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Ascensión Martín, portavoz nacional de Jueces y Juezas para la Democracia

Entrevista a la Portavoz de JyJD

Ascensión Martín: «Algunos partidos pretenden que una sentencia resuelva sus controversias políticas»

La portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia (JyJD) ofrece a El Debate su visión sobre el estado de la Justicia en España tras el anuncio del PP de su intención de retomar las negociaciones para la renovación del Consejo General del Poder Judicial

Ascensión Martín (Cuevas del Almanzora, Almería, 1952) es magistrada especialista en Menores y Portavoz de la asociación de Juezas y Jueces para la Democracia desde el año 2020. Ingresó en la carrera judicial en 1988, más tarde se especializó en materia de menores y, tras ejercer en Juzgados de Primera Instancia e Instrucción y Jugados de Menores, desde 2005 ocupa su plaza como magistrada en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia.

¿Cuánto más podría seguir el Poder judicial soportando la prórroga del CGPJ?

–Es difícil justificar a nivel nacional y europeo la falta de renovación del Consejo General del Poder Judicial, que lleva prorrogado más de 1.230 días cuando el art. 123.3 de la Constitución fija su mandato en cinco años. Actualmente opera con sus funciones muy limitadas, tras la LO 4/21 de 29 de marzo, que modifica la LO 6/1985, LOPJ. El proceso de renovación se inició en julio de 2018, los candidatos-as están designados y sólo falta que las Cortes decidan.

El PP se abre a la negociación, ¿es usted partidaria de un acuerdo a cualquier precio o de modificar el sistema para que los jueces elijan a sus representantes?

–Somos partidarios de un acuerdo entre los grupos parlamentarios, y de que se alcance cuanto antes, para lograr la inmediata renovación del CGPJ y cumplir con la ley y la Constitución. La ley actual exige mayoría de tres quintos en Congreso y Senado para la renovación, y ninguna excusa o condición, que además cambian periódicamente, justifica que no se cumpla la legalidad, que además es fruto del Pacto de Estado por la Justicia que suscribieron, precisamente, PP y PSOE en 2001.

Este viernes hemos podido ver en la prensa que el PP parece dispuesto a negociar con el Gobierno para la renovación del CGPJ, algo que valoro muy positivamente. Deseo que este cambio de postura fructifique en breve, favoreciendo la vuelta a la normalidad democrática dentro del sistema judicial y en cumplimiento de la Constitución Española.

La cúpula judicial sigue siendo mayoritariamente masculina. Espero que muy pronto tengamos la primera mujer presidenta del Consejo y del Supremo

¿Cree que se han cumplido las advertencias del Constitucional para usar el sistema actual o se han cometido los fallos de los que ya advirtió el Tribunal?

–Creo que en esencia se ha respetado la sentencia del Tribunal Constitucional pero siempre hay cuestiones que tras el transcurso del tiempo son mejorables. Como principales retos de la Justicia en España, destacaría la necesidad de una mayor rapidez y accesibilidad a la ciudadanía, sea cual sea su origen y condición social, para evitar las brechas digitales. Y es urgente la aprobación de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal.

¿Cuál es su relación con la titular del Ministerio, Pilar Llop?

–La relación con la actual Ministra de Justicia es cordial y cercana, lo que no nos impide ser críticos en cuestiones que podamos entender como mejorables. En general, nuestras relaciones son cordiales y respetuosas con todas las instituciones del Estado. A veces no coincidimos con los planteamientos de las otras asociaciones judiciales pero eso forma parte de nuestra independencia e idiosincrasia. Actualmente se ha puesto en marcha, tras el Congreso Interasociativo de Albacete en febrero de este año, una rápida y mejor relación y colaboración para cuestiones que afecten a la carrera judicial y a la mejora de la Justicia en España.

Deseo que el cambio de postura del PP sobre el CGPJ fructifique en breve, favoreciendo la vuelta a la normalidad democrática dentro del sistema judicial y en cumplimiento de la Constitución

A lo largo de la actual legislatura se han desmarcado como asociación de varios de los comunicados y acciones de las otras tres, ¿por qué?

–Somos muy críticos con el poder cuando entendemos que hay materias que deben mejorarse. A veces la respuesta no se consensua porque existe pluralismo asociativo. En otras, se trata de no interferir en las funciones de otros poderes del Estado cuya independencia respetamos.

Precisamente Europa ha reprendido con severidad a España por la falta de independencia del Poder Judicial, ¿cuál ha sido el motivo principal?

–Europa ha reprendido a España por la falta de renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pese a que la judicatura escogió democráticamente, entre sus integrantes, los 36 candidatos/as a las vocalías. No se reprocha la falta de independencia del Poder Judicial, que ostentan solo los Jueces-as y Magistrados-as, al dictar resoluciones judiciales.

Pero han paralizado el intento por reducir las mayorías necesarias para renovar el órgano de Gobierno de los jueces…

–Actualmente se necesita un consenso parlamentario para llegar a esa mayoría de tres quintos en Congreso y Senado, en la elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Consideramos lamentable esa falta de acuerdo, que impide la renovación y supone un claro incumplimiento del artículo 122 de la CE. La principal consecuencia de esa paralización es la falta de nombramientos de cargos discrecionales, como las Presidencias de Tribunales Superiores de Justicia, Salas y Audiencias Provinciales y de quienes integran el Supremo. Esta imposibilidad de nombramientos está afectando a la Administración de Justicia, desde el momento que la falta de esas designaciones supone que se dicten menos sentencias, con el consiguiente retraso en las resoluciones. Así lo ha puesto de manifiesto, de forma reiterada, la Sala de Gobierno del Alto Tribunal.

¿Qué opina de las críticas de ciertos cargos políticos a jueces concretos o a sus sentencias?

–Sobre las críticas a algunos Jueces/as, si son dentro del ejercicio de la libertad de expresión, deben aceptarse. Pero en algunos casos se critica aspectos ajenos a las sentencias, se hace referencia a la vida personal de quien las dictan, o se emplean argumentos ajenos a las cuestiones jurídicas debatidas. En este caso no es aceptable, como ha señalado el Supremo, pues se «judicializa» la vida política. Además, algunos partidos pretenden que una sentencia dirima sus controversias políticas. Nosotros también podríamos criticar ciertas actuaciones pero respetamos la separación de poderes.

Los jueces también podríamos criticar ciertas actuaciones políticas pero respetamos la separación de poderes

Es usted el claro ejemplo de una mujer al frente de un cargo de responsabilidad, ¿es machista la Justicia en España?

–Yo no me considero ejemplo de mujer con responsabilidad por ser, actualmente, la portavoz de una asociación judicial. Hay muchas compañeras que cada día están el frente de sus juzgados que tienen que tomar decisiones importantes y, además, conciliar su vida laboral y familiar. Pertenezco a una generación que ha contribuido a que el país goce de una democracia cada día más igualitaria, aunque los derechos hay que defenderlos todos los días.

Actualmente, aunque representamos el 57 % de la carrera judicial, la cúpula sigue siendo mayoritariamente masculina. Por eso espero que en un futuro inmediato podamos tener la primera mujer presidenta del Consejo y del Tribunal Supremo.