que, en realidad, nunca existió. «Si tu haces los cuatro vuestros, yo hago los otros. ¿Te parece bien?», preguntó Borràs a Herrero.

Asimismo, el 6 noviembre del 2017, Herrero presumía en un pinchazo telefónico de que tenía «una de marrones...» y en la que aludía a cómo «con la Borràs, con la jefa, yo facturo con la cooperativa, facturo unos trapis para allí (...) He de hacer dos presupuestos buenos y cuatro de no buenos». «Lo peor es si Borràs deja de ser directora», apostillaba. No en vano, según el auto del juez Seguí, «los indicios acumulados a la instrucción muestran la confección y posterior presentación por parte de Isaías Herrero hacia la ILC de presupuestos atribuidos a personas físicas y jurídicas que han negado su intervención en dichos documentos así como la realidad de la oferta reflejada en cada uno » de ellos.