Los independentistas podrán forzar un referéndum si el PP accede a reformar el artículo 49 de la Constitución

A Alberto Núñez Feijóo le pilló por sorpresa. El nuevo presidente del PP no esperaba que, en su primera reunión con Pedro Sánchez como líder de la oposición, éste le planteara la reforma de la Constitución. Dentro del capítulo «Cumplimiento y actualización de la Constitución y regeneración democrática» del documento de 11 puntos que llevaba.

El presidente ha aprovechado el tiempo de mudanza en el PP para intentar desbloquear la modificación del artículo 49 de la Carta Magna; que, entre otras cosas, sustituirá el término «disminuidos» por «personas con discapacidad».

Se trata de una reforma que Pablo Casado decidió frenar en la Comisión Constitucional del Congreso en cuanto llegó a la Cámara procedente del Consejo de Ministros, en mayo de 2021. Con el argumento de que abrir el melón constitucional con Unidas Podemos en el Gobierno y los independentistas catalanes y vascos marcando las políticas del presidente era un movimiento suicida para España. Y para su sistema de Monarquía parlamentaria.

La reforma requiere obligatoriamente el voto favorable del PP, porque Sánchez necesita una mayoría de tres quintos en ambas Cámaras para su aprobación. Igual que sucede con la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Vox también se opone, pero sus 52 votos no son imprescindibles.

En esa reunión, Sánchez trasladó a Feijóo que, como prueba de su buena voluntad, el PP debe dar su plácet. Le contó que el CERMI (el Comité español de representantes de personas con discapacidad) lleva demasiado tiempo esperando y que hay un dictamen del Consejo de Estado de febrero de 2019 favorable.

También se comprometió a que el desbloqueo de esta reforma tan aparentemente bien intencionada no «dará lugar a ningún tipo de referéndum ni de discusión constitucional». Eso explicó Feijóo después en rueda de prensa. «En ningún caso tendrá nada que ver en absoluto con ningún otro planteamiento que no sea el término exacto del artículo 49», añadió.

El problema es que Sánchez no está en disposición de garantizar a Feijóo que no habrá referéndum, porque basta con que lo soliciten 35 diputados. De hecho, es algo en lo que incidía el Consejo de Estado en su dictamen, aunque el presidente pasara por alto ese detalle en su conversación con el líder de la oposición. «Aprobada la reforma por las Cortes Generales, deberá ser sometida a referéndum para su ratificación cuando así lo soliciten, dentro de los quince días siguientes a su aprobación, una décima parte de los miembros de cualquiera de las dos Cámaras», recordaba el máximo órgano consultivo. Y nada se podría hacer para evitarlo.

La suma independentista

Aun manteniendo a raya a Unidas Podemos para que no solicite un referéndum (actualmente el grupo confederal tiene 33 escaños, aunque empezó la legislatura con 35), independentistas vascos, catalanes y gallegos suman esa cifra mágica. Entre ERC –13–, el PNV –6–, Bildu –5–, Junts per Catalunya –4–, el PdeCAT –4–, la CUP –2– y el BNG –1–. Bastaría con que lo pidieran por escrito.

Cuando en el verano de 2011 José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy pactaron una reforma exprés de la Constitución para reformar el artículo 135 y fijar un techo de gasto y de déficit de obligado cumplimiento para todas las administraciones públicas, Izquierda Unida puso el grito en el cielo. Y trató de forzar un referéndum, pero no reunió 35 diputados.

La advertencia del PNV

Hasta ahora, los populares han mantenido que sus temores son más que fundados. En una sesión de la Comisión Constitucional celebrada el 9 de septiembre, en la que compareció el ministro de la Presidencia, el portavoz del PNV se lo dejó bien claro a Félix Bolaños: «Quería referirme a la reforma del artículo 49 de la Constitución. Usted comentaba que hay que afrontarlo con rigor, responsabilidad y ciñéndonos al objeto. Mucho me temo, como ya se lo comentó este portavoz a la persona que le precedió en el cargo, que va a ser muy difícil ceñirse a este, porque la Constitución tiene un contenido político y, cuando se toca, cada uno lo toca con sus intenciones y, por tanto, las enmiendas también irán en ese mismo sentido», señaló Mikel Legarda.

De momento, el anteproyecto de ley sigue varado en el trámite parlamentario de enmiendas parciales, desde principios de junio de 2021. Ese plazo ha sido prorrogado 33 veces (se prorroga semanalmente si no hay avances), a la espera de un acuerdo entre socialistas y populares.

Cada vez que Bolaños comparece en las Cortes urge al PP a abrir la mano de una vez por la dignidad de los discapacitados. «No puedo entender cómo puede haber un grupo parlamentario democrático que se oponga a que modifiquemos el artículo 49, a que superemos esa denominación de disminuidos y la cambiemos por la denominación de personas con discapacidad y a que promovamos y defendamos con dignidad los derechos de las personas con discapacidad. No puedo entenderlo. Es algo que no solo desea el Gobierno y gran parte de la sociedad, sino, sobre todo, 3,8 millones de familias que tienen alguna persona con discapacidad en su casa», se quejó el ministro en el Senado en noviembre.

El artífice de que Sánchez incluyera en su reunión con Feijóo la reforma del artículo 49 es Bolaños, a su vez designado secretario de Reforma Constitucional y Nuevos Derechos del PSOE en el Congreso que celebró el partido el pasado octubre. Ahora la pelota está en el tejado de Feijóo, como antes lo estuvo en el de Casado. «Es uno de los temas de los que seguirán hablando y se analizará cómo y con qué garantías se podría reformar el artículo 49. Feijóo conoce perfectamente lo que puede suponer esta reforma», zanjan desde el grupo parlamentario popular en el Congreso.