El juez de los ERE procesa al exdirector de trabajo de la Junta socialista por malversar 35 millones de euros

Treinta y cinco millones de euros por la cara. El juez instructor de los ERE andaluces, Ignacio Vilaplana, ha dictado un nuevo auto de procesamiento contra el último director de Trabajo de la Junta socialista, Daniel Rivera, y varios directivos de la empresa A-Novo Comlink España SL, por varios delitos de malversación, prevaricación administrativa y falsedad documental, relativos al presunto camuflaje fraudulento diseñado para simular la concesión de ayudas sociolaborales individuales para los trabajadores de la sociedad -de la que toma su nombre la causa- cuando, en realidad, se trataba de ayudas públicas desviadas para la reestructuración de la empresa y de las que fue beneficiario su consejero delegado.

En un auto de más de cincuenta páginas dictado por el magistrado de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, al que ha tenido acceso en primicia El Debate, se pone fin a la instrucción de otra pieza separada de la causa de los ERE cuya investigación arrancaba el 5 de octubre del año 2016.

Vilaplana ha ordenado «la continuación de las presentes diligencias previas como procedimiento abreviado», el paso previo a la celebración del juicio, «siguiendo el trámite previsto» en la Ley de Enjuiciamiento Criminal «por si los hechos denunciados pudieran ser constitutivos de delitos de prevaricación administrativa, malversación y falsedad documental (artículos 404, 432 y 390.1 del Código Penal) contra Daniel Alberto Rivera Gómez, Manuel Jiménez de Miguel, Gilbert Weill, Carlos Castiñeiras, José Francisco Pardo Fernández, José Miguel Caballero Real y José Antonio Albarracín» como presuntos responsables penales por la concesión 'amañada' de ayudas públicas a la empresa A-Novo Comlink España y que, en realidad, debían dirigirse a los trabajadores de la misma.

Además, la resolución también se dirige contra las entidades A-Novo Comlink España SL y Vitalia SA «en calidad de responsables civiles subsidiarios» por su presunta intervención en una trama diseñada desde la Junta socialista de Andalucía durante los gobiernos de Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

Al menos 35.952.537,26 euros

A lo largo de la resolución judicial, el juez destacan la especial implicación de los directivos de la empresa y del abogado de la misma en la estructura de tramitación irregular de las ayudas. El grado de descaro en el proceso era tal que incluso se permitían enviar por mail al entonces director general de trabajo, Daniel Rivera, los modelos de oficio que éste tenía que dirigir a la Agencia Idea y a la compañía de seguros para ordenar los pagos. No en vano, también está imputado el directivo de la mediadora Vitalia, José Antonio Albarracín, por su activa participación en los hechos.

Entre los años 2005 a 2010, presuntamente, todos ellos contribuyeron a desviar de manera ilícita, al menos 35.952.537,26 de euros en forma de prestaciones sociolaborales o excepcionales facilitadas por la Dirección General de Trabajo (DGTSS) de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía a la mercantil A-Novo Comlink.

Las ayudas habrían tenido por objeto «el pago de las indemnizaciones por tres ERTE», por importe de 32.116.280,23 euros, «mediante la suscripción de pólizas de seguro para un plan de jubilaciones parciales de 224 trabajadores» -223 de los cuales estaban afectados por los expedientes y uno ni siquiera formaba parte de los mismos- «que aseguraban un complemento del 76% del salario bruto, más aportaciones a planes de pensiones y un seguro colectivo».

Los 3.836.257,03 euros restantes se destinaron a una «ayuda» para «atender gastos de traslado, pago a proveedores y un plan social para los trabajadores» la cual se instrumentó «indebidamente mediante una póliza de seguro cuyo asegurado es Carlos Castiñeiras, presidente y consejero delegado de A-Novo Comlink España, siendo el beneficiario la propia empresa».

«De este modo, al margen de una convocatoria pública de ayudas o subvenciones, empezaron los contactos y reuniones entre los directivos de la empresa y la Junta de Andalucía; constando una primera visita del titular de la DGTSS, Francisco Javier Guerrero Benítez, a la sede de A-NOVO en Málaga a principios del mes de noviembre de 2003, una segunda reunión« a la que asistiría también el letrado de la empresa» el día 25 de noviembre de 2003, y luego otras reuniones, desarrolladas entre el mes de enero de 2004 hasta el mes de abril de 2005», reza el auto judicial.

Para la materialización de las ayudas comprometidas, «al margen de la disciplina administrativa y financiera aplicable», «se suscribieron otros instrumentos adicionales«, entre ellos varias pólizas de seguros, »con los que se pretendía ofrecer una apariencia -en puridad inexistente- de legalidad al procedimiento de concesión y pago" de las referidas cantidades que, en realidad, sólo trataban de enmascarar las irregularidades.

Y así, «para financiar las pólizas y ayudas antes referidas, consta la emisión de las correspondientes órdenes con los consiguientes pagos realizados y contabilizados durante los ejercicios 2006 a 2010, que suman un total aproximado de 35.253.804,06 euros (que no coinciden con los compromisos adquiridos por la DGTSS que ascenderían a la suma de 35.952.537,26 euros); pagos que se llevaron a cabo a sabiendas de la ilicitud de las ayudas, con cargo a la partida presupuestaria 31-L» también conocida como fondo de reptiles.

Los pagos realizados hasta el año 2010 por la Agencia IDEA, previa orden dada desde la DGTSS, «sumarían -como se ha dicho- el importe de 35.253.804,06 euros, que incluirían la cantidad de 495.251,69 euros abonada para la prima de la póliza de Manuel Jiménez de Miguel, lo que acarreaba -sin que la Agencia IDEA pudiera saberloque esa misma cantidad faltaba en el abono de la prima de la póliza nº 41.111; dentro de este coste total de 35.953.534,70 euros se incluiría también la cantidad correspondiente a la póliza suscrita que, asegurando a Carlos Castiñeiras, tenía como beneficiaria a la empresa A-Novo».

Los sindicatos de acuerdo

«Siendo conocida por tanto la mala situación de la empresa y ante la presentación del ERE extintivo, los sindicatos presentes en el comité de empresa de A NOVO consiguieron ser recibidos en el Palacio de San Telmo por el entonces presidente de la Junta, Sr. Chaves González, celebrándose una reunión el día 20 de mayo de 2005 donde acudió también el entonces consejero de Empleo, Antonio Fernández García, así como miembros del Comité de Empresa de A-Novo y los líderes sindicales Roberto Carmona Soto y Manuel Pastrana Casado por parte de CCOO y de UGT, respectivamente», prosigue el juez en el relato de los hechos.

En el transcurso del encuentro «los trabajadores plantean encontrar fórmulas de financiación que garanticen el empleo y el consejero Sr. Fernández García habla de la necesidad de presentar un Plan de Viabilidad» para la empresa.

«Ambas partes aluden a la existencia de numerosas reuniones anteriores con el entonces titular de la DGTSS, Francisco Javier Guerrero Benítez (11 reuniones desde el día 25 de noviembre de 2003 hasta el día 6 de abril de 2005). Poco tiempo después, con fecha 1 de julio de 2005, desde la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Empleo y la Dirección General de la Agencia IDEA, el señor Serrano Aguilar, se elaboró una propuesta de viabilidad que sería presentada al presidente y consejero delegado de A NOVO, Gilbert Weill, y al director y consejero José Francisco Pardo Fernández, los cuales mediante carta con fecha 4 de Julio de 2005 contestaron indicando que el coste de los 81 despidos y 70 recolocaciones de trabajadores de la mercantil y el traslado de equipos les supondría un gasto de 14,9 millones de euros».

Una vez remitido este escrito por el director General de la Agencia IDEA, Miguel Ángel Serrano Aguilar, al consejero de Empleo, Sr. Fernández García, el día 5 de julio de 2005, éste indicó que contestara positivamente a los directivos de A Novo, el titular de la DGTSS, Francisco Javier Guerrero Benítez.

«Sin solución de continuidad, la empresa consigue obtener la promesa de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, a través del titular de la DGTSS, Guerrero Benítez, una ayuda económica para hacer frente a un Plan de Viabilidad; llegando así, como consecuencia de ese compromiso de financiación con fondos públicos, a un acuerdo con los trabajadores que hasta entonces habían mostrado su rechazo total a los planes de la empresa», concluye el auto.