Sánchez se salta una directiva europea que insta a los cargos públicos a proteger la presunción de inocencia

El presidente del Gobierno se saltó una directiva europea que insta a las autoridades públicas, como lo es él, a ser especialmente escrupulosas con la presunción de inocencia. Es, en concreto, la directiva 2016/343 del 9 de marzo de 2016, que en su artículo 4, sobre Referencias públicas a la culpabilidad, estipula: «Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que, mientras no se haya probado la culpabilidad de un sospechoso o acusado con arreglo a la ley, las declaraciones públicas efectuadas por las autoridades públicas y las resoluciones judiciales que no sean de condena no se refieran a esa persona como culpable».

Y especifica más adelante: «Por 'declaraciones públicas efectuadas por las autoridades públicas' debe entenderse cualquier declaración que se refiera a una infracción penal y que emane de una autoridad que participa en el proceso penal relativo a esa infracción penal, como por ejemplo las autoridades judiciales, la policía y otras autoridades con funciones policiales u otra autoridad pública, como ministros y otros cargos públicos, bien que sin perjuicio del Derecho nacional en materia de inmunidad».

Para más inri, en casi cuatro años el Gobierno de Pedro Sánchez no ha transpuesto esa directiva comunitaria al Derecho nacional, sorteando así su aplicación en España. El Ministerio de Justicia tiene previsto incluirla en la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, que va muy retrasada y de momento es solo un anteproyecto, ni siquiera un proyecto de ley (pretende aprobarla este año).

El presidente que más ha presumido de «europeísta» eludió esa directiva al referirse al 'caso Kitchen', que ha sido instruido por el magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón y que está pendiente de la apertura de juicio oral. En el mismo están imputados el exministro del Interior Jorge Fernández y su exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez por, presuntamente, espiar a Luis Bárcenas con fondos del Ministerio para saber qué documentación tenía contra el PP.

Durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso, Sánchez afirmó textualmente que en el Ejecutivo de Mariano Rajoy «se creó una estructura parapolicial para seguir a adversarios políticos de manera ile… irregular», en alusión a Kitchen, a pesar de que el juicio no ha empezado. El PSOE lo sabe de primera mano, porque ha estado personado como acusación popular durante la instrucción, sin conseguir sentar en el banquillo a Rajoy y María Dolores de Cospedal, como pretendía.

A renglón seguido, el presidente añadió, mientras la portavoz de los populares, Cuca Gamarra, negaba con la cabeza: «Hoy se cumple la Constitución en toda España, los mangantes no están en el Gobierno como sí ocurría cuando ustedes estaban en el Gobierno».

Y aún fue más allá al referirse a Cospedal como «una secretaria general y ministra de Defensa que destruía a martillazos las pruebas», en referencia al ordenador del extesorero del PP. Se da la circunstancia de que el partido y todos los cargos y trabajadores supuestamente implicados fueron absueltos por la Audiencia Provincial de Madrid en el verano de 2020 por considerar «hechos no acreditados» el borrado del disco duro.

En sede parlamentaria, Sánchez goza de inviolabilidad por sus opiniones

Sánchez hizo esas acusaciones en sede parlamentaria, de manera que quedarán para la posteridad en el diario de sesiones del Congreso. Y lo que es más: al hacerlas en el Parlamento el presidente se garantizó que no le traerán consecuencias, puesto que los diputados y senadores tienen reconocida constitucionalmente la inviolabilidad «por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones».

No es la primera vez que el Gobierno dinamita la presunción de inocencia de algún acusado. El ministro del Interior protagonizó el caso más sonado en abril de 2020. En una entrevista en la radio, Fernando Grande-Marlaska acusó a un vecino de Valladolid de haber matado a su mujer y poco después se supo que ésta, en realidad, se había arrojado por la ventana.

La transposición que no llega

En marzo de 2022, el eurodiputado del PP Esteban González Pons registró una pregunta escrita a la Comisión Europea para conocer su opinión por la no transposición de la directiva 2016/343 por parte del Gobierno de Sánchez. «Dicha circunstancia da lugar a que en España se produzcan vulneraciones de determinados aspectos de la presunción de inocencia, en especial los relacionados con el artículo 6, que afecta a la carga de la prueba, de tal manera que cualquier duda sobre la culpabilidad acaba perjudicando siempre al sospechoso o acusado», lamentaba.

La Comisión aún no ha respondido a González Pons, que incluso se interesaba por conocer si había intención de «iniciar el procedimiento de infracción previsto en los Tratados para aquellos Estados miembros que no adopten las medidas necesarias para la transposición de las disposiciones de las directivas».

El Gobierno tiene previsto incluir esta y otras directivas europeas con las que va rezagado en la futura Ley de Enjuiciamiento Criminal, que está incluida en el Plan Anual Normativo de 2022. Según este plan, que es la hoja de ruta legislativa que guía al Ejecutivo cada año, la nueva LECrim tiene precisamente entre sus prioridades «la armonización con el derecho de la Unión Europea».

De momento, no hay ni siquiera un proyecto de ley, sino un anteproyecto. El mes pasado la ministra de Justicia, Pilar Llop, se reunió con un grupo de trabajo interinstitucional que ha creado para que expertos de diversos ámbitos hagan sus aportaciones. Piano, piano.