El juez Calama declara secretas las investigaciones del espionaje a Sánchez y Robles

Más secretos. El juez de la Audiencia Nacional encargado de investigar el presunto espionaje al presidente del Gobierno y a la Ministra de Defensa, José Luis Calama, ha decretado el secreto de las pesquisas que se siguen en el llamado 'caso Pegasus'. Durante los próximos treinta días, el magistrado ha prohibido dar a conocer los avances en la causa abierta por el hackeo de los dispositivos móviles de Pedro Sánchez y Margarita Robles a quienes, además, les ha ofrecido la posibilidad de personarse en la causa como perjudicados, tal y como había solicitado el Ministerio Fiscal en el informe de calificación inicial presentado en el juzgado.

En su auto, Calama ha explicado que, con su decisión, persigue bloquear que trasciendan, por cualquier vía, las pruebas a practicar durante un mes. Un escenario en el que podría llegar a verse obstaculizada la labor judicial. «Sólo así se podrá impedir que el conocimiento del resultado de las diligencias a acordar pueda dar ocasión a interferencias o manipulaciones dirigidas a obstaculizar la investigación y frustrar sus objetivos, teniendo presente la posible existencia de información sensible que puede estar legalmente clasificada, comprometer gravemente la seguridad del Estado, o perjudicar los legítimos intereses de personas ajenas al procedimiento», ha afirmado el magistrado.

Calama ha aclarado, sin embargo, que el resultado de las diligencias que se practiquen durante este periodo se dará a conocer con posterioridad para evitar «cualquier merma del derecho de defensa, ya que una vez conseguida la efectividad con esta medida perseguida, el levantamiento del secreto permitirá a las partes el ejercicio de defensa sin restricción de clase alguna».

Revelación de secretos

El juez Calama se ha puesto manos a la obra para tramitar la causa con la mayor agilidad y en un auto emitido este mismo martes ha centrado las fechas en las que se produjo el presunto delito de revelación de secretos sobre los miembros del Gobierno: el móvil de Sánchez resultó infectado el 19 y el 31 de mayo de 2021, mientras que el de la ministra de Defensa fue en junio de ese mismo año.

Aunque, en un primer momento, era el propio Calama el que recibía, como Juzgado de Guardia, durante el último lunes festivo local en Madrid, el dos de mayo, una denuncia que envió a reparto, finalmente, él mismo asumía la causa de manera definitiva de acuerdo a las normas habituales de asignación de la Audiencia Nacional.

El juez dio, entonces, traslado a la Fiscalía para que informase sobre la práctica de las diligencias de investigación necesarias para esclarecer la naturaleza y las circunstancias en las que se produjeron las extracciones de información, con el objetivo de identificar a las personas que hubieran podido participar en las mismas. Una misión que se plantea compleja, desde su origen.

Calama ha considerado que los hechos relatados en la denuncia de la Abogacía del Estado encajan en los delitos que el Código Penal tipifica como de descubrimiento y revelación de secretos, en el marco de los «delitos contra la intimidad, el derecho a la propia imagen y la inviolabilidad del domicilio». El magistrado ha declarado, por ello, la competencia «meridianamente clara» de la Audiencia Nacional para hacer averiguaciones sobre una causa penal que, como prevé la Ley Orgánica del Poder Judicial, afectan a altos organismos de la nación.