El ministro Bolaños usó un señuelo para atraer al PP mientras pactaba con Bildu

«No ha habido nunca voluntad por parte del Gobierno. Los únicos que han estado en la voluntad de acordar hemos sido nosotros. Tenemos la conciencia tranquila», señalaron Cuca Gamarra y el vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, al término del debate.

Subió el telón del pleno de este jueves en el Congreso y apareció en el escenario Bildu para anunciar su voto afirmativo a la convalidación del decreto anticrisis. Previa artimaña de Meritxell Batet para la entrada de la portavoz abertxale, Mertxe Aizpurua, en la Comisión de secretos oficiales. De ella y de los portavoces de ERC, Junts per Catalunya y la CUP.

Minutos antes de las tres de la tarde, el panel de votaciones lo confirmó: 176 votos a favor (PSOE, Unidas Podemos, PNV, Bildu, PDeCAT, Más País, Compromís, Teruel Existe, PRC, BNG, Nueva Canarias, María Pita), 172 en contra (PP, Vox, ERC, Ciudadanos, Junts, CUP, Navarra Suma, Pablo Cambronero) y una abstención de Coalición Canaria.

En las horas previas, algunos, bien es cierto que los menos, llegaron a pensar que la función de hoy podía acabar en tragedia para Pedro Sánchez. Pero terminó como todas las anteriores: con el presidente saliendo a flote cuando parecía tener el agua el cuello, agarrado al Frankenstein. Que, esta vez, no fue completo, por el voto en contra de ERC por el catalangate. Esquerra también se ha dejado pelos en esta gatera por hacer seguidismo de la política de confrontación total de Carles Puigdemont y Junts; aun cuando lo que se votaba era un decreto ley con medidas para paliar la crisis energética.

Durante unas horas, el Gobierno intentó hacer creer al PP que realmente se tomaba en serio sus propuestas. La ministra de Hacienda llegó a enviar al vicesecretario de Economía de los populares una carta, este miércoles bien entrada la tarde, en la que le describía lo positivo que sería «un pacto entre las dos formaciones políticas sobre elementos nucleares que afectan a la ciudadanía».

El señuelo de Bolaños

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, incluso trató de atraer al PP con un señuelo, mientras en paralelo cerraba el trato con Bildu: la tramitación del decreto ley como proyecto de ley. Era una falsa concesión: el decreto ley se habría tramitado sí o sí como proyecto de ley porque en ello estaban de acuerdo todos los partidos al margen del PSOE y Unidas Podemos (153 votos), de forma que el Gobierno no podría haberlo impedido en la votación.

Cuando un decreto ley, cualquiera, se somete a su convalidación en el Congreso, se producen dos votaciones consecutivas: la primera para ver si es convalidado o decae; la segunda (en el caso de que sea convalidado) para que el pleno decida si se tramita como proyecto de ley (y así los grupos puedan introducir enmiendas) o queda tal cual fue aprobado en el Consejo de Ministros, sin cambios posteriores.

Y lo que es más. Esa tramitación puede durar meses, incluso años. El récord de esta legislatura lo tiene un proyecto de ley sobre contratación pública, seguros privados y fondos de pensiones que el Ejecutivo aprobó en febrero de 2020 y que aún sigue vagando por la Comisión de Hacienda del Congreso más de dos años después.

Las conversaciones Gobierno-PP

Las conversaciones entre el Gobierno y el PP fueron así. El martes, a última hora de la tarde, María Jesús Montero telefoneó a Juan Bravo. Le preguntó si el PP iba en serio, si quería negociar. El vicesecretario de Economía de los populares respondió que por supuesto. Hablaron de la carta enviada por Alberto Núñez Feijóo a Sánchez el viernes, sin que la ministra de Hacienda se comprometiera a nada.

Pasaron las horas. Llegó el miércoles. Mientras Bolaños se reunía en el Congreso con varios de sus socios (ERC entre ellos), el PP no tenía noticias del Gobierno. Poco antes de las tres de la tarde, la presidenta del Congreso reunió a la Junta de Portavoces para convocar un pleno extraordinario este mismo jueves -al término del ordinario- y dejar constituida sin más dilación la Comisión del CNI.

Según Gamarra, esas prisas ya le hicieron darse cuenta de que el Ejecutivo estaba buscando a sus socios de siempre. «La decisión estaba tomada desde el principio por el Gobierno», señaló este jueves la secretaria general de los populares en una conversación informal con periodistas.

Aun así, sin demasiada fe, sobre las cinco de la tarde Bravo envió a la ministra Montero una carta en la que le pedía concreción por escrito sobre cuatro asuntos: una rebaja de impuestos a las rentas medias y bajas, una bajada en el IVA para la electricidad de acuerdo con las normas comunitarias, una gestión eficiente de los fondos europeos y una reducción en el gasto burocrático y político del Gobierno. Eso y que el decreto ley fuera tramitado como proyecto de ley.

Pasaron algunas horas más y el ministro Bolaños se puso en contacto con Gamarra para anunciarle la tramitación como proyecto de ley y poco más. Según la versión del titular de la Presidencia, ella le adelantó que el PP iba a votar en contra y por eso tuvo que buscarse otros apoyos. Gamarra, por el contrario, niega ese extremo: según ella, en ningún momento le dijo a su interlocutor que el PP votaría «no», sino que los populares no apoyarían la convalidación si no había más compromisos por escrito.

Poco después, Montero envió una carta a Bravo en respuesta a la suya en la que no había ninguna concreción, más allá de buenas palabras. Las sospechas del PP se confirmaron cuando la portavoz de Bildu subió a la tribuna y dio su «sí» a Sánchez, lo que hacía indiferente a efectos prácticos que los populares votaran «no» o se abstuvieran, porque el decreto ley salía igualmente.

El PP se decantó por el «no». «En realidad, quienes han dicho ‘no’ han sido ellos. ‘No es no’ a nuestro planteamiento, y hay que asumirlo con deportividad. Esto no es personal. Hay que seguir intentándolo», zanjó Bravo.