La juez del caso Plus Ultra investiga a la nueva directora del CNI por malversación

Cuando se aprobó el rescate de la aerolínea Plus Ultra, el pasado 9 de marzo de 2021, la nueva directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Esperanza Casteleiro formaba parte del Consejo de la Sociedad Española de (SEPI), la entidad responsable de conceder una ayuda por valor de 53 millones de euros a Plus Ultra. La entonces secretaria de Estado de Defensa, quien todavía figura en el organigrama de la entidad –pese a ser ajena al Consejo gestor del fondo de las subvenciones– fue formalmente investigada por la juez que instruye el caso de la aerolínea venezolana, por las presuntas irregularidades cometidas en la adjudicación del rescate.

La magistrada Esperanza Collazos abrió, en abril de ese mismo año, diligencias penales contra el vicepresidente de la SEPI, Bartolomé Lora, «y el resto de miembros del Consejo de Administración» por la operación de rescate de Plus Ultra Líneas Aéreas, para la concesión de una ayuda con cargo al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE).

La juez reclamó a la sociedad el expediente tramitado para la entrega del dinero y pedía, entonces, «identificar» al Consejo de Administración, en el que figuraban más de una decena altos cargos del Gobierno, entre los cuales se encontraba la nueva titular de la Inteligencia española.

Pese a que tanto la Abogacía del Estado como la fiscal al frente del caso, María Luisa Llop, han instado el archivo de la causa en varias ocasiones, el resultado ha sido negativo hasta la fecha. La representante del Ministerio Público se dirigía a la juez apoyada en un informe pericial que determinó que Plus Ultra cumplía en el momento de recibir la polémica inyección económica «con la práctica totalidad de las condiciones establecidas, a pesar del amplio espectro de alguna de las mismas». Sin embargo, el hecho de que otro dictamen confeccionado por encargo judicial, el perito independiente sostuviese que la sociedad se encontraba inmersa en causa de disolución «a 31 de diciembre de 2019», hizo que la magistrada rechazase la petición.

En el dossier técnico realizado por el despacho Martín Molina Abogados y Economistas SLP, sobre la situación patrimonial de la línea aérea, se apuntó «a la existencia de un préstamo participativo, a no haber registrado provisiones, cancelación de la deuda de los bonistas y a una posible situación de insolvencia» en la fecha clave. Un escenario en el que, por lo tanto, Plus Ultra no cumplía con los requisitos exigidos para ser beneficiaria de la ayuda recibida.

Así, el pasado 22 de febrero de 2022, vía providencia, la juez Collazos descartaba el sobreseimiento solicitado, nuevamente, por la Fiscalía, decretaba la continuidad de la causa contra todos los imputados -entre ellos Casteleiro- y ordenaba la celebración de un segundo careo entre los peritos autores de cada uno de los dos informes aportados en sede judicial, por problemas técnicos de grabación en los servicios del Juzgado que impedían la «recuperación del sonido» de la primera vista. El encuentro se repetía y del mismo se desprendió, tal y como publicó El Debate en primicia, cómo según el experto judicial independiente, los 53 millones de euros se entregaron a la aerolínea estando ésta inmersa «en causa de disolución».

Una denuncia de Manos Limpias

La decisión de la magistrada partía de la denuncia presentada por el sindicato Manos Limpias y, hasta la fecha, no ha implicado en la toma de declaración a ninguno de los investigados en sede judicial. Entre ellos, la presidenta de la institución, Belén Gualda y el vicepresidente Bartolomé Lora. Completan el Consejo de Administración la propia Esperanza Casteleiro Llamazares, como secretaria de Estado de Defensa; Inés María Bardón Rafael, Secretaria de Estado de Hacienda; Ana de la Cueva Fernández, secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa; y, Sara Aagesen Muñoz, secretaria de Estado de Energía.

Además, y aunque con menor rango de responsabilidad, constaban como parte del órgano de Administración Gemma del Rey Almansa, subsecretaria de Trabajo y Economía Social; María Pilar Paneque Sosa, subsecretaria de Hacienda; Jesús Manuel Gómez García, subsecretario de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana; Raúl Blanco Díaz, secretario General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa; Amparo López Senovilla, subsecretaria de Asuntos Económicos y Transformación Digital; María Isabel Valldecabres Ortiz, directora del Gabinete de la vicepresidenta primera del Gobierno; Luis Álvarez-Ossori, subsecretario de Agricultura, Pesca y Alimentación; Juan Tejedor Carnero, director General de Patrimonio del Estado; Carlos Moreno Medina, director del Gabinete de la ministra de Hacienda; y, Antonio José Hidalgo López, subsecretario de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática.

Desde un primer momento, y según ha trascendido a El Debate de fuentes próximas a la causa, el Consejo Gestor que gobierna el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas se ha mostrado plenamente dispuesto a colaborar con la investigación abierta. No en vano, han cooperado con la Justicia en todos los posibles requerimientos hasta la fecha para esclarecer las sombras que planean sobre el procedimiento en el que Vox se encuentra personada como acusación.