Por qué Feijóo no debe aceptar la trampa de Sánchez para reformar el artículo 49 de la Constitución
Una reforma constitucional en este momento, aunque sea mínima, puede destapar la caja de Pandora y permitir al independentismo «colar» sus pretensiones por una puerta trasera
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ofreció este jueves al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, un documento con once «ofertas». Previamente, el Gobierno había comunicado a Feijóo que no habría un «orden del día». Sin embargo, Sánchez le trasladó el documento durante su reunión en la Moncloa. Obviamente, era imposible que en el transcurso del encuentro Feijóo pudiera analizarlo con un mínimo grado de detalle. De esta manera, Sánchez abonaba el terreno para lanzar un rejonazo al ya expresidente de la Xunta, haciendo ver que está aún verde para medirse con él. Por lo demás, el documento contenía algunas «minas» ocultas. Quizás la más peligrosa sea la que se refiere a la reforma del artículo 49 de la Constitución.
El pasado 11 de mayo de 2021 el Consejo de Ministros aprobó un proyecto de reforma del artículo 49 de la Constitución relativo a los derechos de las personas con discapacidad en España. La clave de la reforma es sustituir el término «disminuidos» por el de «personas con discapacidad». A priori, se trata de un cambio que goza de un amplio grado de consenso. El PP es favorable al fondo de la cuestión. ¿Por qué, entonces, se opuso Pablo Casado? La razón es simple: una reforma constitucional en este momento, aunque sea mínima, puede destapar la caja de Pandora y permitir al independentismo «colar» sus pretensiones por una puerta trasera.
Sánchez y Feijóo en la Moncloa
Dos reformas de la Carta Magna
La Constitución solo se ha reformado dos veces en España. En 1992, para añadir en el artículo 13.2 la expresión «y pasivo», referida al ejercicio del derecho de sufragio de los extranjeros en las elecciones municipales.
Y en 2011, el artículo 135 para garantizar el principio de estabilidad presupuestaria vinculando a todas las Administraciones Públicas. En aquel momento se vivían las duras consecuencias de una crisis económica interminable y se determinó que el Estado y las comunidades autónomas no podrán incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos por la Unión Europea para sus Estados miembros.
En ambas ocasiones, las reformas se hicieron con un amplio margen de consenso. En esta ocasión, el problema de abrir el melón de la reforma constitucional es que puede utilizarse para colar otras modificaciones, con un gobierno Frankenstein en manos de socios secesionistas y nacionalistas.
La inestabilidad política e institucional puede favorecer una situación insospechada y que ponga en peligro la arquitectura constitucional y del Estado. El PNV fue claro y no ocultó sus intenciones desde el primer momento. El portavoz del partido nacionalista, Mikel Legarda, ya advirtió entonces: «vamos a sacar una cereza del cesto y van a salir otras». Y ahí pueden entrar desde la Monarquía a la convocatoria de referéndums o la propia naturaleza del estado autonómico. Es decir, una voladura de los pilares de la Transición, empezando por la Monarquía Parlamentaria.
Estrategia electoral
Tampoco puede olvidarse la estrategia que el «exgurú» de Sánchez, Iván Redondo, reveló en uno de sus artículos tras salir de la Moncloa. El PSOE ha perdido un millón de votos respecto a las últimas elecciones generales de 2019 y Sánchez busca una reforma de la Constitución con el objetivo de cambiar el foco del debate electoral. El objetivo es que el tema de las próximas elecciones no sea la economía, que el PP siempre suele capitalizar, sino «España». Abordar una reforma de la Carta Magna es una «oportunidad para hacer muchas cosas», como dijo Redondo.
De hecho, tal y como adelantó El Debate, Sánchez dispondría de una última baza para poner en marcha este operativo de demolición del Estado tal y como hoy lo conocemos y pasar a la «España multinivel» que el propio presidente acuñó. El instrumento es el artículo 92 de la Carta Magna. La idea es convocar al final de la legislatura un referéndum consultivo para preguntar a los españoles si están de acuerdo en reformar la Constitución o no. Para que el Congreso se lo autorizara, solo necesitaría mayoría absoluta de 176 diputados, una cifra que supera el bloque Frankenstein.