El Gobierno usa un atajo para eliminar la mascarilla sin el permiso del Congreso

Esta vez, el Gobierno respira aliviado. No solo porque este martes el Consejo de Ministros haya aprobado el fin de las mascarillas en interiores dos años después, sino porque no necesitará el visto bueno del Congreso para mantener la medida en vigor más allá de un mes.

Ello es debido a que actualmente, y tras una triquiñuela legal del Ejecutivo, el uso de las mascarillas se regula por decreto. Y no por decreto ley, que es como se había venido haciendo desde el inicio de la pandemia. Es la segunda vez que el Gobierno esquiva a la Cámara Baja: ya lo hizo el 9 de febrero, cuando eliminó la obligatoriedad en exteriores que regía desde las navidades.

La diferencia es abismal: el decreto tiene rango de reglamento y el decreto ley, de ley, lo que quiere decir que el segundo requiere la convalidación en el Congreso dentro de los 30 días siguientes a su aprobación por el Consejo de Ministros y el primero, no.

El origen

En el polémico decreto ley que el Gobierno aprobó en diciembre -en plena escalada de ómicron- sobre la vuelta a la obligatoriedad de las mascarillas en exteriores coló de rondón un cambio sustancial: a partir de entonces, en lo sucesivo, la regulación sería por decreto y no por decreto ley. El Congreso convalidó aquel decreto ley a primeros de febreros no sin apuros.

El Ejecutivo quería ahorrarse, para lo venidero, el engorroso trámite de pedir permiso al pleno de la Cámara Baja, en un asunto en el que siempre ha habido posturas encontradas entre los partidos y también entre la opinión pública.

En esta ocasión también las hay: porque, según sostuvo la ministra de Sanidad este martes, la mascarilla ya no será obligatoria por norma general en las empresas, pero si los servicios de prevención de riesgos laborales deciden que sus trabajadores han de seguir usándola, estos deben hacerlo. También seguirá siendo obligatoria en los hospitales y en el transporte público, pero no en los andenes del Metro, por ejemplo.

Además, Carolina Darias se refirió en abstracto a una recomendación de los expertos que asesoran al Ministerio. Sin dar detalles de quiénes ni de esa recomendación.

Darias siempre ha defendido que el cambio en la manera de regular el uso de las mascarillas no es para esquivar la capacidad de control y de veto del Congreso, sino por motivos de «flexibilidad y adaptación».

Según ellas, las decisiones son y siempre serán debatidas con las comunidades en el seno Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

Pero la normativa en vigor impulsada por el Gobierno, y en base a la cual millones de españoles se quitarán la mascarilla a partir de este miércoles, no estipula que el Consejo Interterritorial tenga que aprobar cualquier modificación en el uso de la mascarilla, sino solo que deberá ser «oído».

En concreto, la disposición final séptima del decreto ley dice así: «Se habilita al Gobierno, mediante real decreto, a propuesta de la persona titular del Ministerio de Sanidad y oído el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, a modificar la obligatoriedad del uso de la mascarilla en los supuestos previstos en los apartados 1 y 2 del artículo 6 (de la ley de marzo de 2021 sobre medidas contra el coronavirus) cuando se den las circunstancias sanitarias apropiadas que así lo aconsejen».