El juez García-Castellón viajará a Francia para interrogar a la cúpula de ETA detrás del asesinato de Miguel Ángel Blanco

El magistrado Manuel García-Castellón, uno de los magistrados de instrucción de la Audiencia Nacional que ha decidido reabrir la causa seguida contra la cúpula de ETA por la autoría mediata de todos los crímenes cometidos por la banda desde el año 2004, viajará a Francia para interrogar a los etarras Garikoitz Aspiazu 'Txeroki', Soledad Iparaguirre 'Ata' y Mikel 'Antza', como máximos y últimos responsables del secuestro y asesinato del joven concejal del Partido Popular Miguel Ángel Blanco.

Así lo apuntan a El Debate fuentes judiciales tras confirmar que el titular del Juzgado Central número 6 ha notificado a los terroristas la querella admitida contra ellos –interpuesta por Dignidad y Justicia– como «máximos dirigentes» de los aparatos político y militar de ETA en el momento objeto de la investigación del asesinato de Blanco. Sobre sus cabezas planea el hecho de que «tuvieron conocimiento del plan de los delitos cometidos durante su periodo de dirección, impartiendo a los autores materiales las correspondientes instrucciones y habiendo podido intervenir antes de la ejecución para evitar el resultado».

No en vano, el pasado 17 de marzo, El Debate avanzó cómo el juez García-Castellón abría la puerta a una 'citación' de los tres cabecillas etarras mientras decretaba la apertura de diligencias policiales orientadas a determinar, en base a un pormenorizado análisis de los «papeles franceses» de la banda terrorista, la identidad de los exjefes de ETA que fueron los «presuntos autores detrás del autor» material de los disparos que acabaron con la vida del joven político.

La causa se enmarca en una series de querellas interpuestas en la Audiencia Nacional por la Asociación de víctimas del terrorismo Dignidad y Justicia para reabrir las investigaciones sobre varios de los últimos atentados perpetrados por el grupo armado, una vez aplicada la política de la «socialización del dolor» que decretó su cúpula.

Entre ellos, el asesinato del también exconcejal del PP en el País Vasco, Gregorio Ordóñez, competencia del magistrado Alejandro Abascal; el coche bomba contra el juez Querol, en manos del juez Santiago Pedraz; el atentado contra la T4 del aeropuerto de Barajas, que puso fin a la tregua de la banda armada; el atentado contra la casa-cuartel de Santa Pola; el de la comisaría de la Ertzaintza en Ondarroa; o, el del propio Miguel Ángel Blanco, para tratar de desentrañar quiénes fueron sus autores intelectuales.

La Sala Penal plantea su extradición

En paralelo, en un auto del pasado miércoles, los magistrados de la Sección Segunda del órgano judicial central preguntaron a la Fiscalía sobre la oportunidad de que Francia envíe a 'Txeroki', desde el 20 de agosto hasta el 20 de octubre de este mismo año, que cumple condena en el país galo, para que sea enjuiciado por la explosión de un coche bomba en Bilbao en 2005.

El que fuera titular del Juzgado Central de Instrucción Número 3 Juan Pablo González procesó a los tres dirigentes además de a José Antonio Urrutikoetxea, 'Josu Ternera' –archivando la causa para Aitor Elizaran– a raíz de unas pesquisas que se iniciaron en julio de 2015 a partir de las querellas presentadas por la asociación Dignidad y Justicia (DyJ), la Fundación Luis Portero y otras víctimas de ETA. Unos años más tarde, en 2018, la magistrada Carmen Lamela concluyó el sumario que incoó y procesó a 'Ata', 'Gurbitz', y 'Txeroki' por crímenes de lesa humanidad, proponiendo juzgarles por los asesinatos cometidos desde 2004.

El magistrado González recogió en su auto un total de siete atentados mortales perpetrados por ETA desde el año 2004, cuando el delito de lesa humanidad fue incorporado al Código Penal, y les imputó un total de 25 delitos de asesinato terrorista por atentados como los que acabaron con la vida de los ciudadanos ecuatorianos Carlos Alonso Palate y Diego Armando Estacio en la T-4 de Barajas en diciembre 2006; el exconcejal socialista Isaías Carrasco en Mondrágón (Guipúzcoa) en marzo de 2008; el guardia civil Juan Manuel Piñuel en Legutiano (Álava) en mayo de ese año; y el brigada Luis Conde en Santoña (Cantabria) en septiembre.

También atribuyó a la cúpula de la banda los atentados que acabaron con la vida del empresario Ignacio Uría en Azpeitia (Guipúzcoa) en diciembre de 2008; el policía nacional Eduardo Puelles en Arrigorriaga (Vizcaya) en junio de 2009; y los guardias civiles Carlos Sáenz de Tejada y Diego Salvá en Calviá (Baleares) en julio de 2009.

El juez instructor atribuyó siete delitos de asesinato a 'Ata', seis a Iriondo, cinco a 'Txeroki', cinco a Elizaran y dos a 'Josu Ternera', que «estuvo al frente del 'aparato político'» de ETA durante los años 2005, 2006 y 2007 «en unión» del fallecido Francisco Javier López Peña, 'Thierry'. También les impusó fianzas por valor de responsabilidad civil de siete millones de euros para 'Ata', seis millones para 'Gurbitz', cinco millones para 'Txeroki' y dos millones a 'Josu Ternera'.

El magistrado instructor les imputó el delito de lesa humanidad, contemplado en el artículo 607 del Código Penal, al entender que estos atentados se cometieron «como parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil o parte de ella» y que las víctimas lo fueron por su pertenencia «a un grupo colectivo perseguido por razones políticas, étnicas, religiosas».