Félix Bolaños durante un acto en el Senado, el pasado martes en Madrid
Que se ocupe el poder judicial
El Gobierno reconoce que la Generalitat incumple la sentencia del 25 % pero se inhibe de contestar
El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños aboga por que sea el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña el que decida ante el incumplimiento de la sentencia del 25 % de español, como mínimo, en las escuelas
Félix Bolaños, el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, ha asegurado este miércoles que «las sentencias hay que cumplirlas» y que «no hay debate» pues «eso no se discute», en referencia a la aplicación de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que obliga a enseñar en, al menos, un 25 % en español en las aulas colegiales catalanas.
Así lo ha asegurado esta mañana en una entrevista en Onda Cero. Eso sí, el ministro ha insistido en que será el TSJ de Cataluña quien deberá obligar a su cumplimiento, sin referencia alguna al Gobierno de Sánchez: Si no se cumple, será «una cuestión que el propio TSJC tendrá que decidir», a lo que ha agregado: «Tendrá que determinar el TSJ en ejecución de sentencia si esta norma (la aprobada por la Generalitat) cumple o no» la sentencia del tribunal.
Félix Bolaños, también ha apuntado en la entrevista que desde el Ejecutivo «tenemos que apoyar todas las lenguas». Al ministro no le gusta «nada que se utilicen» para «enfrentar»
Remisión al poder judicial
Preguntado por la postura del Gobierno ante el incumplimiento, Bolaños se ha referido al problema como «una cuestión judicial». «La sentencia del TSJC decía que no estaba claramente regulado» y «ahora hay un decreto» del Gobierno de la Generalitat que «no cuenta con el apoyo del PSOE». Y, en definitiva, es el TSJC quien debe decidir si con esa acción se cumple con la sentencia, ha sentenciado.
Esta respuesta oficial, al provenir directamente de un miembro del Ejecutivo, llega apenas 24 horas después de que el gabinete jurídico de la Generalitat exigiera el pasado martes al TSJC que declare la «imposibilidad legal» de ejecutar la sentencia. También, tras la exigencia de los grupos parlamentarios de Vox y Cs de aplicar de forma inmediata el artículo 155 de la Constitución para obligar al Ejecutivo catalán a aplicarla de forma inmediata.