Como avanzó El Debate en primicia Francia rechaza extraditar a «Kantauri» por asesinato de Miguel Ángel Blanco y el juez viajará para interrogarle
En una resolución de la Corte de Apelación de París los jueces franceses consideran que el exdirigente etarra José Javier Arizcuren, «Kantauri», no reúne las condiciones suficientes para que se amplíen los motivos de su euroorden de extradición
La Justicia francesa ha rechazado la petición del juez de la Audiencia Nacional, Manuel García- Castellón, de ampliar la orden europea de entrega del exdirigente etarra José Javier Arizcuren Ruiz, alias Kantauri, para poder interrogarle como presunto inductor del secuestro y asesinato del concejal del PP en Ermua (Vizcaya) Miguel Ángel Blanco en 1997. Tras la negativa, y tal y como apuntó El Debate en avance, el pasado mes de abril, el magistrado instructor del caso, viajará al país vecino para ampliar las pesquisas que han llevado al órgano judicial a iniciar una línea de investigación sobre la «autoría mediata» de los terroristas de la banda armada tras los crímenes más icónicos de su historia reciente.
Pese a que Kantauri fue ya entregado, en otra ocasión anterior, por Francia, el titular del Juzgado de Instrucción número 6 había tenido que dirigirse a sus colegas galos para que le permitieran interrogarle en nuestro país, tras haber reabierto el sumario sobre el crimen del edil del PP, y determinar si nueve exdirigentes etarras -entre ellos Kantauri, Garikoitz Aspiazu 'Txeroki', Soledad Iparaguirre 'Ata' y Mikel 'Antza'- dieron la orden para su secuestro y posterior asesinato.
No en vano, el pasado 17 de marzo, El Debate avanzó cómo el juez García-Castellón abría la puerta a una 'citación' de los tres cabecillas etarras mientras decretaba la apertura de diligencias policiales orientadas a determinar, en base a un pormenorizado análisis de los «papeles franceses» de la banda terrorista, la identidad de los exjefes de ETA que fueron los «presuntos autores detrás del autor» material de los disparos que acabaron con la vida del joven político.
Ahora, en una resolución de la Corte de Apelación de París, los jueces franceses consideran que la solicitud cursada el 4 febrero de 2021 por García-Castellón no reúne las condiciones requeridas, tal y como alegó su defensa al oponerse a la ampliación de la entrega, señalando, entre otros motivos, que no se precisan las circunstancias por las que se le atribuye haber dado la orden para cometer esta acción terrorista.
No ha sido investigado por este caso
España pidió a Francia ampliar la entrega de Kantauri por estos hechos después de que el etarra planteara que, de acuerdo al principio de especialidad, no había sido entregado por el país galo para ser investigado por el caso de Miguel Ángel Blanco, y no se le podía interrogar entorno a ello. Así pues, el juez decidió cursar una orden de detención europea (OED) por este crimen, con la intención de que Francia permitiera proceder contra él.
Sin embargo, el tribunal francés considera que esa petición estaba ya vacía de contenido porque no consta la respuesta de Kantauri a las preguntas que se le hicieron, por lo que, dice, «carece de substancia».
Por todo ello, ha rechazado esta última solicitud al considerar que no se ajusta a la decisión marco del Consejo europeo de 13 de junio de 2002 relativa a la orden europea de detención y entrega (OED) y a los procedimientos de entrega entre estados miembros.
El pasado marzo, García- Castellón admitió a trámite la querella de la asociación Dignidad y Justicia contra nueve exjefes de la banda terrorista ETA por haber ordenado el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco, cometido entre el 10 y el 12 de julio de 1997.
El juez decidió reabrir el caso para investigar si los miembros del comité ejecutivo de ETA (ZUBA) en el momento de los hechos dieron la orden de asesinar al concejal o bien si son responsables en comisión por omisión porque hubieran podido impedir de algún modo su asesinato durante las 48 horas que estuvo secuestrado.
Según los informes policiales, Kantauri entró a formar parte de la dirección de ETA a finales de 1994 cuando pusieron en marcha, tras la caída de la anterior cúpula en Bidart (Francia), una campaña para desestabilizar al Estado con atentados contra militantes del PP y PSOE. Entre ellos se encuentras los asesinatos de Miguel Ángel Blanco o Gregorio Ordoñez, causa que también investiga otro juez de la Audiencia Nacional.