El PSOE busca «pudrir» al Supremo para forzar al PP a renovar el CGPJ tras las andaluzas

El reciente mensaje lanzado por el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, sobre cómo el Gobierno se plantea nombrar a dos de los magistrados del Constitucional –los que le corresponden por ley– para cumplir con la próxima renovación del órgano establecida en el mes de junio, aunque el bloqueo impuesto al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) impide designar a los otros dos necesarios choca, además, con la situación interna de un Supremo que agoniza sin que, por el momento, sea posible cubrir el cada vez más preocupante número de vacantes. Sobre la mesa, la estrategia de un PSOE que busca dejar «pudrir» el funcionamiento del Alto Tribunal, para obligar al PP a negociar la nueva composición del Consejo, tras las elecciones andaluzas, y –por extensión– habilitar la incorporación de magistrados al Alto Tribunal. Como único y no menor escollo de salida, el veto de los populares a Cándido Conde-Pumpido como futuro y eventual presidente de cualquiera de las instituciones en juego.

El Supremo ha venido advirtiendo, durante meses, de la agónica situación de varias de sus Salas que, por jubilaciones o excedencias, han visto gravemente mermadas sus filas en un momento en el que, además, el volumen de causas ha aumentado, notablemente, como consecuencia de la pandemia. La parálisis impuesta por Pedro Sánchez al Consejo, como resultado de la reforma exprés de la LOPJ que recortó competencias al órgano prorrogado, ha ido obligando a buscar fórmulas provisionales a su presidente, Carlos Lesmes, para evitar el colapso, pero ya ni siquiera estas son suficientes.

Las Sala de lo Social y de lo Contencioso acumulan importantes carencias –hasta siete vacantes en la primera de ellas, si la situación se alargase hasta después del verano– que condicionan la operatividad real del Supremo. Una baza que los socialistas tratan de llevar hasta sus últimas consecuencias con el único objetivo de culpar a los de Núñez Feijóo y forzarles a retomar unas negociaciones que se han enfriado coincidiendo con el período electoral en Andalucía.

A la propia «anomalía insostenible» que supone que el más Alto Tribunal de nuestro país «funcione en precario», se suma «un problema adicional»: el «peligro que supone que en órganos integrados por doce magistrados en total, entren en bloque cinco nuevos miembros», hasta siete en el caso de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo si la cosa se prolongase más allá del verano. «La ley establece que las incorporaciones sean progresivas según se vayan sucediendo las vacantes, para evitar que los equilibrios de los Plenos de las Secciones se vean alterados numéricamente», de forma radical, «lo que podría conllevar un cambio de jurisprudencia automático» en los asuntos de mayor trascendencia política y social, alertan fuentes del Supremo consultadas por El Debate.

Un rosario de parches

El pasado mes de octubre, el Consejo General del Poder Judicial asumía, con carácter extraordinario, las competencias de la Sala de Gobierno del Tribunal Militar del Supremo, tras la retirada de su presidente, Carlos Melón Muñoz, al pasar a situación de reserva; y, ante la imposibilidad del CGPJ de nombrar un nuevo titular para la vacante. La Comisión Permanente aprobaba, sin unanimidad, el acuerdo de avocación de competencias.

No era el único parche al que se veía obligado el Alto Tribunal desde que, en 2018, finalizase el mandato de cuatro años del CGPJ sin perspectivas de renovación y bloqueado por el Gobierno en su natural, y constitucional, labor de nombramientos. Tan sólo un mes más tarde, la Sala Primera de lo Civil se sumaba a las dificultades ya denunciadas por las Salas Cuarta de lo Penal y la Tercera de lo Contencioso-Administrativo –encargada de revisar los indultos del procés y los recursos contra las medidas autonómicas durante el segundo estado de alarma, anulado por inconstitucional, entre otras cuestiones– y advertía de que o se resolvían de urgencia las carencias, y se aborda el «indispensable» nombramiento de cinco magistrados «con sólida experiencia civil en las Audiencias Provinciales», o se enfrentaban a un riesgo real de «colapso» ante la «avalancha de asuntos» con los que se preveía cerrar ejercicio y encarar el nuevo año.

Tan sólo hace unos días los magistrados del Supremo ponían de manifiesto su malestar con la inacción de la ministra de Justicia, Pilar Llop, ante la impracticable merma de la plantilla del Alto Tribunal, consecuencia del bloqueo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y de la reforma exprés de la Ley Orgánica (LOPJ)–orquestada por PSOE y Podemos– que impide efectuar nombramientos discrecionales. El Ministerio de Justicia no ha movido ficha pese a que dos meses atrás desde el Supremo se propuso una modificación legal que neutralizaría, al menos de manera temporal, el colapso.

La falta de respuesta del Departamento que lidera Llop responde, en realidad, al cumplimiento de una consigna política de partido que trata de asfixiar al Alto Tribunal y acelerar, sin solución de continuidad, las negociaciones para la renovación definitiva del Consejo, antes del fin de la legislatura. No en vano, el PSOE sabe que –con el sistema vigente– saldrá beneficiado tanto en el seno del Consejo como, por extensión, en las designaciones de magistrados que éste haga para cubrir los huecos del Supremo y los ceses automáticos de cuatro de los miembros actuales del Constitucional.

Así las cosas, los socialistas harán pivotar hacia el ala progresista las mayorías del máximo órgano de los jueces, y las del Tribunal de Garantías, durante los próximos años, incluso, si concluida la legislatura en 2023 se confirmase un cambio de Gobierno a favor del Partido Popular.