La Comisión Europea avala las euroórdenes del juez Llarena y allana la entrega de Puigdemont a España

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) tenía hoy una cita ineludible en el futuro judicial del expresidente catalán Carles Puigdemont, reclamado por el Supremo español por sendos delitos de sedición y malversación como cabecilla del 'procés'. El órgano ubicado en Luxemburgo ha celebrado, este martes, la vista sobre la cuestión prejudicial planteada por el magistrado Pablo Llarena, tras la decisión belga de no extraditar al también fugado y exconsejero catalán Lluís Puig. La resolución definitiva se conocerá el próximo 14 de julio.

El Abogado General del TJUE, Jean Richard de la Tour, ha anunciado este martes que presentará sus conclusiones, en un dictamen no vinculante para la sentencia final, sobre el alcance de las euroórdenes presentadas por el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, contra Puigdemont y varios de sus exconsellers implicados en el referéndum ilegal del 1-O, antes de verano. El letrado ha centrado sus preguntas a la defensa de los líderes independentistas, a los representantes de España y de la Comisión Europea en dirimir la cuestión de la vulneración de derechos y las garantías reales de que, en España, Puigdemont y sus exconsejeros recibirán, en caso de entrega, un juicio justo.

Todo ello tras el aval de la Comisión Europea a la emisión de las euroórdenes, en línea con España, al asegurar que nuestro país no registra problemas sistémicos a este respecto. El representante de la CE, Julio Barquero también ha apoyado durante su intervención la actuación de Llarena de pedir distintas órdenes de entrega por el mismo caso, al entender que es legítimo si un cambio de las circunstancias de derecho provoca un distinto «paisaje jurídico».

Primer espaldarazo al Supremo español

El tira y afloja entre el perseverante juez español y la Justicia comunitaria ha llegado al borde del desenlace. Pese a la expectación creada sobre el asunto, a la cita no ha asistido presencialmente Puigdemont. En la Gran Sala, durante el juicio, han estado presentes tanto Puig, afectado directo por la cuestión, como los eurodiputados de Toni Comín y Clara Ponsatí, de Junts pel Cat, además de la secretaria general de ERC Marta Rovira y la exdiputada de la CUP Ana Gabriel. De las conclusiones del TJUE, que se conocerán a lo largo de los próximos meses, depende en buena medida que puedan regresar a España sin riesgo de ser detenidos por las autoridades nacionales.

Cada una de las partes implicadas en el marco de la causa especial del procés –la Abogacía del Estado, la Fiscalía, Vox, los abogados de Puig y Puigdemont, además de a los letrados públicos de Bélgica, Polonia y Rumanía, estos dos últimos posicionados al lado del Tribunal Supremo español, han defendido sus posiciones antes de pronunciarse sobre las preguntas que le planteó el magistrado del Alto Tribunal español, Pablo Llarena, sobre los motivos por los que los países miembros pueden rechazar una euroorden.

Otro de los temas sobre la mesa del TJUE era la que aplicaba a la capacidad de los jueces belgas para cuestionar la competencia del Tribunal Supremo para emitir las euroórdenes activas y negarse a una extradición basándose en dicho argumento. Un asunto por el que ha preguntado el propio presidente del TJUE, Koen Lenaerts, quien se ha preocupado por saber si el recurso de la defensa de Puig contra Llarena se encuentra en el Constitucional español y si se agotará la vía legal, clave para poner fin al debate sobre la competencia.

En la primera intervención de esta misma mañana, el fiscal del Supremo, Fidel Cadena, uno de los cuatro miembros del Ministerio Público español que tomaron parte en la acusación pública contra los sediciosos juzgados, en el Alto Tribunal, ha considerado «ilógico y absurdo» que Bélgica cuestione la potestad de los magistrados españoles para emitir euroórdenes. A juicio de Cadena, esto supondría que el país receptor de una petición de extradición controle las normas procesales del país emisor. Además ha recordado que tanto el Supremo como el Constitucional en España ya indicaron que Llarena era competente para pedir la entrega a Bélgica y por ello «no puede haber duda».

Las fisuras de Bélgica

Según han confirmado a El Debate fuentes próximas a la causa, presentes hoy en la Gran Sala, los jueces han preguntado, sobre todo, a los interlocutores del Estado de Bélgica el por qué de su negativa a contestar a la cuestión relativa a la sentencia que denegó la ejecución de la orden de entrega (ODE) -vigente sobre todos los prófugos, incluido Puigdemont- argumentando una falta de separación de poderes con la que, al contrario, han afirmado ser «respetuosos».

«Ha sido sorprendente que ante la pregunta del TJUE a la representante del Estado belga sobre las diferentes interpretaciones que hace su país en materia de derechos fundamentales» en una ODE frente a un proicedimiento de extradición internacional «ésta no haya sabido contestar», han apuntado a El Debate las mismas fuentes.

También «han insistido mucho al abogado de Lluís Puig, el letrado Gonzalo Boye, si ya se habían interpuesto por su parte recursos en España, invocando esta falta de competencia del juez predeterminado», que Bélgica le afea a Llarena en el caso concreto de los políticos catalanes. Boye «ha respondido que está pendiente de resolverse ante el Constitucional» olvidando que hay «cientos de recursos resueltos» por el Supremo en los que se niega cualquier vulneración de Derecho en el sentido de que el juez instructor pertenezca al mismo tribunal enjuiciador.

Dos pleitos, un precedente común

El de Llarena sólo era uno de los dos pleitos europeos vivos contra los cabecillas del 'procés' huidos de España. De la resolución que emita, se desprenderán los términos del futuro y eventual retorno a España del expresidente catalán. En el tintero, un segundo debate centrado en la inmunidad, ahora mismo suspendida por el Tribunal General de la UE, y de cuya resolución depende, en última instancia, la plena reactivación de los procesos de extradición paralizados en los tribunales de Bruselas y Sassari (Cerdeña) contra Puigdemont. A diferencia de las prejudiciales revisadas en esta jornada, sobre el caso de la inmunidad todavía no hay fecha programada para la vista oral.

El juez del Supremo español, Pablo Llarena, consultó al TJUE tras la negativa de Bélgica a la entrega de Puig –quien huyó junto a Puigdemont a Bruselas en 2017, con posterioridad a la celebración del referéndum inconstitucional del 1-O–.

El Tribunal de Apelación de Bruselas denegó la vuelta de España alegando que no era el Supremo, sino el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, al encontrarse en el «lugar del delito» cometido, el que tiene competencias para emitir las euroórdenes que pesan sobre los cuatro fugados: Carles Puigdemont, Lluís Puig, Clara Ponsatí y Antoni Comín. «El Supremo se ha declarado repetidamente competente para juzgar a todos los coacusados sobre la base de la estrecha conexión de delitos imputados a cada uno de ellos sin que haya una base legal explícita para ampliar su competencia» dijeron los colegas belgas de Llarena.

Lo cierto es que, en la práctica, las euroórdenes «nunca se desactivaron» y el Alto Tribunal español hizo valer contra ellos su petición de extraditarles, una vez que el Parlamento europeo levantó, en junio de 2020, la inmunidad de los eurodiputados inmersos en las acusaciones formales de España.

Sin embargo, el tribunal belga hizo oídos sordos al mecanismo de entrega inmediata y alegó, a mayores, la falta de garantías de que España no violase los derechos fundamentales de Puig, especialmente la presunción de inocencia, en base al informe que publicó en 2019 el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria. Motivo, este último, que molestó especialmente al instructor Llarena, quien ha sido recusado, sin éxito, por el propio Puigdemont.

Llarena pidió al TJUE que aclare si la Justicia belga «puede cuestionar» la competencia del más Alto Tribunal español en base a un documento de conclusiones de un Grupo de Trabajo de la ONU. Y, también, le consultó si sería compatible con la emisión de una nueva euroorden sobre Puig. La anterior está suspendida desde que el expresidente catalán obtuvo el escaño en el seno de la Eurocámara.