Garzón derrochó 100.000 euros en una «huelga de juguetes» inútil que justificó con una consulta a sus asesores a dedo

«Nosotros, aunque seamos de plástico o de peluche, también tenemos nuestro corazoncito. Ha llegado el momento de decir basta, de reivindicar nuestro derecho a jugar con el 100 % de los niños y de las niñas, no con el 50 %».

Alberto Garzón le hizo decir esa frase a un monigote, en vísperas de la pasada Navidad, para anunciar una delirante huelga de juguetes supuestamente cansados de los estereotipos de género que les impedían jugar por igual con niños y niñas.

Además de censurar el consumo de carne y de borrar del mapa de la alimentación saludable las verduras de invernadero, el ministro de Consumo, Alberto Garzón, tuvo la magistral idea de convocar una «huelga de juguetes» en diciembre del año pasado, que básicamente le sirvió al dirigente para ocupar espacio en televisión y poder decir, como hizo en La Sexta, que el sector juguetero «restringe la libertad» de los pequeños.

«La clave está en que una niña que quiera jugar con un balón de fútbol o un muñeco de acción, o un niño con unas cocinitas, se vea con naturalidad y no con miedo», añadió sin aclarar caso alguno en que eso ocurriera, para justificar una campaña culminada con un acto de protesta en el Teatro de Títeres de Madrid, al que solo acudió una decena de personas.

El objetivo de la iniciativa, que desató una riada de bromas y memes, era combatir los estereotipos e insistir en la necesidad de promover entre los niños los juegos no sexistas. Más de 100.000 euros costó la iniciativa, vendida a bombo y platillo, pero que no tuvo una utilidad ni unos resultados claros y medibles, según se han visto a forzados a admitir desde el Ministerio que comanda Garzón a preguntas de El Debate.

En concreto, ha sido Rafael Escudero Alday, secretario general de Consumo y Juego, el encargado de admitir que no se sabe si la campaña sirvió realmente de algo ante la demanda de explicaciones formulada por este medio. Lo que sí está meridianamente claro es el coste de la ocurrencia. El gasto total de la campaña fue de 78.650 euros, destinados a la «contratación del servicio de creatividad, diseño, realización y producción», mientras que se destinaron otros 25.410 en la difusión de la misma, y más de 5.000 euros en un acto celebrado en El Retiro.

«Juguetes infelices»

La simbólica huelga pretendía denunciar que un juguete que solo divierte a niños, o exclusivamente a niñas, no es «feliz» y tuvo como colofón un acto en el citado parque madrileño tras el que Garzón se mostró «muy contento» por la «gran acogida». Eso sí, apenas medio centenar de personas se prestaron a participar en el evento, celebrado para más señas en uno de los espacios más concurridos del corazón de la capital y en un día tan propicio como la mañana de un domingo.

Esa «gran acogida», como es evidente, no pasaba de ser una mera percepción del ministro, pues tras la petición oficial dirigida desde este diario no ha sido capaz facilitar «la consecución de los objetivos propuestos con la campaña», reconociendo que «no está prevista una evaluación formal más allá de la efectuada con carácter informal», que es la «derivada de las opiniones y comunicaciones internas» de su personal de confianza.

De acuerdo con la documentación a la que ha accedido El Debate, el Ministerio con menos competencias y más polémicas dispone de 12 asesores y altos cargos, de los cuales cinco están adscritos directamente al selecto gabinete del ministro, sin que haya trascendido su identidad ni currículum vitae: todos son de libre designación, lo que en el lenguaje popular se suele calificar de «a dedo», y con nivel 28 o incluso 30 en la Administración.

Ésa es la categoría que logró Teresa Arévalo, bautizada como la «niñera de Podemos», tras ser incorporada al Ministerio de Igualdad de Irene Montero y obtener un sueldo mensual de hasta 5.000 euros, objeto de investigación judicial por dedicar recursos públicos a fines domésticos como el cuidado de los hijos de la ministra y de Pablo Iglesias.

Así pues, el ministro de Consumo se niega a justificar si dicha campaña era necesaria o no, a pesar de su elevado coste. Y tampoco explica si cumplió los objetivos propuestos, aunque precisamente la transparencia de las administraciones pasa por ofrecer todas las explicaciones necesarias a la ciudadanía sobre las acciones que se llevan a cabo.

«Mandatos de género»

A este respecto, la Ley de Transparencia, en su preámbulo, es especialmente cristalina: «Solo cuando la acción de los responsables públicos se somete a escrutinio, cuando los ciudadanos pueden conocer cómo se toman las decisiones que les afectan, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones, podremos hablar del inicio de un proceso en el que los poderes públicos comienzan a responder a una sociedad que es crítica, exigente y que demanda participación de los poderes públicos».

A pesar de la negativa de Garzón a rendir cuentas acerca de su imaginativa acción sufragada generosamente con cargo a los fondos públicos, en la memoria justificativa no es escatiman referencias a su importancia 'estratégica', pues menciona de manera directa el 'Estudio sobre estereotipos y roles de género en la publicidad de juguetes' del Instituto de la Mujer (2020) en el que se señala, según el Ministerio, entre otros datos, «que el 38,5 % de anuncios de juguetes muestran a las niñas arquetipos femeninos de belleza o de cuidadora y madre/esposa, el 34 % de los anuncios relacionados con profesiones y dirigidos a niñas se asocian con el sector de peluquería y estética; de los dirigidos a niños, el 50 % lo hace con la actividad de piloto, policía o militar/policía y que el 11 % de los anuncios de juguetes sexualiza a las niñas».

El gasto total de la campaña fue de 78.650 euros, destinados a la «contratación del servicio de creatividad, diseño, realización y producción», mientras que se destinaron otros 25.410 en la difusión de la misma y más de 5.000 euros en un acto celebrado en El Retiro al que apenas acudió medio millar de personas

De este modo, con arreglo al estudio, el Ministerio de Consumo llegó a la conclusión de que era absolutamente necesario «llevar a cabo la contratación de un servicio de creatividad, diseño, realización y producción de una campaña sobre estereotipos de género en la publicidad de juguetes», con la intención de «llamar la atención sobre los mandatos de género presentes en la estrategia comercial de juguetes»; «sensibilizar sobre el impacto negativo de la publicidad con estereotipos de género dirigida a la infancia» y «evitar decisiones de compra de juegos y juguetes influidas por estereotipos de género».

Pero Alberto Garzón no sabe si la «huelga de juguetes» funcionó y sirvió para la consecución de esos propósitos, más allá de la satisfacción íntima entre su cohorte de asesores, que le cuestan a las arcas públicas 700.000 euros al año, y de que se hayan dilapidado, con la ingeniosa idea, más de 100.000 euros de dinero público.