El TC rechaza todos los recursos de los cabecillas del 'procés' contra sus magistrados

ni súplica, ni recusaciones. El Pleno del Constitucional, celebrado esta semana, ha rechazado todas las acciones planteadas por los cabecillas del 'procés' y los políticos separatistas catalanes contra sus magistrados. El Tribunal de Garantías cierra así una etapa en la que se ha enfrentado a resolver más de medio centenar de peticiones para apartar a algunos de sus miembros de las causas de mayor trascendencia política que ha tenido que revisar.

Según ha informado el propio Tribunal, la petición del exvicepresidente de la Generalitat de Cataluña Oriol Junqueras de desvincular de sus procedimientos a los magistrados Antonio Narváez, Enrique Arnaldo y Concepción Espejel, ha sido rechazada. Los autos en los que el órgano explica sus argumentos para no admitir a trámite los dos incidentes planteados por el líder de ERC contra Espejel y Arnaldo y otro en el que incluyó, también, a Narváez, se dará a conocer en los próximos días.

Además, se ha desestimado la solicitud del exvicepresidente primero de la Mesa del Parlament Josep Costa, que aspitaba a apartar al mencionado Narváez y a otros siete magistrados, incluido el vicepresidente del Constitucional, Juan Antonio Xiol.

El propio magistrado Narváez ha sido el encargado de redactar el auto por el que se inadmite el incidente planteado por Costa, mientras que sobre los magistrados Cándido Conde-Pumpido y Ricardo Enríquez recayó la ponencia al alimón de los autos que responden a la petición de Junqueras.

La decisión del órgano tiene lugar después de que el pasado mes de diciembre el Pleno resolviera, por unanimidad, denegar hasta 33 incidentes de recusación planteados por varios líderes independentistas catalanes contra los magistrados Arnaldo y Espejel, quienes se incorporaron al órgano en su última renovación, a propuesta del PP.

Ambos magistrados han sido claro objetivo del separatismo desde su llegada. No en vano, a finales del pasado año el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y sus exconsejeros prófugos de la Justicia española Toni Comín, Clara Ponsatí y Lluís Puig presentaron un escrito de recusación al entender que ambos habían «tomado posición» respecto a los recursos de amparo interpuestos ante el Tribunal de Garantías.

El expresidente inhabilitado del Govern Quim Torra también recusó a ambos al considerar que carecían de la «imprescindible imparcialidad». Una lista a la que se sumaron, a su vez, los exconsejeros Raül Romeva y Montserrat Bassa, así como el ya mencionado Junqueras.

El Pleno del Constitucional aprobó en abril del año pasado la abstención presentada por el magistrado Conde-Pumpido para entender de los recursos presentados contra la sentencia del 'procés' independentista en Cataluña. Narváez también se abstuvo de estudiar dichos recursos contra la resolución del Tribunal Supremo, después de que varios de los condenados le recusaran por unas manifestaciones que hizo en una conferencia calificando los hechos 2017 de 'golpe de estado'.

Varapalo a Clara Ponsatí

El Constitucional ha desestimado el recurso de súplica que presentó la exconsejera Clara Ponsatí contra la decisión del propio órgano de denegar su petición de suspender los autos del Supremo por los que se acordó mantener las Órdenes nacionales, europeas e internacionales de detención.

En este caso, el magistrado Enrique Arnaldo será el ponente del auto en el que se responde a la extitular del Departamento de Enseñanza de Cataluña entre 2016 y 2017 y ahora diputada del Parlamento Europeo, fugada de la Justicia española.

El Pleno ha dejado pendiente pronucniarse sobre el recurso que presentaron los diputados de Ciudadanos en el Parlament contra los acuerdos adoptados por la Mesa de la Cámara catalana en los que se admitió la delegación del voto de los entonces diputados Carles Puigdemont y Toni Comín.

Asimismo, el Tribunal deberá resolver el recurso interpuesto por Torra contra los autos del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por los que se ordenó hacer efectiva su inhabilitación tras ser condenado por un delito de desobediencia a la Junta Electoral Central (JEC).