Los defensores del pueblo autonómicos: un despilfarro de 33 millones de euros al año

La figura del Defensor del Pueblo autonómico existe en nueve comunidades en España. Hace casi diez años un comité de expertos, bajo petición del Gobierno de Mariano Rajoy, cifró en 30 millones de euros el ahorro anual que su supresión supondría para las arcas públicas.

El Debate ha analizado estas instituciones regionales, que en la actualidad cuestan un total de 33.035.147 euros, casi el doble que la estatal dirigida por Ángel Gabilondo. El exministro de Educación y excandidato a la presidencia de Madrid ha manifestado su deseo de coordinarse con sus homólogos autonómicos, pero no de rebajar su coste. Tampoco su supresión.

El Ararteko es el Defensor del Pueblo vasco. Dispone de un presupuesto para 2022 de 6.007.000 euros, tal y como recoge su página web, lo que supone un incremento del 30 % con respecto al año 2013. Más de la mitad, 3.474.240 euros, van destinados a sueldos, percibiendo el Ararteko un salario anual de 95.184 euros. El resto del equipo tampoco está mal remunerado. Su adjunta cobra más de 86.000 anuales, el secretario general, más de 87.000 y su chófer más de 48.000. Todos, elegidos a dedo. La labor del Ararteko la realiza Manuel Lezertua, conocido por apoyar la liberación de los reclusos de ETA que estén enfermos.

El Defensor del pueblo andaluz es Jesús Maeztu. Un exsacerdote septuagenario designado en septiembre de 2019 para su segundo mandato. Su página web ha mejorado considerablemente en transparencia. Los presupuestos prorrogados para 2022 le otorgan una partida de más de 6,2 millones de euros y, según el último proyecto de las cuentas públicas, se prevé que ascienda a los 6,65 millones. La institución andaluza es la segunda más antigua de todas, pues se creó en 1984, meses después del Síndic catalán.

El oro para el Síndic catalán

El sueldo más alto lo disfruta el Síndic catalán: casi 132.000 euros al año. Sus adjuntos tampoco están mal recompensados. Cobran entre 105.000 a 115.000 euros anuales. El resto de su equipo directivo y personal «asesor, técnico, administrativo y auxiliar» cuesta más de 481.000 euros según figura en una información pública que, incluso desde la versión en español de la web, solo puede leerse en catalán. Esta institución está dirigida por Rafael Ribó, un nacionalista conocido por criticar las euroórdenes contra el expresidente catalán Carles Puigdemont y sus exconsellers, fugados de la Justicia española.

También se llama Síndic de Greuges el Defensor del Pueblo valenciano. En 2021 tuvo un presupuesto de más de 3,7 millones de euros según su página web, destinándose a gastos del personal el 87 % del mismo. El desglose de las retribuciones para este 2022 es un misterio, tan sólo se conoce el incremento del 2 % a los salarios de los empleados públicos. También, fruto de analizar sus cuentas anuales del pasado ejercicio, se sabe que su equipo asesor está formado por 21 personas, sin dejar ningún puesto vacante. El actual Síndic es Ángel Luna, exalcalde de Alicante del PSOE. Las Cortes valencianas adoptaron esta institución en 1993.

El Diputado del Común es el nombre que el Defensor del Pueblo recibe en las Islas Canarias. Lo ejerce otro socialista, Rafael Yanes, quien tomó posesión después de ser investido en segunda vuelta por el Parlamento canario. Según el proyecto de las cuentas públicas canarias para 2022, el presupuesto del defensor del territorio insular roza los 3,5 millones de euros, de los que el 83 % serán para gastos de personal. En 2021, el Diputado del Común cobró 65.421,22 euros. Esta figura se aprobó el 12 de febrero de 1986.

El Justicia de Aragón es Ángel Dolado, un soriano con larga trayectoria judicial. Llegó al cargo en abril de 2018 sin ningún voto en contra en las Cortes aragonesas. Su institución cuesta 2 millones de euros al año y cuenta con un equipo de 9 asesores que le brindan apoyo directo.

La Valedora do Pobo galego es Dolores Fernández Galiño. Su página web se encuentra desactualizada desde abril de 2021. Así, las últimas cuentas fiscalizadas son del ejercicio 2019. Tan sólo están en orden los sueldos de la ‘Valedora’ (96.722 euros anuales) y de su adjunta (72.777 euros anuales), ambos actualizados a enero del presente año 2022. La institución existe en Galicia desde 1990.

El Defensor del Pueblo navarro desde el pasado 23 de marzo es el pamplonés Patxi Vera Donazar. La institución cuenta con el presupuesto más bajo de todas las comunidades que tienen esta figura (873.800 euros). Sin embargo, su sueldo no es el más bajo: 72.084 euros, lo que representa el 69 % de la partida de los gastos de personal. Existe desde el año 2000.

Ni un 1 % de la población pide ayuda

Del análisis de los datos del Defensor del Pueblo estatal tampoco deriva una valoración demasiado positiva.

En 2021, el órgano constitucional dirigido por Ángel Gabilondo recibió 29.015 quejas. En un análisis conservador (se presupone una queja por ciudadano, aunque una pequeña parte sean tramitadas conjuntamente), tan sólo un 0,06 % de la población comunicó algún tipo de vulneración de sus derechos o mal funcionamiento de las administraciones.

Además, desde el primer año de funcionamiento de la institución (2009) hasta el último padrón publicado por el INE (2021), la población tan sólo ha crecido en un 2,45 %. Sin embargo, el órgano constitucional ha visto disparado su presupuesto. Sus arcas han experimentado sus mayores crecimientos bajo el Ejecutivo de Pedro Sánchez: un 10 % más en 2021, o un 17 % más para este 2022, ambos en comparación con el año de su puesta en marcha.

Respecto a las comunidades con más quejas presentadas, estas son la Comunidad de Madrid, Andalucía y Valencia; tan sólo la región madrileña se ha resistido a crear el órgano regional. En consecuencia, no resulta significativa la ayuda de los órganos regionales para el estatal.

Sin mejora en el tiempo de respuesta

Si se parte del histórico disponible (que comienza en 2013), resulta curioso cómo el Defensor del Pueblo estatal ha mejorado en 25 días el tiempo medio de sus respuestas a las Administraciones Públicas. Sin embargo, en los últimos nueve años tan sólo ha mejorado en contestar a los ciudadanos en tres días. Por tanto, continúa tardando más de un mes en ofrecer una respuesta a los españoles.