Las vías de agua de la Fiscalía europea en la investigación del contrato del hermano de Ayuso

El pasado viernes, se hacía público que la Fiscalía europea reclamaba el expediente completo de la investigación que, hasta la fecha, lideraba en solitario Anticorrupción, sobre las presuntas irregularidades en la adjudicación de un contrato de suministro de mascarillas a la empresa Priviet Sportive SL para la hizo algunas gestiones el hermano mayor de la presidenta madrileña. El jefe del Departamento, Alejandro Luzón, se opuso a compartir la información. Una nueva polémica para Dolores Delgado, en forma de conflicto de competencias que tendrá que resolver, hoy, a partir de las 16.00 horas, previa consulta al Pleno de los Fiscales de Sala.

Sobre la mesa la oposición por escrito de Anticorrupción al traslado íntegro de la instrucción de la causa al entender que, los «indicios» de la Fiscalía europea son «endebles» y «no hay base» para apelar al presunto delito de fraude a los intereses financieros de la Unión Europea que ha alegado la fiscal comunitaria en España, Concepción Sabadell, para justificar su petición.

No en vano, las diligencias preprocesales que dirige Luzón apuntan, hasta el momento, en un sentido «contrario a la malversación». Con independencia de si el origen del dinero público fue coméstico o comunitario, es «innegable» que el millón y medio de euros al que ascendió el contrato de Priviet Sportive SL fue «destinado a la compra de mascarillas», coincidiendo por lo tanto con el objeto del contrato otorgado, apuntan a El Debate fuentes próximas al Departamento de Alejandro Luzón.

Por ello, las mismas fuentes mayoritarias en el seno de la Fiscalía apuntan a que no hay espacio para que la Europa entre en el conocimiento de unos hechos que, en todo caso, lo serían de corrupción y asimilables a delitos como el tráfico de influencias, la prevaricación o las negociaciones prohibidas a funcionarios. Si como resultado de las pesquisas que se mantienen abiertas se diese por válida la existencia de alguno de ellos, o similar, habrían sido perpetrados por parte de una Administración española -en el marco de sus «estándares prestacionales» de servicios públicos- y por empleados adscritos a ella. La competencia es, por tanto, exclusiva de la Fiscalía española.

Además, y según avanzan fuentes próximas al Ministerio Público, en la reunión que tendrá lugar este lunes para tomar una decisión al respecto, Dolores Delgado se enfrentará a dos vías de agua importantes en la posición de la fiscal delegada de Europa, Sabadell, sobre la competencia comunitaria en la causa. Y ello pese a que, ya al inicio de las averiguaciones en clave doméstica, los fiscales pidieron por carta a Delgado que se abstuviese de intervenir en las cuestiones relativas a los contratos del hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Ahora y tras una nueva polémica, Delgado tendrá que intervenir.

Las fechas no coinciden

La aprobación de los fondos Next Generation que, en el marco de la pandemia se presupuestaron desde la Unión Europea como colchón de impulso para salir de la criris sanitaria global, se produjo el 21 de julio de 2020. El programa español se aprobaba entonces en Bruselas y la disposición normativa que fijó los indicadores con los que se mediría el grado de cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Gobierno de Pedro Sánchez, se firmó más de un año después. Un escenario en el que el impacto de las ayudas se retrasaba casi hasta el ejercicio en curso, 2022.

Así las cosas, la fecha de conformidad del contrato de Priviet Sportive SL, por el que la Comunidad de Madrid es sospechosa de 'favorecer' al hermano mayor de Díaz Ayuso, Tomás, fue el 24 de marzo de 2020. Esto es, varios meses antes de que Europa aceptase la cuantía y el método para ayudar a España a salir de los estragos causados en la economía por el COVID-19. Un desfase en los plazos que -para las fuentes de Anticorrupción consultadas por El Debate- augura un «escaso recorrido» a la reclamación de la Fiscalía europea de su competencia en el caso.

La fiscal europea en entredicho

A todo ello hay que sumarle cómo, además, la fiscal delegada de la Unión Europea en nuestro país, la responsable de la reclamación del expediente, Concepción Sabadell, mantiene una serie de vinculaciones históricas con el tándem Dolores Delgado-Baltasar Garzón, actual pareja de la fiscal general, que ponen su papel en entredicho en toda esta cuestión.

En primer lugar porque Sabadell fue propuesta hace dos años por la propia Delgado, como representante de España en la Fiscalía europea, organismo comunitario creado en 2021.

Y, en segundo término, porque la fiscal fue la encargada de dirigir la acusación del 'caso Gürtel' y denunciada -aunque finalmente no imputada- por las escuchas ilegales que desembocaron en la condena e inhabilitación del exjuez Garzón. El abogado Ignacio Peláez, exfiscal de la Audiencia Nacional, y letrado de dos de los cabecillas de la trama -Francisco Correa y Pablo Crespo- denunció en el año 2010 a Sabadell, a otra de sus compañeras y al exjuez Baltasar Garzón por prevaricación tras 'pinchar' el locutorio de la cárcel de Soto del Real-el 6 de marzo de 2009-mientras Peláez hablaba con su representado. Un delito por el que el novio de la fiscal general fue condenado y apartado de la carrera judicial.

Concepción fue, también, la fiscal asignada al caso de los trajes del expresidente de la Comunidad Valenciana, Paco Camps, que protagonizó más de 169 portadas en uno de los medios de comunicación de cabecera de los socialistas, apuntando al cohecho impropio, pese a que el popular nunca fue condenado por ello.