Los nombramientos de Delgado, a examen el próximo 5 de abril

Dolores Delgado ha conseguido renovar todas las plazas vacantes disponibles en el seno de la Carrera antes de que el Supremo se pronuncie sobre su política de nombramientos. En un Pleno del Consejo Fiscal celebrado este miércoles y jueves –el primero desde que estallasen las mentiras de la titular del Ministerio Público, en el 'caso Stampa'– se designaba a los que serán, durante los próximos cinco años, los responsables de las áreas más relevantes de la Carrera: Audiencia Nacional, Antidroga, Extranjería, Medio Ambiente, Seguridad Vial,... A un lado quedaba la falta de motivación y la arbitrariedad que le achacan en otras decisiones anteriores, tanto la mayoritaria Asociación de Fiscales (AF) como uno de los candidatos a un puesto rechazado con mejor perfil y trayectoria que el elegido para ocuparlo. Sin embargo, el próximo día 5 de abril el Alto Tribunal tendrá la última palabra.

La Sección Cuarta de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Supremo se prepara, en esa fecha que avanza El Debate en primicia, para resolver los dos recursos planteados contra el nombramiento de Eduardo Esteban Rincón, como fiscal de Sala jefe de la Unidad Coordinadora de Menores. La elección de la fiscal general –cuestionada tanto por la mayoritaria Asociación de Fiscales (AF) como por otro de los candidatos que optaba al cargo, José Miguel de la Rosa Cortina– ha puesto, nuevamente, bajo la lupa de la «idoneidad», los criterios de Delgado para la selección de los perfiles que han de ocupar las plazas de mayor relevancia en el organigrama del Ministerio Público.

Delgado defendió, en su día, la elección de Esteban Rincón exfiscal Jefe de Madrid, por su capacidad para dirigir la circunscripción más numerosa y compleja de todo el país «con gran éxito demostrando su capacidad para generar sinergias positivas y para coordinar, gestionar y motivar grandes equipos». Sin embargo, a juicio de la AF, de la Rosa Cortina, que también se postuló para el mismo cargo, atesoraba una mayor experiencia práctica y mejores conocimientos jurídicos en la materia y, además, ostentaba la categoría de fiscal de Sala, un escalafón superior al del elegido.

No era la primera vez que ocurría. El pasado noviembre, El Debate reveló en exclusiva cómo, la titular del Ministerio Público llamaba a una fiscal barcelonesa, Olalla Vázquez Moraga, para cubrir una vacante en el seno de la Inspección pese a que, según apuntaron a El Debate fuentes próximas al Departamento «lo habían pedido compañeros 1.000 puestos por encima en el escalafón, en una carrera de 2.500 números».

Sea como fuere, lo que resulta evidente entre la mayoría de quienes fueran sus compañeros, es que la exministra de Justicia continúa con un plan que no hace más que consolidar el monopolio de sus afines, procedentes de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) en la cúpula del Consejo Fiscal. Las últimas, la inspectora jefe, María Antonia Sanz Gaite, y la teniente fiscal del Alto Tribunal, Ángeles Sánchez Conde, ambas miembros natos del órgano colegiado y de la absoluta confianza de la socialista.

Dos recursos, una única sentencia

Tal y como avanzó El Debate, el resultado de la primera deliberación de los magistrados, se centró en una cuestión formal, acumular los dos recursos pendientes para resolverlos en una única sentencia.

La decisión sobre el fondo del asunto tenía, por tanto, que «esperar» a que el ponente del segundo asunto, el del candidato al puesto que fue descartado, «terminase la redacción» del mismo. Un borrador que ya está listo. Fuentes próximas a la causa apuntaron entonces a que la nueva fecha para debatir se fijaría «lo más rápido posible», pero la agenda de señalamientos de la Sala ha obligado al presidente, César Tolosa, a posponer, hasta la primera semana de abril la decisión final.

Los nombramientos discrecionales en la Fiscalía se discuten en el Pleno del Consejo Fiscal, en el que hay miembros de distintas sensibilidades –cinco de la AF y los otros cuatro de la Unión Progresista (UPF)– pero, en último término los nombres de los elegidos son una propuesta discrecional, que no arbitraria, de la fiscal general que propone al Consejo de Ministros a quienes ella considera los más adecuados para ocupar cada vacante.