La Audiencia Nacional cierra la instrucción y exonera a Repsol, Caixabank, Brufau y Fainé por los encargos a Villarejo

Cierre y archivo de las pesquisas contra Antonio Brufau, como presidente de Repsol, y de Isidró Fainé, expresidente de CaixaBank; y a ambas corporaciones, como personas jurídicas, por el denominado caso Villarejo. El juez de la Audiencia Nacional Manuel-García Castellón, al frente de la investigación, ha puesto fin a la instrucción judicial sobre la contratación por parte de ambas entidades de los servicios de Cenyt -el grupo mercantil propiedad del excomisario- para, presuntamente, espiar al entonces presidente de Sacyr, Luis del Rivero. Así lo ha decretado el instructor en un auto dictado este mismo jueves.

El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional, el magistrado ha decretado el pase de las pesquisas a la fase de procedimiento abreviado procesando como máximos responsables del presunto encargo ilegal a Villarejo -como presuntos autores de un delito de cohecho activo- a los exjefes de Seguridad de sendas empresas en el momento de realizarse la contratación: Rafael Araujo, por parte de la petrolífera, y Miguel Ángel Fernández Rancaño, en el organigrama de la entidad financiera.

Además, el magistrado también ha procesado a Villarejo y a su socio Rafael Redondo por la posible comisión de sendos delitos de cohecho pasivo y de descubrimiento y revelación de secretos. Por último, sitúa a un paso del banquillo al ex subdirector de Seguridad Corporativa de Repsol Rafael Girona y al exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) Enrique García Castaño, también, por cohecho activo y descubrimiento y revelación de secretos, respectivamente.

Dado que «no existen elementos suficientes para atribuir la comisión de delitos», el juez ha instado el sobreseimiento para los ejecutivos de Repsol Luis Suárez de Lezo, Juan de Amunátegui y Joaquín Uris, y al ex director general de Medios de CaixaBank, Antonio Masanell.

Fainé «desconocía los pormenores»

El archivo de la causa contra Isidro Fainé ha quedado acreditado en el hecho de que el ejecutivo «no conoció los pormenores de la contratación, ni del proveedor concreto ni del detalle de los servicios prestados», como ha quedado confirmado en las «declaraciones practicadas» hasta la fecha y en la investigación llevada a cabo por Auditoría Interna.

No en vano, el juez ha recordado cómo Araujo confirmó en su declaración de este mismo martes en la Audiencia Nacional que «la iniciativa de la contratación de Cenyt fue exclusivamente suya y que no informó a ningún directivo de su organización del nombre del proveedor externo» que, en este caso, fue el grupo empresarial de Villarejo.

Y es que, continúa el instructor, el hecho de que Fainé «haya reconocido en su declaración como investigado la preocupación que le generó el pacto Sacyr-PEMEX, al considerarlo altamente perjudicial para Repsol, de la que CaixaBank era accionista, es una afirmación razonable, dado el contexto en el que se produjo dicho pacto».

Sin embargo, ello «no es indicativo de nada» en clave judicial para García-Castellón quien ha incidido en que el hecho de que Fainé «estuviese al tanto de la contratación de un servicio externo de seguridad, del cual no conocía los pormenores, no es un elemento incriminatorio aceptable en este momento procesal».

La «iniciativa» no fue de Brufau

Con respecto a Brufau, el magistrado ha dejado claro que «no hay indicios ni sospecha de los que puede desprenderse que la iniciativa de llevar a cabo la contratación de Cenyt partiese» de él, «ni que este fuese informado con detalle de los resultados de las gestiones» del grupo de Villarejo. «Mantener esto serían meras conjeturas sin soporte alguno en documental o declaración practicada», ha puntualizado.

Para el juez García-Castellón, al igual que sucede en el caso de Fainé, el «hecho de que Brufau estuviese al tanto de la contratación de un servicio externo de seguridad de la que no conocía no es un elemento incriminatorio aceptable en este momento procesal». «Además de que no tuvo participación tampoco en el pago del proveedor, algo realizado por el señor Araujo con su presupuesto y en el ámbito de sus funciones», ha concluido.

Las empresas «supervisaron» el cumplimiento normativo

En lo que respecta a Repsol y CaixaBank como personas jurídicas, el juez ha asegurado que de las testificales practicadas se ha podido desprender cómo «ambas compañías habían evaluado los riesgos propios de su actividad e identificado los delitos de cohecho y de descubrimiento y revelación de secretos como riesgos concretos de su actividad». Ambas «contaban con controles eficaces para la prevención» de sendos delitos, tenían «un canal de denuncias adecuado y conocido por los empleados para la comunicación de cualquier infracción del marco de control y prevención», y contaban con «una Unidad de Cumplimiento encargada de la vigilancia y control del modelo implantado».

«En definitiva, ambas compañías, reguladas, supervisadas y auditadas, cumplían con sus obligaciones de supervisión y control sin que se pueda achacar a un déficit en esta materia la presunta comisión de los delitos que han sido investigados por este instructor», ha justificado el magistrado responsable de la investigación.

Espionaje a Sacyr y Del Rivero

Las actuaciones concluidas hoy se encuadran en la denominada pieza separada número 21 de la macrocausa 'Tándem', en la que el juez investigaba si Repsol y CaixaBank habrían pedido en 2011 a Cenyt que espiara a Del Rivero y su entorno para evitar que Sacyr -y su aliado mexicano Pemex- se hicieran con el control de Repsol.

El instructorha señalado que «la finalidad de esta contratación» de Villarejo por parte de los exjefes de Seguridad «era frustrar el acuerdo». «A raíz de este encargo conjunto, el grupo Cenyt confeccionó el denominado 'proyecto WINE'», previo encargo «de Araujo y Fernández Rancaño», que mantuvieron «varias reuniones con Villarejo y con Redondo, entre finales de 2011 y la primera mitad de 2021». «A su vez, también tomó parte en la gestión del encargo y en las reuniones» el ya mencionado Rafael Girona.

Los servicios de investigación contratados se centraron, según la tesis principal del juez, en obtener información sobre Del Rivero, su mujer, el jefe de seguridad de Sacyr y sobre el antiguo director financiero de Repsol Fernando Ramírez Mazarredo para la confección de «varios informes y documentos». «Se accedió a información referida a llamadas telefónicas realizadas por Luis del Rivero y otras personas de su entorno, lo que constituyen datos de carácter reservado, a los que no se tiene acceso por fuentes abiertas ni registros públicos», ha relatado García-Castellón en su auto.

Por dichos encargos, el comisario jubilado habría facturado un total de 413.600 euros, de los que 218.900 euros se abonaron con cargo a Repsol y 194.700 euros con cargo a CaixaBank, según los cálculos reflejados por el juez.