Cataluña  El victimismo separatista se aferra al espionaje para esconder su crisis

Los líderes separatistas se han ido hasta Bruselas para anunciar una batería de acciones legales por el supuesto espionaje a unas 60 personalidades del ámbito independentista a través del hackeo de los teléfonos móviles con el sistema ‘Pegasus’. También piden que se investigue a las instituciones españolas por la «guerra sucia», que, a su juicio, está librando el Estado contra el entorno independentista. Un independentismo que ha intentado mostrar unidad con una comparecencia conjunta en el Parlamento Europeo en la que han intervenido el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont; el líder de ERC, Oriol Junqueras; el portavoz de la CUP, Carles Riera, o los presidentes de ANC y Òmnium Cultural.

Pero lo cierto es que con un «procés» en horas bajas, en mínimos, el independentismo agitó durante unos meses la bandera de la inmersión lingüística como un intento para unir fuerzas y seguir su enfrentamiento con el Estado. Como esa vía no ha acabado de funcionar, ahora ponen toda la carne en el asador con este presunto caso de espionaje. Y está por ver hasta dónde se puede alargar el tema, que recordemos, ya salió a la luz pública hace un par de años. Entonces se publicó que habían sido espiados el presidente del Parlament, Roger Torrent, y el líder de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona, Ernest Maragall.

El presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, decía en tono irónico que «Berlanga y Sazatornil ya resolvieron el enigma nacionalista hace años: aspavientos y agravios de día… negocios con las élites madrileñas de noche…». Sea como sea, el «Catalangate», como así llaman los independentistas a este presunto caso de espionaje, está centrando ahora todo el argumentario separatista que vuelve a hablar de «guerra sucia», de «trama criminal» orquestada por el Estado español, de «violación masiva de derechos internacionales», entre otras cuestiones.

Y es que el independentismo apunta directamente al Gobierno, si bien desde la plataforma que ha impulsado esta investigación, Citizen Lab dicen que ahora mismo no pueden señalar a instituciones del Estado en concreto, pero ven un «nexo» entre este caso de espionaje y «una o más entidades del gobierno español. Desde esta plataforma dicen que “las pruebas circunstanciales sugieren un fuerte nexo con el gobierno de España». Entre otras cosas, apuntan, porque el programa Pegasus sólo se venden a los estados.

De ahí que el líder de Junts y expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, haya aprovechado la ocasión para pedir, aunque sea indirectamente, a los socios de ERC que rompan con el Gobierno. Sin mencionar a Esquerra, decía Puigdemont que «no se entendería que después de este escándalo se continúe confiando en un gobierno que forma parte de esta trama criminal». Y dejaba también claro que este caso debe tener «consecuencias políticas». Secundaba a Puigdemont la presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie, que considera que «no se dan las condiciones para el diálogo», algo que lleva proclamando desde hace tiempo.

Junqueras quiere diálogo

A su lado, el líder de ERC, Oriol Junqueras, ha recordado que su partido tiene «fuerza» para influir en el Gobierno y que la utilizarán «en todos los ámbitos», y apoyando si hace falta «iniciativas y leyes que son buenas para los ciudadanos». En definitiva, Junqueras sigue apostando por la vía del diálogo, aunque también apuntaba que no le regalarán al ejecutivo de Sánchez «los méritos».

Más allá de la cuestión política, hoy se ha anunciado que presentarán querellas contra los responsables de este presunto caso de espionaje, empezando por la empresa tecnológica NGO, en los tribunales en Barcelona, pero también a la justicia de otros países de la UE donde se han producido los supuestos ciberataques, caso de Francia, Alemania, Suiza y Luxemburgo.

Además, Carles Puigdemont ha pedido a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que «actúe urgentemente» y haga rendir cuentas a España por el posible uso del programa Pegasus contra rivales políticos, que supone una «violación masiva de derechos fudamentales».