El PP alega que salvó la Ley Audiovisual para evitar una multa millonaria de la UE a España

La abstención del PP en la votación de la Ley Audiovisual, con la que los populares salvaron a Pedro Sánchez de una derrota segura -y es la segunda vez en dos semanas-, sigue coleando.

El principal partido de la oposición niega que su voto haya tenido que ver con presiones por parte del llamado duopolio de Mediaset y Atresmedia, y mucho menos con echar una mano al PSOE.

Según los populares, la única motivación fue evitar a España una sanción millonaria de la UE. Porque Bruselas amenazaba con multar a España por el retraso en la transposición de la directiva europea 2018/1808 de Servicios de Comunicación Audiovisual, que debía haber sido incluida en el ordenamiento jurídico español antes del 19 de septiembre de 2020, cuando vencía el plazo.

El Ejecutivo fue dilatando los plazos para incorporarla a una nueva Ley Audiovisual que, supuestamente, iba a pactar con ERC y Bildu. Hasta que sus socios dejaron a Sánchez en la estacada por una enmienda sin pactar introducida in extremis por los socialistas. Así que el PSOE tuvo que recurrir a Alberto Núñez Feijóo.

Ni un «gracias»

A esta hora, el principal partido del Gobierno no se lo ha agradecido. Es más. En la nota enviada para informar de la aprobación de la Ley Audiovisual, La Moncloa ni siquiera menciona las abstenciones que hubo en la votación, y que resultaron claves. Se limita a comunicar: «El Congreso de los Diputados ha aprobado la Ley General de Comunicación Audiovisual con 126 votos a favor y 83 en contra». Hubo, de hecho, 131 abstenciones, más que votos a favor (que finalmente fueron 130, a pesar de la nota de prensa del Gobierno). Entre ellas, la de los diputados de Unidas Podemos, que por primera vez en la legislatura no votó a favor de una ley del Ejecutivo del que forma parte.

Este viernes, durante una reunión con sus diputados y senadores en la Cámara Alta, el líder de los populares se quejó de la actitud de Sánchez. «El partido sanchista nos pide apoyo como el principal partido de la oposición después de insultarnos. ¿De verdad tenemos que participar en este teatro? Conmigo que no cuenten», sostuvo.

«Que nadie me pida participar en una especie de ficción. Por la mañana se nos insulta y vilipendia y por la tarde se nos pide negociar como si nada hubiera pasado. No pienso colaborar en esa política cínica que te desprecia y a las dos horas te invita a negociar en un cuarto secreto», remachó el presidente del PP. Pero después de haberlo hecho, en realidad.

Cuando, hace dos semanas, el PP salvó la tramitación de la Ley de Seguridad Nacional de dos enmiendas a la totalidad presentadas por ERC y Junts per Catalunya, los populares invocaron su «sentido de Estado». En esta ocasión, Feijóo habló de «responsabilidad» durante su intervención en el Senado.

En el tiempo de descuento

La situación se le había complicado al Gobierno. Pero no precisamente por culpa del PP, sino del tira y afloja con sus socios independentistas por el trato preferente de las lenguas cooficiales y, en última instancia, por el «maltrato» -así lo considera todo el sector- a los productores independientes.

Y el tiempo apremiaba. El pasado 19 de mayo, la Comisión Europea decidió llevar a España, la República Checa, Irlanda, Rumanía y Eslovaquia ante el Tribunal de Justicia de la UE por no haber transpuesto dicha directiva. Y pedía para los cinco países sanciones financieras, como informó a través de un comunicado publicado ese día.

En realidad, no era la primera vez. En noviembre de 2020, la Comisión Europea envió cartas de emplazamiento a 23 estados miembro, entre ellos España. De ellos, 12 se pusieron al día y transpusieron la famosa directiva 2018/1808. España no. De hecho, ni siquiera contestó.

Así que Bruselas volvió a la carga en otoño de 2021 y envió 11 dictámenes motivados a los gobiernos incumplidores, el de Sánchez entre ellos. Tampoco entonces hubo respuesta por parte del Ejecutivo español, que ahora vende la Ley Audiovisual como «el resultado de un intenso proceso negociador y de diálogo con todas las partes, que ha incorporado mejoras durante su tramitación en el Congreso», según La Moncloa.