La ofensiva judicial a los históricos cerebros de ETA se recrudece en media docena de tribunales

No habrá paz para los malvados. La Justicia española avanza lenta pero segura en la ofensiva que se libra contra los históricos miembros de los Comités Ejecutivos –o Zuba– de la banda armada que o bien ordenaron de manera directa, o no hicieron nada por evitar, los atentados más modernos y estratégicos de ETA en los años previos a su disolución. Un total de seis tribunales diferentes de la Audiencia Nacional, el Supremo y el Constitucional trabajan para esclarecer la «autoría mediata» de los crímenes de la organización terrorista o para frustrar las expectativas de los etarras que persiguen, años después, su impunidad.

Los Juzgados de Instrucción Central número 1, 5 y 6 de la Audiencia Nacional investigan la documentación aportada por los agentes policiales que intervinieron en las detenciones de los jefes de ETA en Francia y que, por orden judicial, revisan uno a uno los 'papeles franceses' incautados a la banda terrorista en sus últimos años de vida. Los asesinatos del político vasco Gregorio Ordoñez, del juez Francisco Querol, el secuestro y ejecución del concejal de Ermua Miguel Ángel Blanco, los atentados de la T4 del aeropuerto de Barajas y de la casa cuartel de Santa Pola, han vuelto a llenar las mesas de los magistrados que, dando un paso al frente, han decidido reabrir las causas para depurar todas las responsabilidades de los 'cerebros' y mandos tras la «socialización del sufrimiento».

Era la Asociación Dignidad y Justicia, que preside Daniel Portero, la que ponía sobre la pista a los jueces Santiago Pedraz, Manuel García-Castellón y Alejandro Abascal para el futuro y eventual procesamiento de los integrantes de las cúpulas de ETA que diseñaron las estrategias terroristas para acabar con la vida de tantos ciudadanos. Ahora, además, la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) ha pedido el procesamiento de los cuatro etarras que integraban el comando 'Buru Ahuste' por el asesinato del magistrado del Tribunal Supremo Francisco Querol con un coche bomba detonado el 30 de octubre del año 2000 en Madrid.

En un escrito del pasado 28 de marzo, la asociación apuntaba la existencia de elementos indiciarios suficientes para concluir que el atentado había sido ejecutado de común acuerdo por Ana Belén Egües, Iván Apaolaza, Juan Luis Rubenach y Gorka Palacios. Entre ellos la 'kantada' –o escrito que confeccionaban los terroristas para elevar a la dirección de la banda– en la que incluyeron las actividades que provocaron su detención. Una «autocrítica» de la propia Egües en la que se reflejaron los atentados reconocidos por la etarra ante la Policía y entre los que se encontraba el asesinato de Querol.

Los aparatos militar, político y logístico

En varias resoluciones de los magistrados Pedraz y Abascal, dictadas el pasado diciembre, los instructores ordenaron que se tomase declaración a todos los querellados a los que apuntaron las asociaciones de víctimas. Esto es, interrogar a los integrantes de la Zuba o Comité Ejecutivo de la banda terrorista en el momento de consumarse las acciones terroristas.

El jefe del Comando Madrid, Gorka Palacios, así como a Ignacio Miguel Gracia, alias 'Iñaki de Rentería'; Juan Carlos Iglesias, 'Gadafi'; Javier García, 'Txapote'; Juan Antonio Olarra, 'Jokin'; Ainhoa Mugica, 'Olga'; Asier Oyarzabal, 'Baltza'; Mikel Albisu, 'Mikel Antza'; Vicente Goicoechea, 'Willy'; Ramón Sagarzazu, 'Ramontxo'; y María Soledad Iparraguirre, 'Anboto' son algunos de los nombres señalados por quienes llevan años intentado hacer Justicia con las víctimas.

Además, con el respaldo de la Fiscalía, los magistrados reclamaron tanto a la Policía Nacional como a la Guardia Civil que informasen, en base a los datos que posean, de «la composición nombre a nombre de toda la estructura de mando de ETA, intermedia y superior de la propia ZUBA o Comité Ejecutivo al momento de los hechos (...), especificando los distintos aparatos en los que cada uno de los querellados se integraba» en aquella época.

Pedraz manifestaba su «especial interés en los aparatos militar, político y logístico o aparato por medio del cual e independientemente de su denominación se hubiese dado cobertura y soporte efectivo al Comando Madrid posibilitando la presencia clandestina efectiva y su operatividad criminal».

García-Castellón y Abascal se interesaban por conocer el modus operandi del entramado interno de la dirección de ETA y los procesos seguidos por ésta para la toma de decisiones sobre «suministro de armas y materiales», para determinar cómo se transmitían las órdenes e instrucciones de la cúpula a los comandos y el «funcionamiento logístico» sobre los explosivos.

Asimismo, en el marco de las pesquisas, se ha solicitado a la Comisaría General de Información que examine los sellos relativos a la banda terrorista entregados por Francia «a fin de determinar si existe rastro documental de la reunión orgánica celebrada entre los dirigentes de ETA» y los miembros de los comandos, con carácter previo a cada uno de los atentados bajo revisión.