El informático que desveló el espionaje del CNI a los separatistas es uno de los investigados por el Tsunami Democràtic

La Audiencia Nacional ha mantenido, bajo secreto, la incógnita sobre quién está detrás de Tsunami Democràtic, la plataforma que coordinó las protestas callerjeras en Cataluña tras conocerse la sentencia del 'procés' en 2019. La última entrega en este enrevesado caso judicial, a cargo del titular del Juzgado de Instrucción número 6 de la AN, el juez Manuel García-Castellón, apunta a que el informático que desveló el 'CatalanGate' es, precisamente, uno de los investigados por las revueltas tras la condena de los cabecillas del 1-O.

Según han confirmado fuentes judiciales a El Debate, Elies Campo Cid, redactor del polémico informe que reveló el espionaje del CNI a 65 políticos y activistas independentistas catalanes a través del programa informático Pegasus, sería uno de los nombres que figura en las pesquisas del proceso judicial abierto en 2019 para monitorizar, entre otras cuestiones, la creación de la plataforma independentista y localizar tanto a sus dirigentes, como identificar su modelo de financiación y el organigrama interno.

En este último aspecto, García-Castellón, estaba a la espera de recibir los resultados de las diligencias libradas a Suiza - a través de una petición de información, Orden Europea de Investigación (OEI)- con la que el magistrado aspira a confirmar las sospechas que pesan sobre los imputados y que llevan, bajo llave, los tres últimos años. Las mismas fuentes conocedoras de la causa han apuntado a El Debate que no son las únicas pruebas pendientes de practicarse.

La dimensión internacional de la investigación se articuló a raíz de una serie de viajes a Bruselas y algunos encuentros de los todavía sospechosos supuestamente organizados para conseguir financiación del Tsunami. Unos movimientos que conectarían a la plataforma con terceros miembros de círculos independentistas, así como indirectamente relacionados con entidades soberanistas, viejas conocidas de la Justicia, como la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural.

Tampoco ha escapado a la lupa judicial el hecho de que parte de la financiación de los movimientos de protestas organizados por Elies Campo, entre otros, procederían del ámbito de las criptomonedas.

Una teoría que ya afloró en otra investigación, el 'caso Volhov', y que El Debate ha revelado en exclusiva cómo se gestó desde el entorno del propio Puigdemont. No en vano, este mismo miércoles, el juez barcelonés Joaquín Aguirre citaba formalmente a declarar como imputado al empresario ruso afincado desde hace 17 años en la localidad catalana de Sant Cugat, Alexander Dmitrenko, al que el Gobierno español ha denegado la nacionalidad por sus presuntas conexiones con los servicios de inteligencia rusos y que, presuntamente, es una persona del círculo más estrecho de Josep Lluís Alay, el jefe de la oficina del expresident.