Robles aguanta el pulso a Podemos y los independentistas pese a su soledad en el Gobierno

Unidas Podemos y el independentismo han visto en Pegasus la ocasión perfecta para cobrarse la cabeza de Margarita Robles, que tanto tiempo llevan buscando. O, al menos, para exigírsela a Pedro Sánchez, preso de sus necesidades parlamentarias.

Los morados suscribieron este martes una declaración conjunta con ERC, Bildu, Junts per Catalunya, el PDeCAT, Más País, el BNG y Compromís en la que apuntan directamente a Robles como culpable política del presunto espionaje con el sistema Pegasus.

En concreto, en él señalan: «Este programa creado por la empresa israelí NSO solo puede ser adquirido por Estados y sus estamentos gubernamentales, por lo que la sospecha de la implicación del Estado español es más que verosímil. En concreto, los indicios apuntan a la implicación del Centro Nacional de Inteligencia bajo el control, desde que Margarita Robles asumiera el cargo, del Ministerio de Defensa, sin descartar la autoría o participación de otros organismos públicos».

Tanto Pablo Echenique como Jaume Asens, ambos del grupo confederal de Unidas Podemos, leyeron un extracto de la declaración en el patio del Congreso, en una coreografía pactada con el resto de portavoces.

Más lejos fue el ex líder de Podemos, Pablo Iglesias, que en la SER aseguró que si Robles estaba al corriente del presunto espionaje no le queda «más remedio que irse» y, si no, también. En el tiempo en que Iglesias fue vicepresidente segundo del Gobierno fueron sonados sus múltiples encontronazos con la titular de Defensa.

Presenten pruebas

Esta última, por su parte, no se amedrentó pese a estar en la diana de los socios de Sánchez. De hecho, durante su participación en la sesión de control al Gobierno en el Senado se mantuvo firme y retó a los independentistas a que presenten pruebas de las acusaciones. Una semana después de que estallara la polémica, la titular de Defensa es, en realidad, la única integrante del Gobierno que no ha asumido la presunción de culpabilidad sobre el CNI.

«Se lo puedo decir más alto, se lo puedo decir más claro, en castellano o en catalán. El Gobierno actúa cumpliendo escrupulosamente la legalidad, y con el Gobierno todos sus organismos públicos. Estamos en un Estado de Derecho, no vale llegar aquí y hacer insinuaciones basadas en ningún elemento de prueba», le recriminó al senador de Junts Josep Lluís Cleríes.

La ministra de Defensa tuvo que responder a su pregunta y a las de los senadores de Bildu y ERC Gorka Elejabarrieta y Mirella Cortès, respectivamente. «Vayan a los tribunales, no hay ningún problema. A mí me parece muy bien que vayan a los tribunales con todas las consecuencias, porque la acusación y denuncia falsa también es un delito en ocasiones. Y no dude que el Gobierno hará todo lo necesario y todo lo posible para colaborar con la Justicia», retó a sus interlocutores.

«No es admisible desde ningún punto de vista que con base a unas informaciones que no se saben de dónde vienen, que a lo mejor están teledirigidas, usted pueda hacer un juicio de valor contrario a lo que es un principio básico del Estado democrático de Derecho en España y en cualquier sitio. Éste es un país democrático, este Gobierno cumple la ley», insistió. Al tiempo que afirmó desconocer el New Yorker, el medio que publicó la información.

Solo dos horas antes, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, había adoptado una postura muy distinta en la mesa del Consejo de Ministros, solidarizándose con los independentistas y compartiendo su «preocupación e inquietud».

No sería la primera vez que el presidente deja caer a uno de sus ministros por exigencias del guion: ya lo hizo con la ex ministra de Asuntos Exteriores Arancha González Laya, la que llevó a cabo la operación Ghali con resultado desastroso: Marruecos se enteró de la entrada y tratamiento del líder del Frente Polisario en España y González Laya acabó imputada –lo sigue estando– por un juez de Instrucción de Zaragoza.

En su comparecencia posterior al Consejo de Ministros, Bolaños fue preguntado por la posibilidad de que el catalangate acabe provocando alguna destitución en el Gobierno. El titular de la Presidencia evitó respaldar públicamente a Robles, pero se limitó a decir: «Conviene que vayamos paso a paso, sabiendo que lo primero y fundamental es aclarar los hechos».

Este miércoles, la ministra de Defensa volverá a ser bombardeada con Pegasus, en esta ocasión en la sesión de control en el Congreso. Tendrá que responder cuatro preguntas, tres de ellas del independentismo y del PNV y la cuarta, de Ciudadanos. Ésta es la de su portavoz, Edmundo Bal, para echarle un capote: «¿Qué actuaciones ha llevado a cabo este Gobierno en materia de seguridad nacional respecto a la amenaza separatista?».